Amplían Prisión Preventiva a exministro de la SAG por el caso Pandora, no obstante MP presentará Acción de Amparo por sobreseimiento a otros 22 involucrados
Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) se notificó este martes de la resolución de la Corte de Apelaciones Natural que conoce la causa VP-36-2018 denominado caso Pandora, que declara «Con Lugar» la ampliación por seis meses más de la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta al exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado y su socio Luis Fernando Urrutia.
Paralelo a ello, el Ministerio Público, a través de la UFERCO, interpuso en tiempo y forma los Recursos de Reposición contra los sobreseimientos definitivos emitidos la semana anterior a favor de 22 de los 36 imputados, por lo que se está a la espera de su resolución, que de ser contraria a las pretensiones fiscales, se recurrirá mediante una Acción de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Como se recordará, el caso Pandora se presentó en el 2018 en contra altos funcionarios públicos y personas naturales por su presunta participación en la sustracción más de 282 millones de lempiras y por lo que se les señaló de haber cometido delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos.
A las imputados a los que se les mantiene el proceso activo son: Jacobo Regalado, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Norma Keffy Montes Chandías, Velkys Rosibel Hernández, Laura Aidee Arita Palma, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Fernando Josué Suarez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez; mientras que los recién favorecidos con cartas de libertad por dos magistrados designados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes.
Los hechos imputados fueron denunciados inicialmente por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG.
Durante las investigaciones, se encontró indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habrían sido destinados a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales de los implicados por un monto exacto de 282,016,175.00 lempiras.
Estos recursos provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las Fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).
Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran: parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.
Finalmente, el Ministerio Público reitera a la ciudadanía que se continuará con el caso Pandora hasta que prevalezca la legalidad.
