CN aprueba que municipalidades puedan usar hasta el 45% de sus fondos para combatir el Covid-19
El Congreso Nacional aprobó este jueves importantes iniciativas relacionadas a las transferencias del gobierno central a las municipalidades encaminadas a afrontar la emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19.
Al respecto, se aprobó una reforma al decreto artículo 192 del Decreto No 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingreso y Egresos de la República, para que las municipalidades utilicen el 45 por ciento de las transferencias en actividades dirigidas a la prevención y al acompañamiento estricto, al combate de la Emergencia del COVID-19; la ejecución de estos porcentajes se considerará como inversión social e infraestructura.
De igual forma, se deberá utilizar Un 10 por ciento para fortalecer el tejido social bajo un enfoque de prevención, promoviendo una cultura de paz, justicia y convivencia en los territorios municipales, en concordancia con el PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
Corresponderá a las municipalidades la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros, así como la contratación del talento humano para la prestación de servicios durante la emergencia del COVID-19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia.
Los equipos e insumos médicos adquiridos por las Corporaciones Municipales durante la pandemia serán donados a la Secretaría de Salud para uso exclusivo de su municipio y redes de salud a la cual forma parte, al finalizar la declaratoria de emergencia.
Cada Municipalidad debe contar con la veeduría de entes de la sociedad civil, pudiendo ser el Foro Nacional de Convergencia FONAC, patronatos, iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el municipio. Deberán publicar en sus portales de transparencia, la información relacionada con la rendición de cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
