Denuncian corrupción sexual de sacerdotes y encubrimiento en Perú
Un reciente informe del diario peruano La República denuncia una presunta red de acoso y abusos sexuales de sacerdotes contra diversos jóvenes y seminaristas, así como el supuesto encubrimiento y negligencia de obispos, entre ellos el Arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte.
Si bien el informe hace equivocadamente referencia a casos de “pederastia” -el abuso sexual específico de niños-, el centenar de denuncias se refieren a adolescentes y jóvenes –efebofilia-, que señalan a una docena de sacerdotes de la Arquidiócesis de Trujillo y de una de sus sufragáneas, la Prelatura de Huamachuco, en el norte del Perú.
Según la investigación, fue un grupo de sacerdotes que acogió las denuncias y las llevó ante las autoridades eclesiásticas y civiles, y ahora ante la prensa local. Sin embargo, de acuerdo al informe, los denunciantes fueron sancionados por la jerarquía eclesial.
Los supuestos abusos se remontan a la década de 1990, pero otras denuncias fueron presentadas en 2005, 2010 y 2015.
En una carta remitida en julio de 2010, una presunta víctima denunció ante el entonces Prelado de Huamachuco, Mons. Sebastián Ramis Torrens, que durante una reunión en la que bebieron alcohol “el Padre Marco Antonio Tito Valle me besó, abrazó y llevándome a su habitación realizando las mismas actitudes frente a mi persona”. El joven huyó a su habitación y se encerró: “puse cadena para que no pudiera ingresar a pesar que tocó y tocó con insistencia”.
De acuerdo a La República, una investigación encomendada por la Prelatura de Huamachuco concluyó que el P. Tito Valle no habría cometido delito, porque el joven no era menor de edad, así que no presentaron la denuncia ante las autoridades civiles.
En 2016, Mons. Ramis Torrens reincorporó al P. Tito Valle a su parroquia.
En 2015, el P. Manuel Mendoza Ruiz, entonces secretario de Cancillería de la Prelatura de Huamachuco, fue acusado de tocar los genitales de un adolescente de 15 años.
Según recoge La República, el joven recordó que durante un viaje, en el marco de un retiro espiritual, “me desperté porque el padre estaba metiendo su mano debajo de mi pantalón. Yo lo primero que hice fue moverme para que retirara su mano. Él se sobresaltó y me pidió perdón. La segunda vez me volví a despertar porque él volvía a intentar meter sus manos. Dijo: ‘perdón, hijo, te desperté’. Asumí que no era un accidente y simplemente no pude dormir”.
De acuerdo al diario peruano, otra de las denuncias, de un sujeto identificado como “Andrés”, hoy de 39 años, apunta a que entre 1996 y 1998, los sacerdotes Tulio Montenegro, Emeterio Castañeda, Segundo Fernández, William Costa y Ricardo Angulo habrían organizado o participado “de fiestas, los fines de semana por las noches, en distintas parroquias de Trujillo y en la casona de un ciudadano llamado Daniel Hoyle –ya fallecido–, donde tenían sexo con menores de edad a cambio de dinero”.
El P. Esteban Desposorio Fernández, uno de los principales denunciantes de los presuntos abusos y encubrimiento, dijo a La República que “son muchas víctimas que nos han contado cosas horribles de muchos, mal llamados, sacerdotes. Tanto de Huamachuco como de Trujillo”.
“No me importa si me botan de la Iglesia. Lo que quiero es que todo esto se sepa”, señaló.
Las acusaciones incluyen supuestas fiestas sexuales organizadas por sacerdotes de Huamachuco y Trujillo junto a menores de edad, a quienes se les habría pagado entre 6 y 10 dólares por tener relaciones.
Consultada por ACI Prensa, la Prelatura de Huamachuco señaló que está trabajando en un comunicado que podría hacerse público en las próximas horas.
Kurth Mendoza, jefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) dijo a ACI Prensa que no tiene información sobre un posible pronunciamiento por el momento.
La Arquidiócesis de Trujillo aseguró el 12 de julio en un comunicado que “siempre ha actuado de manera inmediata” ante denuncias de abusos, y aseguró que desde que Mons. Cabrejos Vidarte “ha llegado al Arzobispado de Trujillo en septiembre de 1999, no ha recibido ninguna denuncia concreta”.
Además, señaló que las denuncias de abusos presuntamente cometidos por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Trujillo “habrían sucedido en la década del 90 siendo Arzobispo de Trujillo Mons. Manuel Prado Pérez-Rosas, SJ, de los cuales no existe ningún informe sobre el particular”.
Además, “en junio del 2017 la Congregación para la Doctrina de la Fe con sede en Roma, órgano competente para atender este tipo de casos, nos hizo saber que había cerrado el caso de ambos sacerdotes de Trujillo”.
En el caso del P. Ricardo Angulo Bazauri, que fue Vicario General de Mons. Cabrejos Vidarte y a quien en el informe de La República se le señala como uno de los supuestos participantes en fiestas en las que se habría prostituido a menores, se asegura que no se ha recibido “denuncia de ningún tipo, y no ha sido denunciado ni en lo civil ni en lo canónico”.
El P. Angulo Bazauri ha ocupado otros importantes cargos bajo el gobierno pastoral de Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, llegando a ser presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo en 2014.
Por ley, en Perú las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tienen que incluir en su directorio un representante del clero, designado por la diócesis local.
Actualmente, el P. Angulo Bazauri es Gerente de Desarrollo Institucional de la Universidad Católica de Trujillo, cuyo fundador y Gran Canciller es Mons. Cabrejos Vidarte.
A pesar de las explicaciones publicadas el 12 de julio, el informe de La República asegura que el Arzobispo de Trujillo no respondió las consultas realizadas por una comisión del Congreso del Perú que investigó en 2018 denuncias de abusos sexuales en el país.
Sobre el caso del P. Angulo Bazauri, La República indicó que un representante del Arzobispado de Trujillo “se comprometió a entregarnos ‘todo lo que tenemos’, pero hasta el cierre de esta investigación no había entregado un solo documento”.
Los denunciantes destacaron ante la prensa peruana el apoyo que han recibido de parte del Nuncio Apostólico en el Perú, Mons. Nicola Girasoli, y aseguraron que seguirán buscando justicia, porque “esto es algo que debe terminar de una vez”.