DINAF y ACNUR firman carta de entendimiento para la protección de la niñez desplazada por violencia y migrante retornada
Tegucigalpa.- A fin de fortalecer las capacidades institucionales para la respuesta a la niñez desplazada forzada por violencia y migrante hondureña retornada, la titular de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), Lolis María Salas Montes y Andrés Celis, Representante Ad ínterin de la Oficina Nacional de Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), firmaron hoy un acuerdo de cooperación.
Por su parte, Andrés Celis del ACNUR apuntó que con este mecanismo de acuerdo con la DINAF buscan fortalecer la capacidad de respuesta en el marco institucional que promueve la DINAF a través del Sistema de Garantía de Derechos, pero también incluir mecanismos de respuesta frente a riesgos particulares y es ahí donde está el reto de la prevención.
La Titular de la DINAF, Lolis María Salas Montes, indicó que la firma del acuerdo viene a fortalecer la presencia del trabajo especializado que realizan a nivel nacional, el cual permitirá poder aplicar lineamientos específicos y especializadas en atención de casos asociados a la trata, tráfico y explotación sexual comercial, con la finalidad de poder apoyar a casos con mayor necesidad de protección en la aplicación de estándares que tienen armonía con instrumentos internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado el Estado de Honduras, considerando que la población migrante es uno de los diez grupos vulnerables identificados en la Política Pública y en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.
Por lo tanto, ambas autoridades coincidieron en la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento, así como de la necesidad de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance económico, social y cultural.
El documento establece, la promoción estratégica de actividades y acciones de prevención, monitoreo y protección del desplazamiento forzado de la niñez, tanto interna como externamente, que afecta de manera particular a niñas, niños y adolescentes a causa de la inseguridad, del crimen organizado transnacional y de otras situaciones de violencia.
También, la implementación y fortalecimiento de los “Lineamentos para la identificación, mecanismos de referencia y protección de niños, niñas y adolescentes hondureños deportados con necesidades de protección relacionadas con el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física”, necesidades de protección específicas, jóvenes mujeres en riesgo, menores de edad retornados sobrevivientes de violencia de género y sexual, niños o niñas de pueblos indígenas o afro hondureños, víctimas de trata y tráfico y que pertenecen a grupos sociales específicos como LGBTI, entre otros.
El trabajo conjunto, contempla, además el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales, como el Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) y la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (CICEST), para la protección de niñas, niños, adolescentes retornados y sus familias en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Recomendaciones del Examen Periódico Universal del Consejo de Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta alianza, de igual manera contribuirá al fortalecimiento tecnológico del sistema de información, documentación y sistematización de casos de la DINAF para su procesamiento efectivo, en coordinación con otros actores involucrados en la Fuerza de Tarea para la Niñez Migrante, y de Sociedad Civil.
La Carta de Entendimiento entrará en vigor desde hoy y tendrá una vigencia de tres años, cabe destacar que desde el 2015, DINAF y ACNUR trabajan de la mano en materia de recepción, identificación, protección y referencia de niños, niñas y adolescentes desplazados y deportados con riesgos para sus vidas, libertad, seguridad e integridad física.
