MP desbarata otra red de corrupción en el sistema sanitario, que dejó sin reactivos a pacientes con VIH/SIDA
Tegucigalpa, Francisco Morazán. Un nuevo golpe a las redes de corrupción en el sistema de salud pública propina la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en contra de empleados de salud y una representante de una droguería, que dejaron sin reactivos a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA.
Los capturados son empleados de la Región Sanitaria Metropolitana de Salud de Tegucigalpa, entre ellos: el exdirector Wilson Mejía Murrilo, el exadministrador Edil Aníbal Rodríguez Sánchez y el exencargado del Almacén, César Alejandro Izaguirre, acusados por tres delitos de fraude, tres de falsificación de documentos públicos y tres delitos de abuso de autoridad.
Además, se emite nueva orden de captura contra la representante de la Droguería y Distribuidora Kalyc Honduras S.D.R.L, Karla Patricia Tejada Soto, quien está prófuga de la justicia por corrupción en el caso del hospital de Santa Bárbara y ahora es acusada por tres delitos de fraude y tres de falsificación de documentos públicos.
Diligencias de la FETCCOP y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, determinan que los cuatro acusados se confabularon para gestar tres procesos de licitación fraudulentos, donde se favoreció a la empresa Kalyc y de esta forma defraudar al Estado por un monto de un millón doscientos veintiún mil quinientos cincuenta lempiras (Lps. 1,221,550.00).
Contratos que consistían en la dotación de reactivos y reactivos para pacientes con VIH/SIDA que nunca ingresaron al almacén de medicamentos, pese a que en fechas 4 de septiembre y 17 de octubre de 2013, los cuatro imputados firmaron actas de recepción de compra y venta de los medicamentos, no obstante la ATIC constató en las tarjetas de inventario (Kardex), que nunca ingresaron tales reactivos.
Cabe destacar que los funcionarios sanitarios incumplieron el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, al omitir el envío de las cotizaciones de las empresas oferentes a la Comisión de Adjudicación de Compras, además de que la casa farmacéutica favorecida con las tres licitaciones no cumplía con los requisitos establecidos.
