Presidente Hernández: Control en centros penales permite segunda cifra más baja de homicidios en últimos 12 años

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández informó hoy que el mayor control en los centros penitenciarios en los últimos meses, producto del proceso de intervención, ha permitido llegar a un promedio de 8,68 homicidios diarios, la segunda cifra más baja en los últimos 12 años.

Hernández destacó este avance luego de reunirse con autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y la Comisión Interventora de los Centros Penales para conocer un primer informe de los resultados del trabajo realizado para estabilizar el sistema penitenciario.

El mandatario reconoció el trabajo decidido y contundente de la comisión, y señaló que, “si bien estamos en un 75 por ciento de los centros penales, porque los demás representan una normalidad, en los que hay un ambiente álgido el control deja ya importantes resultados positivos”.

Refirió Hernández que esta es una fase de estabilización, “pero vendrán otras fases”, y reiteró la capacidad del equipo para trabajar por medio de una interacción con familiares, derechos humanos y sociedad civil para que esa apertura siempre exista.

El acompañamiento y lo innegociable

Hernández advirtió que el privado de libertad que es peligroso y compromete a la sociedad debe estar sometido con los más altos estándares de seguridad “y eso es innegociable”.

Explicó que el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) “es vital para obtener las certificaciones” y por eso Honduras busca en el contexto latinoamericano, estudiando y comparando, las mejores prácticas para evitar los errores cometidos y convertirse en referente en el tema.

“Este es un eslabón fundamental para proteger al pueblo hondureño”, dijo Hernández.

Las causas

El gobernante precisó que el resultado de controlar el sistema penitenciario se refleja en una gráfica que indica que, desde que en 2012 Honduras fue calificado como el país más violento del mundo, la tasa de homicidios ha venido a la baja, al tiempo que aumentan las nuevas capacidades del Estado.

Entre esas capacidades mencionó judicializar, investigar, capturar y poner a la orden de los tribunales, lo que ha elevado la cifra de privados de libertad y se puede notar en la diferencia entre diciembre de 2016 a diciembre de 2017, cuando hubo un salto muy alto, producto de la Operación Arpía.

“Eso llevó a obtener un mayor control”, afirmó Hernández, y entonces “estos ‘angelitos’ no quieren quedarse así nomás y por eso pretendieron desestabilizar el sistema, cuando comenzó la intervención”.

“El pueblo hondureño y el mundo deben estar conscientes de que ellos (los delincuentes) van a seguir atacando cualquier medida o institución que los ponga en orden”, pero “el pueblo hondureño merece vivir en paz y tranquilidad”, aseveró.

Por eso, puntualizó, “esta comisión tiene todo nuestro respaldo y agradezco a la Policía Nacional y a miembros de Fuerzas Armadas, equipos civiles y reconozco el resultado, porque la institucionalidad les está respaldando”.

Hernández también dijo que se conversa con el Poder Judicial porque se realizarán otras acciones que buscan tomar en cuenta el traslado de la normativa del antiguo Código Penal al nuevo, y eso va a permitir un importante efecto en el sector penitenciario.

Asimismo, se buscará implementar figuras para que quienes no representan mayor riesgo, por razones de edad, salud u otras, podrán tener otro tratamiento diferenciado o salir del sistema, adelantó.

Enero con menor incidencia delictiva

El presidente Hernández informó que, entre los resultados importantes que se obtienen con el reforzamiento de la institucionalidad, enero de 2020 es el segundo mes de los 12 años anteriores con menor incidencia delictiva.

Refirió que en algunos meses del año pasado se complicó la situación, porque se relajaron, por instrucciones de ciertas autoridades -fuera del Poder Ejecutivo-, en el manejo interno de ciertos centros penitenciarios, “y eso es lo que se afina y coordina ahora con las demás instituciones”.

“Todos los días enfrentamos un desafío de grandes proporciones”, comentó Hernández, “porque no son angelitos; son todo lo contrario y maquinan todos los días para resolver sus asuntos”.

Relató que algunos grupos criminales tienen a su disposición abogados, financistas, estudiantes en universidades, “y por eso no estamos ante una organización débil, y hasta tienen gatilleros que son capaces de cualquier cosa, y los ritos entre ellos son dantescos, se habla de eso y de más”.

“Este eslabón es el eslabón que seguiremos fortaleciendo, el de los centros penitenciarios”, dijo Hernández para luego reafirmar que “estamos al 100 apoyándoles en su trabajo (a los miembros de la Comisión Interventora)”.

Indicó que se debe seguir fortaleciendo esa lucha con el respaldo de los diferentes sectores de la sociedad.

La cifra más baja

Hernández destacó mediante un gráfico el promedio diario de homicidios y refirió que “antes estábamos arriba de 20, llegando en 2019 a un digito, y generando un nivel de satisfacción importante”, producto de un esfuerzo institucional sostenido.

Sin embargo, dijo que en el mismo año, durante el relajamiento de medidas en los centros penales, se complicó otra vez la situación, pero en enero de 2020 se ha llegado al promedio diario de homicidios de 8,68, la segunda cifra más baja de los últimos 12 años.

“Es un hecho altamente significativo y detrás de ese hecho hay un importante equipo de trabajo y de los operadores de justicia, porque ellos incluso están dispuestos a dar la vida por muchas o miles de personas que no conocen”, confió Hernández.

La apuesta por la certificación

El coronel José Arsenio González, que encabeza la Comisión Interventora de los Centros Penales, refirió que “durante el mes de noviembre se inició un proceso de intervención en los centros penales, se declaró emergencia del sistema penitenciario, se logró la estabilización a través de diferentes operaciones y administrativas para retomar la convivencia normal”.

Dentro del proceso de estabilización, precisó, se realizó una reorganización de la población del sistema penitenciario, se hizo un análisis y estudio de los diferentes protocolos que se aplican en los mismos y se han llevado a cabo intervenciones con los diferentes sectores que trabajan en el sistema.

El objetivo es que se retome la normalidad en los centros penales en el menor tiempo posible, y dentro del esfuerzo se apuesta a la certificación del sistema penal hondureño a través de la norma internacional y que garantice el estricto respeto a los derechos humanos y que los protocolos igual se cumplan para “fortalecer y robustecer el sistema penitenciario hondureño”, dijo González.

Informó que se ha acudido a la OEA para firmar un protocolo de acompañamiento en la búsqueda de una nueva estrategia en el funcionamiento del sistema penitenciario, en el respeto a derechos humanos y procedimientos.

González dijo que todos los sectores que participan en el sistema cumplen un papel importante, como defensores públicos, jueces de ejecución y organismos de derechos humanos, con los que se ha sostenido apertura, coordinación y planificación para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal.

Respaldo de las Fuerzas Armadas

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Tito Livio Moreno, afirmó que “se ha establecido el apoyo que se brinda por parte de las Fuerzas Armadas al proceso de intervención en los centros penales, para la mejora continua del sistema penitenciario de Honduras”.

“Reafirmamos el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas al proceso que se lleva a cabo en el sistema; la Comisión Interventora puede contar con la institucionalidad completa, tanto de la Policía Nacional así como las Fuerzas Armadas, para mejorar el sistema”, agregó.

“Nuestro compromiso es permanente”, dijo Moreno, “y todos los recursos y materiales con que cuentan las instituciones están para fortalecer el esquema de intervención para contar con un sistema penitenciario profesional con los procesos a lo interno e internacionales, en el marco de la ley el respeto de los derechos humanos y las garantías institucionales y de dignidad de las personas”.