Fuerzas de seguridad tienen que actuar porque no se pueden seguir tolerando acciones violentas

El presidente Juan Orlando Hernández dijo que las fuerzas de seguridad del país tienen que actuar porque “no se puede seguir tolerando ese tipo de acciones” violentas que han venido perpetrando grupos radicales, como cierto sector del partido Libertad y Refundación (Librea), que a través del caos y la destrucción quieren llegar al poder.

Esto lo expresó el mandatario en comunicación con la radio HRN, en la que ratificó lo expresado el domingo por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, de que “la Policía ya no va a ser tolerante y no va a permitir que el país se paralice por grupos que buscan otros propósitos”.

El gobernante agregó que tal vez no ha trascendido algo que dijo el ministro de Seguridad y es que se ha detenido a alrededor de 20 personas que han producido actos vandálicos en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

El titular del Ejecutivo se preguntó: ¿Quién puede estar interesado en la destrucción de las cámaras de seguridad? y señaló que “es sencillo: son los delincuentes o fue alguien que le fue a hacer un mandado a un delincuente, si las cámaras son para proteger al pueblo hondureño”.

Hernández aseguró que “de esos (delincuentes) hay varios capturados y se van a seguir capturando”.

Indicó que se ha detectado un patrón de destrucción de las cámaras en un lugar donde aparentemente a determinada organización criminal le interesa que no existan.

“Esos eventos de protesta se ligan con la violencia”, indicó el mandatario.

El presidente Hernández también puso como ejemplo lo sucedido con el incendio de camiones de la empresa bananera Dole y la quema de la embajada de los Estados Unidos, donde se nota un nivel de satisfacción por el acto criminal cometido.

Expresó que las fuerzas de seguridad tienen una obligación con el pueblo hondureño, tienen una obligación de acuerdo a la Constitución y es generar los espacios necesarios de orden, para que quien vaya a manifestarse pacíficamente que lo haga.

Pero -advirtió- cuando se atenta contra la economía o, aún más, cuando se atenta contra la vida de los compatriotas, de los hondureños, la fuerza de seguridad tiene que actuar y poner a la orden de los tribunales a los violentos.

“El país necesita seguir en un paso de crecimiento económico, de poner orden; todos queremos tener un buen sistema de salud y educación y tenemos que apostar a ello”, apuntó.

Plenamente identificados

El gobernante insistió en que “ya se tienen identificadas personas que en su calidad de actores materiales y probablemente otros intelectuales” han cometido delitos, “y esto no puede seguir en el país”.

Les recordó a estos grupos radicales que “la gran mayoría del pueblo hondureño quiere trabajar, le molesta, le incomoda ir en el carro, en el bus, y que tres o cuatro personas tengan unas llantas, le metan fuego”.

“La intención de la persona que lo hace es generar un ataque sistemático a la economía porque piensan que al momento de caer la economía, de perder los empleos, de generar temor, de generar terror, se benefician”, señaló.

Pero por todo esto, sentenció el mandatario, es que “nunca van a llegar al poder los radicales de Libre, porque ya el pueblo hondureño se ha dado cuenta de que esa es la forma más perversa de querer justificar hacer la política”.

“La política es para tirar ideas, para debatir, para hacer oposición, para decir esto no está bien, debe de hacerlo de esta manera, pero no se está haciendo así”, indicó.

Hernández reafirmó lo dicho por el ministro de Seguridad, que “ya se evidenció toda la voluntad de nosotros; hemos venido desde el Congreso y el Ejecutivo, hasta el Comisionado de Derechos Humanos, vamos a hacerles caso en esta parte y no sentamos a platicar, pero no sucede, pues la lucha es otra y es generar la inestabilidad del país para afectar la economía del país y de esa forma piensan ellos que se pueden beneficiar”.

Proteger el vandalismo

El presidente Hernández también cuestionó que estos grupos radicales presentaran ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un habeas corpus contra la Comandancia de las Fuerzas Armadas y los ministros de Defensa y Seguridad (Fredy Díaz y Julián Pacheco) para proteger el vandalismo económico como una forma de protección de derechos humanos.

“Estos que generan violencia dicen que al momento de que la Policía va a unas comunidades en el departamento de Colón a tener un retén, para revisar si llevan combustible o si llevan armas para volver a incendiar a todos los vehículos que han estado en riesgo y que han incendiado varios, dicen que ese es un atentando contra los derechos de ellos”, lamentó.

Insistió el gobernante en que “eso no lo podemos permitir; el sistema no ha funcionado así aquí ni en otras partes del mundo”.

Esta gente radical de Libre -enfatizó- ya puso un recurso en la CSJ para que el vandalismo económico sea reconocido como un derecho protegido.

Advirtió que ellos -los radicales de Libre- piensan que impedir el vandalismo económico es vulnerar una garantía constitucional y no se dan cuenta de que el pueblo está en contra de la destrucción.

Insistió que ese vandalismo quita empleo y le quita oportunidades a la gente.

Con un manual de ataque

El gobernante también mencionó la reciente quema en San Pedro Sula de unos vehículos que no eran directamente de la empresa eléctrica EEH, sino de otra que prestaba servicios, pero -dijo- nada justifica un ataque a la propiedad porque eso genera un desaliento en la parte de la inversión.

“Ya se ha venido haciendo tan sistemáticamente porque es parte de un manual del que ellos han pretendido utilizar para atacar la economía, generar terror y violencia”, aseguró.

Asimismo, mencionó que los mismos que quemaron dos ambulancias adentro del Hospital del Sur, de Choluteca, fueron la semana pasada a ahuyentar, a generar temor, miedo, a niños que estaban en una escuela. Después se fueron a otras escuelas, a colegios, sacándolos de las aulas.

Consideró que “tenemos que alinear nuevamente a nuestro actuar y regresar a los valores sin que esto signifique que no se va a respetar el derecho a la protesta pacífica, si todo mundo tiene derecho a la protesta pacífica”.

Pero -señaló- cuando ya se afecta el derecho de otros y más a la educación, o se agrede a un niño por estar recibiendo clases, eso es imperdonable y tiene que haber una consecuencia.