Presidente Hernández ordena a Fusina exhaustiva investigación sobre absolución de pandilleros

El presidente Juan Orlando Hernández anunció que solicitó a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) una investigación exhaustiva sobre la absolución de 22 peligrosos miembros de la pandilla 18 dictada por un Tribunal de Sentencia, “porque esos delincuentes mataron 27 personas en cuatro meses durante 2014”.

Hernández, en conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, indicó que se va a llegar al fondo del caso y se pondrá a la orden de los tribunales, si se llega a comprobar, a quienes participaron en esa acción, que se puede considerar como una conspiración contra la seguridad del Estado.

“El día de ayer, 22 de los más peligrosos miembros cabecillas de la mara 18 fueron absueltos de cargos muy graves como asociación ilícita, asesinato, ocultamiento de vehículos robados, entre otros”, recordó.

“Por lo tanto, a raíz de haber sido absueltos de esos cargos, pudieran, en el corto y mediano plazo, salir de las cárceles de máxima seguridad donde han estado pagando por lo que han sido sentenciados”, señaló Hernández.

Precisó que, “sólo para que el pueblo hondureño tenga una idea de lo peligrosos que son estos privados de libertad, quiero darles un dato: en apenas cuatro meses de finales del año 2014, estos individuos le quitaron la vida a 27 personas y por eso fueron llevados a los tribunales”.

“Estamos hablando de una de las más grandes amenazas que este país ha vivido en la historia como República, de tal manera que, de acuerdo a los entes de investigación y de judicialización, inclusive para uno de los jueces del tribunal, existen pruebas suficientes contra ellos; existen grabaciones en las que se escucha como planificaron y ejecutaron los crímenes”, enfatizó.

El gobernante apuntó que, “de acuerdo a los expertos que han dado seguimiento a estos casos, estos privados de libertad son peligrosos criminales y son una amenaza para la sociedad y bajo esa presunción fueron llevados a los tribunales”.

“Es mi obligación, deber y compromiso defender la seguridad de los hondureños; nos ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado y realmente es una injusticia si retrocedemos. Yo he jurado ante Dios y la patria que no vamos a retroceder y no lo vamos a hacer”, sentenció.

“Aquí no pueden haber medias tintas: o se es frío o se es caliente y al pan, pan, y al vino, vino; por eso esto tiene que esclarecerse”, añadió.

Una investigación exhaustiva

El presidente de la República subrayó que, “tal como hemos coincidido con el liderazgo del Poder Judicial y del Ministerio Público, debe de haber una investigación exhaustiva de este caso, por las implicaciones que tiene”.

“Por ello”, anunció, “he solicitado a la Inspectoría Nacional de Fusina una investigación exhaustiva, sin perjuicio de la investigación que ya por su cuenta están haciendo la Inspectoría de Tribunales y el Ministerio Público”.

“Lo anterior, con el fin de esclarecer si existen o no responsabilidades, y de existir, deben de llevarse a los tribunales a quienes han participado en esa posible conspiración, porque sería una conspiración”, recalcó Hernández.

Advirtió que “este no es un caso que comenzó hace dos días, ni hace dos meses, o que han participado tres, cuatro o cinco personas; esta es una cosa de grandes dimensiones”.

“Repito, aquí no deben haber medias tintas y no debe quedar un ápice de duda: o estamos del lado de combatir los criminales o se está a favor de los criminales; por lo tanto, al esclarecer no va a existir duda”, insistió Hernández.

Recordó que hace dos años se impulsó una serie de reformas para endurecer el blanco y el blanco de maras y pandillas “porque sabíamos la dimensión del peligro, del riesgo, del daño y del terror que han causado, y estamos hablando del más alto liderazgo de estos grupos criminales”.

Hernández manifestó que no ha sido fácil “llegar hasta donde llegamos; no fue fácil capturar y procesar a estos 22 privados de libertad, porque muchos de nuestros policías, militares, agentes especiales, jueces, fiscales, han pagado un alto precio en la lucha por recuperar la seguridad y siguen arriesgándose”.

Consideró que la lucha no termina ahora, ni debe terminar, “porque tenemos madres sin hijos, hijos sin sus padres, tenemos luto en muchos hogares y familias porque nuestros operadores de justicia han ofrendado su vida para darnos esta relativa seguridad que hoy estamos viviendo y nunca preguntaron por quién iban a ofrendar su vida”.

“Ese desprendimiento debe honrarse hoy, a esas familias debe honrárseles hoy”, aseveró.

Hernández preguntó a periodistas, jueces y pueblo hondureño en general: “¿Es justo que estos valientes servidores públicos y operadores de justicia hayan perdido su vida así nomás, en vano? ¿Es justo que el asesinato de estas 27 personas, que se le atribuyen a estos mareros, queden en impunidad?”.

Hay una duda

El titular del Ejecutivo señaló que “hoy hay una duda, y porque existe mucha información que no ha fluido todavía y que se debe conocer, que el mismo pueblo hondureño debe conocer”.

Sobre el particular, dijo que “el hecho de que la decisión no haya sido unánime, y que no haya sido unánime por el voto de una persona, en su condición de juez y que sí ha sido juez de jurisdicción nacional, allí hay un elemento importante”.

Eso evidencia, recalcó el mandatario, que existen indicios “para que estos criminales no hayan sido absueltos; ese es un elemento importante y una gran oportunidad para encontrar la verdad”.

Remarcó: “Es mi obligación defender la seguridad de los hondureños. Mi compromiso es con el pueblo, juré no descansar hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y eso seguiré haciendo”.

“A estos 22 privados de libertad: están equivocados si piensan que con esta conspiración van a salir avantes, si esa fuera la intención de ellos al armar todo esto”, advirtió el gobernante.

Si hay responsabilidad, que pague…

Hernández dijo que si, después de la investigación exhaustiva, se comprueba que la resolución es en el marco de la justicia “tendremos que respetarla, aunque la siga reprochando”.

Pero de no ser así, y de comprobarse que sí existe responsabilidad, “voy a luchar junto a la gran mayoría del pueblo hondureño para que se haga justicia y llevar a los tribunales y que pague, sea quien sea”, aseveró.

Por esa razón, le reiteró al pueblo hondureño “que hemos solicitado una investigación profunda para llegar al fondo del asunto y deducir las responsabilidades del caso a cualquier operador de justicia que se haya coludido con los delincuentes o a cualquier abogado, defensor privado o a cualquier ciudadano que haya sido parte de esta conspiración”.

Sin embargo, aclaró, que “nadie se dé por aludido ahora, y esperemos los resultados”.

También dijo que por su formación de abogado entiende a la perfección “el derecho a la legítima defensa, al debido proceso, pero estos tienen sus límites, y todo aquel abogado defensor que transgrede la ley y conspira para liberar indebidamente a su cliente cae también en el campo delictivo, no solo porque irrespeta la ley o el debido proceso, sino también porque pone en riesgo su vida propia y la de su familia”.

Indicó que hacer pactos y negocios con los criminales al margen de los parámetros de la ley y la justicia se paga con un alto precio y afirmó que esto se debe decir con claridad porque “nadie lo ha querido decir con claridad en el pasado y ha llegado el momento de hacerlo”.

“Hacer pactos con este tipo de criminales es un acto de traición a la patria si eso es lo que llegamos a comprobar y, obviamente, tienen que haber consecuencias; de eso se trata”, remarcó.

Una investigación general

El mandatario reiteró que “yo estoy de acuerdo que la investigación tiene que ser general (no solo en el Poder Judicial); tiene que investigarse a todos los operadores de justicia y también a los abogados defensores y a cualquier otro que participe en esto, porque al final lo que buscamos es la verdad para esclarecer esto”.

“El mensaje que manda el sistema es que, si se hizo mal el procedimiento y se les absuelve, hay impunidad. Pero también puede haber otro aspecto más importante para darle seguimiento y es si nos han permeado el sistema y lo están manipulando, porque hoy puede ser este caso, pero mañana puede ser otro”, consideró.

Respecto a lo expresado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, que debe haber una investigación al exterior de ese poder del Estado porque hay abogados que se encargan de intimidar a los jueces, Hernández dijo que “desde hace años se viene recolectando información que nos lleva a tener indicios muy fuertes de que se intimida a operadores de justicia, se ofrece dinero, o se entrega dinero, si fuera verdad, y una enorme cantidad de faltas”.

Expuso que se ha coincidido con todos los sectores en que las investigaciones deben acelerarse para identificar, de ser cierto, quiénes son esas personas y también ponerlas a la orden de los tribunales como corresponde.

Hernández recordó que eso en el ambiente del sector de la seguridad es vox pópuli, pero se debe pasar de eso a probar los hechos, “porque si no muchos de estos casos pueden volver a repetirse”.