CONGRESO NACIONAL DEBE APROBAR REFORMAS CONSTITUCIONALES – ELECTORALES QUE GENEREN CONFIANZA Y LEGITIMIDAD CIUDADANA

Diputados del Congreso Nacional de la República deben comprender que los intereses de la población hondureña deben estar por encima de los de la clase política

Luego de los últimos procesos electorales de 2013 y 2017, los vacíos e imperfecciones del sistema electoral hondureño son inaceptables e insostenibles; en consecuencia, la ASJ, ha venido planteando la urgencia y el imperativo categórico de impulsar las reformas políticas necesarias para generar confianza y legitimidad ciudadana en el sistema electoral.

Después de una serie de estudios y la revisión de lo propuesto por el Grupo de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Mesa de Reformas Electorales del Diálogo Político auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hacemos del conocimiento público las reformas constitucionales que a nuestro criterio, son indispensables para la modernización del sistema político – electoral:

1. Administración y Justicia Electoral. Es imprescindible sustituir el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un Consejo Nacional Electoral (CNE) encargado exclusivamente de la administración de los procesos electorales y consultas populares y, la creación de un Tribunal de Justicia Electoral (TJE) adscrito al Poder Judicial, encargado de impartir justicia en conflictos electorales y financiamiento político.

2. Financiamiento Político. Es imperiosa la elevación a rango constitucional del ente responsable de la revisión del origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados, a una Comisión de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, totalmente independiente funcional y presupuestariamente, que permita evitar la bochornosa infiltración de redes de corrupción y crimen organizado en el financiamiento de las campañas políticas. Del mismo modo, urge la despolitización de esta dependencia tan importante para la transparencia del financiamiento de los partidos políticos y candidatos.

3. Registro Nacional de las Personas (RNP). En razón del proceso de reestructuración jurídica e institucional que atraviesa el RNP, es precisa su eliminación como organismo electoral y conversión a una institución de seguridad nacional y servicio ciudadano, conformado por personal de altas calificaciones profesionales y alejada de influencia política – partidaria.

4. Segunda Vuelta. Ante los controvertidos resultados de las últimas elecciones presidenciales, el bajo caudal electoral de quienes resultaron vencedores y, el ajustado margen de diferencia entre el primer y segundo lugar, la segunda vuelta electoral es una reforma apremiante para garantizar una fórmula presidencial electa con la suficiente legitimidad a través de mayoría absoluta o relativa de los votos.

La ASJ está convencida de que los funcionarios a integrar las instituciones en materia electoral deberán contar con requisitos de idoneidad profesional, debiendo aprobar los procesos de selección y certificación pertinentes en aras de la tecnificación de la función electoral.

Del mismo modo, debido a los antecedentes históricos que la figura de la reelección presidencial ha producido, constituye un deber cívico que los diputados al Congreso Nacional efectúen un debate exhaustivo del tema para encontrar mecanismos que legitimen socialmente la incorporación y reglamentación de esta figura al marco constitucional. Sin embargo, es preciso que el diseño jurídico e institucional en materia electoral esté debidamente reformado para que el soberano se pronuncie y resuelva definitivamente con garantías de transparencia y legalidad. Discutir, consensuar y aprobar la realización de un plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre esta temática es necesario.

Tomando en cuenta la cuantiosa inversión económica desplegada para los aportes de la OEA y el Diálogo Político auspiciado por la ONU, los aportes de los partidos políticos, así como, los esfuerzos de la ASJ y otras organizaciones de sociedad civil, el Congreso Nacional está en la obligación de tomar en consideración las propuestas planteadas para enriquecer las discusiones y decisiones en el pleno legislativo. Asimismo, se advierte a los diputados que si no se aprueban las reformas constitucionales en la presente legislatura, no podrán ser ratificadas en la siguiente y por lo tanto, no entrarán en vigencia para el proceso electoral de 2021, sino hasta el año 2025, por lo que la historia colocará sobre sus espaldas toda la responsabilidad de no modernizar nuestro sistema político – electoral.

Finalmente, urgimos a que las reformas constitucionales aprobadas sean en beneficio de la ciudadanía, con un debate parlamentario transparente y a la luz del día para que los ciudadanos puedan estar al tanto del proceso.

Esta es una extraordinaria oportunidad para modernizar nuestro sistema político – electoral, no podemos perderla, y mucho menos podemos permitir que no se realicen los cambios pertinentes, porque de ser así, en los próximos comicios los problemas serán los mismos o peores debido a la desconfianza y la poca legitimidad de la que gocen, y la crisis se prolongará.