Gobierno garantiza construcción del Corredor Turístico de La Barca-Santa Rita-El Progreso-Tela

El Gobierno de la República garantiza la construcción del Corredor Turístico que contempla la ampliación de cuatro carriles de la vía La Barca-Santa Rita- El Progreso-Tela.

En comparecencia de prensa en un hotel capitalino, representantes de Coalianza, Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, Invest-HN y Secretaría de Finanzas, entre otras autoridades, brindaron un amplio informe de las causas externas que han provocado el retraso de la construcción del Corredor Turístico.

Entre las causas externas que han afectado la continuidad de la obra se menciona la quema de las casetas de peaje que estaban consideradas en el contrato prepago de la inversión, afirmaron los funcionarios, que se refirieron a un reciente informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) sobre este asunto.

Asimismo, invitaron a la ASJ, al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a todas las instituciones que están dentro de la veeduría social a que se pueden incorporar permanentemente para que sigan el proceso de fiscalización que lleva la Superintendencia y el proceso de regulación de todos los contratos.

Causas del desfase

Se informó que el proyecto del Corredor Turístico tiene un desfase derivado de causas externas ajenas al concesionario y al Estado, es decir, las vinculadas a acontecimientos políticos que afectaron la continuidad del mismo, como la quema de las casetas de peaje, que estaban consideradas en el contrato como prepago por la inversión.

El Estado de Honduras ha estado en su mejor interés de dotar al pueblo hondureño de una obra de primer mundo, moderna, segura y de cuatro carriles para promover el desarrollo económico de toda esa zona del país, rica por su gran potencial turístico y agroindustrial.

Este proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles desde el desvío de La Barca hacia Santa Rita, El Progreso y Tela.

Además, el mantenimiento permanente durante 30 años de este tramo y de la vía que comunica Tela y La Ceiba.

Asimismo, incluye la culminación de proyectos que fueron postergados durante mucho tiempo, como la construcción del puente Humuya, de 200 metros de longitud y de cuatro carriles en Santa Rita, y la rehabilitación del puente paralelo al puente La Democracia en El Progreso.

“Queremos ser enfáticos. Todas las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales vinculadas a este proyecto” descartan “de forma categórica los argumentos planteados en torno a supuestos actos irregulares, sobrevaloración de la obra o negligencia”, dijo el titular de la Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP), Ignacio Williams.

Indicó que la quema de las casetas de peaje inviabilizó el cobro del peaje, lo cual obligó al pago del ingreso mínimo anual garantizado (IMAG), tal y como está establecido en el contrato.

Este contrato suscrito con la concesionaria fue revisado y avalado por instituciones de prestigio mundial como el banco JP Morgan, Corporación Internacional para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), Banco Ficohsa, como banco estructurador del crédito, y la agencia de calificación de riesgo del Banco Mundial Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), quien dio la garantía.

Por lo anterior, resaltó que este ha sido el proyecto que más procesos de debida diligencia ha pasado, siendo auditado en su totalidad por el Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos constitutivos de reparos.

Asimismo, resaltó que la estructuración del proyecto contó con los estudios de empresas consultoras internacionales con mucha experiencia en alianzas público-privadas, entre ellas ARUP del Reino Unido y Louis Berger de Francia.

Esto -siguió explicando- conllevó que en 2015 el proyecto Corredor Turístico fuera reconocido como el mejor estructurado bajo el esquema APP por la reconocida revista Latin Finance.

“Este es un Gobierno abierto y transparente, y la veeduría social en todos los proyectos de infraestructura es parte ya de nuestra cultura de trabajo”, dijo Williams.

Pese a los obstáculos que se han presentado, dijo que el Gobierno de la República ha reiterado al pueblo su compromiso de terminar esta obra, que es clave para convertir a Honduras en el Centro Logístico de América, ya que cuenta con las coberturas de riesgo incluyendo seguros y garantías.

La obra será terminada

Por su parte, el Comisionado Presidencial de Transparencia, Alfredo Cantero, agregó que el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández tiene el firme compromiso de terminar esta obra.

Además, Cantero reiteró que el Gobierno tiene un firme compromiso con la transparencia, pues “Honduras es miembro de la iniciativa de transparencia en el sector de infraestructura pública desde el 2014”.

“Esta es una iniciativa multisectorial en la que se sienta sociedad civil, empresa privada y Gobierno de Honduras”, enfatizó.

Los antecedentes

– La obra se concibió en el afán de continuar con el programa de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional.

– Surgió de un proceso de licitación pública internacional en el que participaron ocho empresas, de las cuales cuatro fueron precalificadas y finalmente tres empresas presentaron las ofertas de acuerdo a los pliegos de condiciones.

– Se siguieron todos los procesos para la selección de una empresa concesionaria de acuerdo a la normativa legal vigente.

– La inversión de la concesionaria se contempló en 98 millones de dólares y luego se elevó a 260 millones de dólares, lo que significa que subieron las inversiones obligatorias, pero no subió el costo del proyecto.

– Lo anterior significa que el Gobierno no tendrá que desembolsar 260 millones de dólares, ya que es la concesionaria quien aumentará la inversión referencial. Lo anterior, en lugar de significar un perjuicio, representa un beneficio para el Estado.

– La inversión referencial es el monto mínimo de inversiones que se requieren. El gran logro del proyecto Corredor Turístico es que se logró obtener inversiones superiores al monto de inversión referencial. De manera que este es un riesgo que corre el concesionario y no es un riesgo que asume el Estado.