Inversión pública se recortaría en 26.000 millones de lempiras si se baja impuesto a combustibles

– Gobierno instala Grupo de Apoyo a la Mesa Amplia del Pacto Fiscal.

– No se pueden tomar medidas que contribuyan a generar déficit fiscal, señala Tábora.

La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, advirtió que una rebaja de 20 lempiras en el impuesto por galón de combustible, como demanda el sector transporte, representaría un recorte de 26.000 millones de lempiras en inversión pública.

Tábora instaló hoy la Secretaría de Finanzas el Grupo Técnico de Apoyo a la Mesa Amplia del Pacto Fiscal, que respaldará el análisis sectorial de las demandas de los transportistas, ya que podrían afectar las finanzas públicas y, por tanto, las inversiones en diversos ámbitos del desarrollo del país.

“Honduras necesita manejarse bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal y evitar todo tipo de medidas que contribuyan a generar déficit fiscal”, como la planteada por los transportistas, dijo la titular de Finanzas.

En el Grupo Técnico participan representantes de sectores gremiales, de países cooperantes, organismos internacionales, de sociedad civil y entes estatales.

Tábora declaró que las autoridades gubernamentales buscan “instalar una metodología de estructura tributaria, un control de gastos y transparencia en el marco de un pacto fiscal”.

Refirió que se busca implementar un orden y abordar temas como asuntos salariales, exoneraciones, impuestos y otros inherentes a las finanzas públicas.

Destacó que las conversaciones son fructíferas y hay mucho interés por parte de los participantes en apoyar la iniciativa que busca hacer más eficiente la gestión pública y que permita mantener un orden fiscal y económico.

Se debe mantener un orden

“Dentro de los temas a tratar en la mesa, una de las principales iniciativas busca escuchar las diferentes propuestas y llegar a acuerdos, pero siempre bajo un marco de mantener un orden, porque no se trata de generar medidas que contribuyan a generar déficit fiscal”, expuso Tábora.

Explicó que eso implica trabajar bajo el marco de La Ley Responsabilidad Fiscal y buscar acuerdos para trabajar en un plan acción que permita tener una estructura tributaria en favor de la igualdad, a favor de la reducción de la pobreza, revisar las políticas de exoneraciones y fortalecer las medidas de austeridad y las prioridades en materia de inversión pública.

La funcionaria recordó que el Gobierno debe asegurar los recursos para compra de medicinas, pago de salarios y otros programas esenciales, los que serían afectados de accederse a las demandas de los transportistas.

Rebaja puede dañar otros sectores

Sobre la petición de los transportistas, de bajarle 20 lempiras a cada galón de combustible, Tábora manifestó que eso “representa hacer un recorte al plan de inversión pública que alcanza los 26.000 millones de lempiras, con lo que se incumpliría con la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

Dijo que cualquier escenario para la rebaja de impuestos a los combustibles “implica hacer recortes en materia de inversión pública o en materia de las transferencias a municipalidades o la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por mencionar casos, y que van a representar conflictos que pueden dañar a otros sectores”.

Es un tema que se debe discutir de manera amplia y no solo bilateral, porque si en el pacto se decide que se puede bajar el impuesto, allí mismo se debe decidir a qué sector se le rebajarán los recursos, argumentó Tábora.

También expuso que “si se tuviera que hacer un recorte en el plan de inversión pública, résteles a esos 26.000 millones 13.500 millones; si fuera menos, igualmente habría que restárselos al programa de inversión pública».

Ejemplificó que la partida de sueldos y salarios suma 44.000 millones de lempiras, lo que incluye los 66 mil maestros, el personal médico y otros servidores públicos, por lo que, si se recorta el impuesto al combustible, se tendrían que hacer reducciones en esa partida y también habría que reducir las transferencias a las municipalidades o a la UNAH.

El Gobierno ya ha hecho ajustes

Tábora afirmó que Finanzas ya ha tenido que realizar ajustes presupuestarios, debido al dinero que se dejará de percibir por el 1.5% que se cobraba sobre las ganancias a las empresas en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Explicó que en el Poder Ejecutivo “se recortó el 50 por ciento del gasto operativo a la administración central de gastos de protocolo, de viáticos, alquiler de edificios y de vehículos, control de incrementos salariales”.

Aclaró que en los incrementos salariales que se han aplicado en el Congreso Nacional el Ejecutivo no tiene ninguna potestad y aclaró que la única ley que el Ejecutivo no puede vetar es la del Presupuesto General de la República.

Si fuera el caso de bajarle 20 lempiras al galón de combustible, también podría bajarse el presupuesto para sectores importantes del país como Defensa y Seguridad y para financiar muchos programas sociales y de vivienda.

Añadió que la revisión de las exoneraciones fiscales forma parte del proceso para establecer cuánto se puede recuperar para el Presupuesto General.

«Aquí de lo que se trata es de sentarnos en una mesa de diálogo, si hay mucho conflicto respecto al tema fiscal y presupuestario; por eso, sentémonos, hagamos un nuevo trato, un nuevo acuerdo sobre el manejo de las finanzas públicas y la política fiscal», reiteró Tábora.

Una mesa para la ENEE

Sobre la diversidad de temas a tratar, la ministra de Finanzas aceptó que puede organizarse un grupo de trabajo por mesas y temas, como los relacionados con exoneraciones, salarios, austeridad, presupuesto y transparencia, y también el de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Aceptó que igual se pondrá sobre la mesa el tema de la energía, que implicaría la mejora de precios competitivos, “porque es un tema para verlo de manera integral en vista que se requiere de mayor eficiencia por parte de la empresa”.

Agregó que los contratos deben ser un punto en la agenda de trabajo y que solo para tratar los temas de energía “se debe instalar una mesa que permita abordar acuerdos e importantes beneficios para el pueblo hondureño”.

Participan en el Grupo Técnico de Apoyo a la Mesa Amplia del Pacto Fiscal el Colegio Hondureño Economistas, la Embajada de Alemania, UNAH, Fosdeh, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Asociación para una Sociedad Más Justa, Banco Central de Honduras, Servicio de Administración de Rentas y Secretaría de Finanzas.