SOCIEDAD CIVIL SE REUNIRÁ CON JUNTA PROPONENTE
Diversas organizaciones de la sociedad civil hondureña se reunirán con los miembros de la Junta Proponente de candidatos a convertirse en Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto.
Dicho encuentro se llevara a cabo el día martes 17 de abril de 2018, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), ubicadas en la Colonia 15 de septiembre de Comayagüela, Municipio del Distrito Central (MDC).
Durante la jornada los dirigentes ciudadanos y los proponentes intercambiarán impresiones en torno a la metodología a ser utilizada para evaluar a los profesionales autopropuestos y los sugeridos para optar a la titularidad del Ministerio Público (MP); los representantes de la sociedad civil harán recomendaciones en lo relativo al perfil idóneo del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto,
La APJ y La Plataforma, son coaliciones conformadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, iglesias, instituciones académicas, gremios empresariales, cooperativas y otras iniciativas del sector social de la economía, centrales obreras y campesinas, y asociaciones de pobladores y patronatos.
El objetivo de la APJ, que fundada en el año 2012, es ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política al Sistema de Seguridad y Justicia en el país, mientras que La Plataforma busca coadyuvar a la consecución de los grandes acuerdos que faciliten el bienestar de los hondureños, la consolidación de la paz, democracia y gobernabilidad de la nación.
De acuerdo a lo establecido en la Ley, la Junta Proponente, enviará la nómina de candidatos al Congreso Nacional de la República, por lo menos treinta días antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los treinta días de haberse producido la vacante definitiva del Fiscal General de la República o del Fiscal General Adjunto.
Un reglamento regula los demás aspectos de organización y funcionamiento de la Junta Proponente; además, se establece que el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo período.
