RESULTADOS DE LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial, los mismos han procedido a evaluar a más de 10 mil policías de diferentes niveles, de los cuales 5067 fueron cancelados
EL MANDATO DE LA COMISIÓN ESPECIAL
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha desarrollado en los últimos 24 meses de gestión grandes esfuerzos por implementar una profunda limpieza institucional y radical reingeniería que ha permitido alcanzar importantes logros y presenta enormes retos en la reforma del sistema de seguridad del país.
Luego que los integrantes de esta instancia depuradora fueran juramentados por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, el 12 de abril del año 2016, en Casa Presidencial, se ha impulsado una agresiva profilaxis en los diferentes organismos de la Policía Nacional y se ha formulado una integral agenda de reformas institucionales.
Hace 2 años, el mandatario designó como miembros de la Comisión Especial al pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Omar Rivera, coordinador de advocacy e incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras; Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julián Pacheco, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, quien la preside.
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.
De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.
Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.
El Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 2-2017 del 22 de febrero de 2017, que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 17 de marzo de 2017, extendió la vigencia de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, hasta el 20 de enero de 2018.
Ese mismo Poder de Estado, decretó en el mes de enero del presente año “ampliar el periodo de vigencia del Decreto 21-2016 del 7 de abril de 2016, reformado por Decreto 2-2017, por el término de 12 meses contados a partir del 21 de enero de 2018 al 21 de enero de 2019”; la decisión de los congresistas establece que “durante el periodo de vigencia la Comisión para el Proceso de Depuración y transformación la Policía Nacional continuará en el ejercicio de sus funciones y procederá a dar seguimiento, a la correcta ejecución e implementación de la nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, así como de la Ley de la Carrera Policial, las cuales entran en su plena vigencia el 21 de enero de 2018”.
LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA POLICÍA NACIONAL
Desde que fueron juramentados el 12 de abril del año 2016, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha cancelado 5067 miembros de la Carrera Policial. De estos 5067 policías cancelados, 4519 eran oficiales y agentes de escala básica, y 548 se desempeñaban como personal auxiliares.
Los miembros de la carrera policial fueron separados por diferentes motivos, entre los que se encuentran por reestructuración, por justa causa, por cumplimiento de período de disponibilidad, por retiro voluntario, por discapacidad total y permanente, y por muerte y/o retiro obligatorio.
Hasta la fecha, se han pagado más de 800 millones de lempiras por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, a altos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar que han sido cancelados en los últimos 24 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración y transformación de la Policía de Honduras.
La mayoría de los oficiales cancelados, fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, en función de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial, que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional, que según el criterio de los depuradores “requerían rediseñarse a fin de poder responder a los nuevos desafíos y satisfacer la demanda diversificada que la población plantea de forma cotidiana en diferentes regiones del país”.
Según los miembros de la Comisión Especial, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja; de acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, más de 800 millones de lempiras a los policías cancelados”.
EL NUEVO MARCO NORMATIVO POLICIAL
Uno de los avances más trascendentales en el proceso de reforma policial ha sido la aprobación de un nuevo marco legal que aplica a la gestión de la Policía Nacional. El año pasado, a través de un agresivo esfuerzo de incidencia política de la Secretaría de Seguridad, la Comisión Especial y la Sociedad Civil, se logró la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, y la inédita Ley de la Carrera Policial.
Durante varios meses la Comisión Especial, trabajó junto a la Comisión Ordinaria de Seguridad y Previsión Ciudadana del Congreso Nacional de la República, aportando sus observaciones al dictamen de ambas iniciativas de Ley; de la misma forma, los integrantes de la instancia depuradora participaron de la deliberaciones parlamentarias opinando y dando explicaciones a los congresistas del alcance de las disposiciones de los novedosos normativos instrumentos jurídicos.
El Congreso Nacional de la República aprobó la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, mediante Decreto Legislativo No. 18-2017 del 30 de mayo de 2017, y la Ley de la Carrera Policial, a través del Decreto Legislativo No. 69-2017 del 22 de agosto de 2017; ambos decretos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de octubre de 2017, y puestos en vigencia el 21 de enero de 2018.
La Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, tiene como objeto establecer las bases jurídicas fundamentales y generales, que regulan la organización, composición, dirección, coordinación y funcionamiento de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; así como la organización, composición, dirección, coordinación y funcionamiento de la Policía Nacional de Honduras de naturaleza puramente civil.
En el caso de la Ley de la Carrera Policial, la misma tiene por objeto la organización, administración y funcionamiento del recurso humano de la Policía Nacional, a fin de regular la Carrera del Servicio Policial y la relación de servicio público institucional de sus integrantes para cumplir los objetivos de la seguridad de todos los ciudadanos y sus bienes, que es de seguridad nacional, interés público y convivencia comunitaria con protección a los derechos humanos.
LA LEY DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO Y LA LEY REGULATORIA DE EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, también trabajó otras iniciativas de Ley que aún no han sido aprobadas por el Congreso Nacional de la República; junto a los diputados que forman parte de la Comisión Ordinaria de Seguridad y Previsión Ciudadana del Congreso Nacional de la República, los integrantes de la Comisión Especial, elaboraron la versión final de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos Y Materiales Relacionados, y la Ley Especial para la Regulación de la Prestación de Servicios Privados de Seguridad y los Servicios Municipales de Policía y otros.
El dictamen de la Ley de Armas, ya está en discusión en el hemiciclo legislativo, y establece que la normativa tendrá como finalidad de “regular las actividades de importación, exportación, registro, tránsito, transporte, transferencia, distribución, custodia, comercialización, intermediación, uso, almacenaje, fabricación, modificación, reparación y recarga de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, así como la propiedad, tenencia, portación y uso de estos”.
Además del dictamen de la Ley de Armas, también será sometida al pleno parlamentario la Ley Especial para la Regulación de la Prestación de Servicios Privados de Seguridad y los Servicios Municipales de Policía y otros; dicha legislación establecerá reglamentaciones y medidas para el funcionamiento de los servicios privados de agencias de seguridad, así como lo referente a la operación de los cuerpos policiales que dependen de los gobiernos locales, conforme lo dispone la Constitución de la República y la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
La iniciativa establece que es fundamental diseñar un marco regulatorio aplicable a las empresas privadas de seguridad para garantizar que las mismas operen legalmente y cumplan los respectivos requisitos, que el recurso humano que labore sea el idóneo en términos de su capacidad y antecedentes, y que se les respeten los derechos laborales y humanos de todo el personal que trabaja en esas compañías u organismos municipales; de la misma manera, busca certificar que el armamento que utilizan para sus operaciones, así como los vehículos, son de uso legal en el territorio nacional y está debidamente registrado ante la autoridad correspondiente.
LA RENOVACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POLICIALES
Con la intención de elevar la calidad de los programas educativos dirigidos a formar a los nuevos agentes de escala básica de la Policía Nacional de Honduras, se han impulsado profundos cambios en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) en municipio de La Paz, departamento de La Paz, que han implicado una inversión mayor a 18 millones de dólares provenientes de empréstitos y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Gobierno de los Estados Unidos de América; la obra de infraestructura y edificaciones tiene un valor de 12 millones de dólares y la suma invertida en la adquisición del equipamiento, tecnología B-Learning y otros entregables como textos, procesos de administración educativa, diseñó curricular, entre otros, es de 6 millones de dólares..
En el ITP, se ha elevado el perfil de ingreso y vuelto más riguroso la evaluación de idoneidad de quienes desean ser policías mediante la aplicación de pruebas de confianza antes de incorporarse a los programas educativos, modificado los planes de estudio y extendido el período de formación de 3 a 12 meses, renovado el staff de docentes con profesionales de diversas disciplinas, mejorado la infraestructura de acuerdo a estándares internacionales, dotado del equipamiento y tecnología de punta para que los estudiantes aprovechen de mejor forma su capacitación, y se apuesta a la especialización de los nuevos agentes de escala básica en el marco de una filosofía comunitaria e inculcándoles el respeto a los derechos humanos de las personas, y educándolos en varias orientaciones, entre las que destacan la prevención de la violencia y seguridad pública, viabilidad y transporte, investigación criminal, antinarcóticos, telemática y soporte técnico, entre otras.
En los años 2016 y 2017, período en el cual se ha implementado el proceso de depuración policial, han egresado del ITP y la Academia Nacional de Policía (ANAPO), 5487 agentes y policías, que se suman a los 1801 que habían egresado en la etapa bianual 2014-2015, para un total de 7288 nuevos integrantes de la carrera policial.
Según la planificación oficial, para el año 2022, se espera llegar a contar con 26 mil policías, cifra que permitirá alcanzar el promedio de 300 agentes por cada 100 mil habitantes que recomienda la Organización de Naciones Unidas (ONU).
LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, se planteó como fundamental tarea consolidar procesos de reforma institucional en el Sistema de Inteligencia e Investigación Criminal; en tal sentido, se han fortalecido las capacidades de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
En el caso particular de la DPI, se elevó el desempeño de la institución y amplió la cobertura territorial, incrementándose significativamente las denuncias recibidas por parte de la ciudadanía y los tiempos de respuesta positivas a los requerimientos de los usuarios del servicio; la certificación del recursos humano que labora en la DPI, garantiza una adecuada atención a los usuarios de los servicios de investigación criminal, y la dotación de recursos logísticos, materiales y tecnológicos facilita el cumplimiento del mandato que asigna la Ley.
La construcción y puesta en funcionamiento de los dos nuevos Laboratorios de Criminalística en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, y el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en los cuales se invirtieron más de 25 millones de dólares en la construcción de obra gris y la dotación de moderno equipamiento, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la tasa de Seguridad Poblacional, y con asistencia técnica del gobierno de los Estados Unidos de América, es un enorme avance que coloca al país en la vanguardia de la gestión policial en el aérea centroamericana.
Estos dos nuevos Laboratorios de Criminalística, que son considerados los más modernos de Centroamérica, prestarán servicios periciales para la generación de prueba técnico científica en las áreas de balística, documentología, dactiloscopia, retrato hablado, informática forense, química forense, topografía forense, fotografía videoforense, explosivos y escena del delito.
El recurso humano que labora en la DPI, y particularmente en estos Laboratorios de Criminalística, está debidamente certificado y ha sido sometido a pruebas integrales de confianza y a una capacitación exhaustiva en Honduras, a través de la Academia de Investigación Criminal (AIC) que funciona en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, y en el extranjero, particularmente en Colombia, Chile y los Estados Unidos de América.
LA CREACIÓN DE LA DIDADPOL
Según las disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), es la dependencia desconcentrada de la Secretaría de Seguridad con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, a cargo de investigar las faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de la Secretaría y de la carrera policial, para lo cual debe llevar a cabo todas las acciones y diligencias necesarias que acrediten la infracción cometida y la responsabilidad del miembro de la Secretaría y de la carrera policial investigado, garantizando el derecho de defensa, con el fin de preservar la buena conducta, ética, integridad, disciplina, transparencia, legalidad y eficiencia de sus miembros.
Tiene autoridad y estructura nacional para realizar las investigaciones en materias de su competencia; y para su eficaz desempeño puede establecer las oficinas regionales o departamentales, según las necesidades. Sin perjuicio de estas acciones administrativas, si con tal motivo las conductas pudiesen ser constitutivas de delito, debe dar cuenta de inmediato al MP y/o al TSC para los efectos legales correspondientes.
Esta entidad, que surge a iniciativa de la Comisión Especial, sustituirá a la fenecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), y le dará seguimiento a la labor realizada en los últimos dos años por parte de los depuradores, en torno a evaluar la idoneidad, la confianza y el comportamiento de los miembros de la carrera policial y los empleados ministeriales, instando al Secretario de Seguridad a tomar las acciones de personal que correspondan.
En el proceso de arranque de esta entidad, la Comisión Especial organizo un concurso público para selección a los altos funcionarios de la DIDADPOL; el proceso fue competitivo y las decisiones en torno a los seleccionados ha sido sobre la base de la meritocracia y privilegiando las competencias y experiencia de los aspirantes.
La Comisión Especial remitió al Presidente de la República una lista que está conformada por 3 los profesionales del derecho de entre los cuales el jefe del Poder Ejecutivo, en el marco de sus facultades, nombrará al primer Director y Subdirector de la DIDADPOL, por un periodo de 2 años.
LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES AL MINISTERIO PÚBLICO
En el marco de los establecido en el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, se indica que es atribución de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, la de remitir MP y al TSC, los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
Al respecto, el 24 de agosto de 2016, se entregó a las autoridades del MP, 147 casos, con expedientes completos y denuncias ciudadanas, los cuales arrojan indicios de supuesta responsabilidad penal de más de 500 oficiales de diferentes grados, agentes de escala básica y personal auxiliar de la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.
Los indicios de la supuesta comisión de delitos establece diversos ilícitos, tales como: malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, tráfico de drogas, sicariato, asociación ilícita, contrabando, cohecho, vínculo con el narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de armas, abuso de autoridad, robo de ganado, asesinato, homicidio, hurto, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, vínculo con delincuentes, entre otros.
En respuesta a la entrega de estos expedientes y denuncias por parte de la Comisión Especial, el MP, creo la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), conformada por fiscales, investigadores y peritos especializados, que evaluarán la documentación remitida y formularan –cuando corresponda- los pertinentes requerimientos fiscales.
En la actualidad, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional e Honduras, prepara una segunda entrega de expedientes, que involucraría a más de 1300 oficiales, policías y personal auxiliar que ya fue cancelado de la entidad.
LOS RETOS Y DESAFIOS DEL PROCESO DE REFORMA POLICIAL
En los 9 meses que resta de gestión de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, se presentan varios retos y desafíos que serán enfrentados con acciones concretas a ser implementadas por los diferentes organismos policiales y dependencias ministeriales de la Secretaría de Seguridad, bajo la supervisión de la comitiva interventora. A continuación se detallen algunas de ellas:
1) Reglamentación del marco legal: Elaboración de los reglamentos, instructivos y manuales derivados de la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, y de la Ley de la Carrera Policial.
2) Reforma del sistema educativo superior: Implementar la reforma institucional de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la Universidad Nacional de la Policía (UNP), a fin de elevar el perfil de ingreso, actualizar currículo de educación superior, robustecer calidad del profesorado, y modernizar la infraestructura y soporte tecnológico, a fin de formar –en el marco del enfoque comunitario y de respeto a los derechos humanos- a la nueva oficialidad policial.
3) Fortalecimiento institucional en áreas claves: Consolidar procesos de reforma y transformación de la institucionalidad de la Policía Nacional en áreas claves como Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Telemática, Legal y otras (incorporación de personal técnico no policial).
4) Apalancamiento operativo: Dotar a la Policía Nacional de todos las herramientas/instrumentos, equipamiento, vehículos, armas, municiones y recursos materiales, logísticos, tecnológicos, financieros y la infraestructura, necesarios para el cumplimiento de su mandato institucional.
5) Coordinación institucional de los operadores de justicia: Diseñar un esquema efectivo para una mayor coordinación, articulación y complementariedad institucionales entre las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en el país.
6) Nueva Cultura Policial: Crear una Nueva Cultura Policial dando un viraje a la filosofía institucional con énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, el enfoque comunitario, la evaluación continua, meritocracia, medición de gestión por resultados, la disciplina y la
honradez entre otros.
