GOBIERNO Y CONGRESO DEBEN RETOMAR AGENDA CONCERTADA
“Es pertinente diseñar la versión 2.0 de la estrategia nacional de seguridad, defensa y justicia” ha señalado Omar Rivera
Luego que Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, decidiera vetar las reformas que el Congreso Nacional efectuó a la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, sectores de la sociedad civil creen que es momento oportuno para revitalizar los esfuerzos de la institucionalidad estatal para darle persecución penal a los criminales, delincuentes y corruptos.
Omar Rivera, coordinador de advocacy e incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que “el Gobierno de la República y el Congreso Nacional deben retomar agenda concertada de seguridad, defensa y justicia, en la cual debe dársele especial relevancia a la reforma institucional de la Policía Nacional, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, así como la revisión del marco jurídico, estratégico y operativo que aplica a la lucha en contra de las bandas del crimen organizado, carteles del narcotráfico, maras y pandillas, delincuencia común y redes de corrupción”.
“Es pertinente diseñar la versión 2.0 de la estrategia nacional de seguridad, defensa y justicia, que –además de garantizar la sostenibilidad de los logros obtenidos recientemente- impulse innovadoras políticas públicas para prevenir la violencia, mejorar las capacidades de inteligencia e investigación criminal, desmantelar el andamiaje financiero de los malhechores y lograr la cooperación transnacional en el combate contra los que comenten delitos” expresó Rivera.
El dirigente de la sociedad civil indicó que “lo mucho que se ha logrado en materia de seguridad, por ejemplo, la reducción de la tasa de homicidios, no se puede perder, por la ausencia de un plan de sustentabilidad; todas las autoridades estatales deben poner empeño, superando las diferencias existentes, para alcanzar acuerdos que permitan diseñar estrategias que sometan a los facinerosos”.
“Es indispensable que todos participen de este esfuerzo por vencer a los transgresores de la Ley; las autoridades gubernamentales, los congresistas, los operadores de justicia, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad y la cooperación internacional, pueden –juntos- hacer cosas extraordinarias que impacten positivamente en la población” finalizó exteriorizando.
