OMAR RIVERA: SEGUIRÉ COMPROMETIDO CON LA REEDIFICACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS
Después que un tribunal especial, integrado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desestimara una querella interpuesta, el 6 de diciembre de 2016, contra Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, este manifestó su satisfacción y se comprometió a continuar haciendo esfuerzos en el proceso de reforma de esa entidad armada.
Rivera, en un mensaje hecho público a través de la red social Twitter, declaró” “Agradezco a Dios, a mi abogada, a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a los amigos y seres queridos que me respaldaron en estos últimos meses. Satisfecho porque declararon sin lugar las querellas en mi contra; las desestimaron como consecuencia de la excepción por falta de acción del proceso penal, lo que implicará un sobreseimiento definitivo a favor nuestro. Seguiré comprometido con la reedificación de la Policía Nacional de Honduras”.
El depurador fue acusado de injurias constitutivas de difamación, por el abogado Leonel Humberto Núñez, en representación de los policías cancelados Emiliano Pérez Cáceres, Víctor Manuel Cruz Salgado y Saraí Maradiaga Hernández, quienes prestaban servicio en la Unidad Metropolitana No. 2 de Zona Belén del Municipio del Distrito Central, y fueron cancelados en diciembre del año 2016.
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.
