SOCIEDAD CIVIL HONDUREÑA BUSCA APOYO INTERNACIONAL A INICIATIVA DE REFORMAS POLÍTICO ELECTORALES
Una delegación de representantes de la sociedad civil hondureña viajó a Washington, DC, Estados Unidos de América, a sostener reuniones con importantes funcionarios gubernamentales, legisladores, ejecutivos de organismos internacionales y líderes de organizaciones no gubernamentales (ONG) norteamericanas, a fin de poder presentar una iniciativa de reformas electorales conducentes a transformar el anquilosado sistema político imperante en Honduras.
La iniciativa, que es impulsada por importantes redes de la sociedad civil de Honduras y de influyentes movimientos sociales de la nación, busca recibir el respaldo de la comunidad internacional para que -con fuerza y celeridad- subsane las falencias de la institucionalidad electoral y el diseño del imperfecto esquema político nacional.
El periplo ciudadano incluye una sesión con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre quienes destaca John Creamer, subsecretario del buró de asuntos del hemisferio occidental (WHA); asimismo, una reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Del mismo modo, se sostendrán jornadas de diálogo con miembros de Comité de Relaciones Exteriores de Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, y un conversatorio con representantes de ONG estadounidenses que dan seguimiento a la problemática en Honduras.
La comitiva de la sociedad civil hondureña está conformada por Carlos Hernández y Omar Rivera de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Amanda Madrid de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo e Honduras (FOPRIDEH); y Jorge Galeano de World Vision Honduras (WVH).
PROPUESTAS DE REFORMAS ELECTORALES
Luego de realizadas las elecciones general del 2017 que demostraron que el sistema político electoral hondureño está colapsado y necesita cambios radicales, diversas organizaciones de sociedad civil de Honduras, promueven cambios en la legislación vigente que permitan la despartidización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y demás organismos de identificación de las personas, ciudadanización de la integración de las Mesas Electorales Receptoras (MER), reconfiguración de distritos electorales, consulta pública sobre la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral, entre otras.
Del mismo modo, se plantea como impostergable modificar los mecanismos para seleccionar los altos funcionarios del Estado de entidades operadoras de justicia, contraloras, tales como el Ministerio Público (MP), Poder Judicial, Procuraduría General de la República (PGR), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otros, a fin de generar contrapesos al poder público y un balance en el ejercicio de poder.
Finalmente, se establece como prioritario diseñar e implementar Medidas de Política Pública en áreas claves de la vida nacional como ser educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, empleo, lucha contra la corrupción y transparencia, respeto a los derechos humanos, entre otros, y conformar un gobierno de unidad nacional constituido sobre la base del principio constitucional de integración.
