Glenda Ayala, afirmó que las reformas penales de alguna manera están limitando competencias y garantías constitucionales
La Comisionada Nacional Contra la Tortura, abogada Glenda Ayala manifestó que en el teme d las reformas del sistema penitenciario nacional no se les tomó en cuenta t en la discusión del proyecto para ser presentado al Congreso Nacional.
“Hay una fuerte preocupación de mi parte como miembro del Comité Nacional de Prevención de Tortura, porque las pretendidas reformas de alguna manera están limitando competencias y garantías constitucionales para tomar participación sobre la vigilancia y control de los actos de la administración penitenciaria”, añadió.
La Comisionada dio a conocer que algunas de las reformas a las que pudo tener acceso se refieren a la ley actual establece que cuando una persona deba ser trasladada a un centro penitenciario, se debe notificar con 24 horas de antelación al juez de ejecución, quien es el funcionario o la garantía prevista por el Estado para vigilar y controlar los actos y corregir aquellos abusos y desviaciones en que incurra la administración penitenciaria.
“Este articulo desaparece cuando se trate de clasificación de privados de libertad a un régimen de máxima seguridad y de alguna manera violenta garantías constitucionales en el artículo 8 de la convención Americana de Derechos Humanos”, finalizó
