Ley de Política Limpia es vacuna contra la corrupción en campañas electorales: secretario general de OEA
Tegucigalpa.- “La Ley de Política Limpia es como una vacuna del sistema político hondureño, ante la grave enfermedad que representan las malas prácticas financieras electorales y el cómplice silencio de quienes miran hacia el costado, aceptando las reglas de juego”, expresó hoy el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Lo anterior fue manifestado por Almagro en Casa Presidencial, en el marco de la promulgación de la Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de partidos políticos, acción considerada como uno de los logros más importantes alcanzados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), desde su llegada al país, hace casi un año.
“Honduras se inscribe así en la lista de países que, a través del blindaje financiero y fiscal de los partidos políticos, realiza labores preventivas en materia de combate a la corrupción e impunidad”, subrayó el alto funcionario de la OEA.
También acotó que “contemporáneamente se han dado inicio a las tareas de investigación junto con el Ministerio Público en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)” y que “los resultados alcanzados durante estos primeros meses son tangibles”.
A continuación el discurso del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La corrupción es un mal endémico de las democracias contemporáneas, deteriora la cohesión social, destruye la confianza de las instituciones, reduce la política a una simple actividad primitiva que conduce al desencanto popular.
La corrupción se ha transformado en una especie de privatización del Estado, de secuestro de los poderes públicos por parte de unos pocos que disponen de lo que es de todos.
Los gobernantes y políticos corruptos se vuelven directa o indirectamente en explotadores de otros ciudadanos que han confiado en ellos la administración de los bienes públicos que son de todos.
En estos procesos los que más pierden son los más pobres; cada lempira malversado significa menos medicina, menos alimento, menos salud, menos educación, más desigualdad y precariedad económica y social.
Este círculo vicioso tiene su inicio en los procesos electorales; las campañas, los intereses desleales se personifican, quienes tienen el poder en ocasiones generan turbios nexos y quienes lo buscan dan a cambio sus valores y su dignidad, en una lamentable ecuación donde el fin termina justificando los medios.
Hace un año y medio estuve con ustedes para que conjuntamente empezáramos a buscar salidas al problema de la corrupción y la impunidad; no veíamos un camino fácil dados los retos que esta lucha implica, pero a pesar de todas las contrariedades y los desafíos, no cambiamos nuestro curso de acción: ante la corrupción, tolerancia cero.
Con la construcción de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) dimos un paso trascendental en esa dirección, generando expectativas de cambio en la opinión pública que estábamos dispuestos a cumplir.
Dicho paso fue posible gracias al Gobierno, la sociedad civil y la valentía de muchos hondureños comprometidos con hacer de este país un mejor lugar para todos.
La Maccih, a partir de un enfoque integral, estratégico, ha facilitado una serie de acciones para reformar las estructuras legales y hacerlas aptas para el combate a la corrupción.
Contemporáneamente se han dado inicio a las tareas de investigación junto con el Ministerio Público en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los resultados alcanzados durante estos primeros meses son tangibles.
Se ha logrado construir el andamiaje institucional y jurídico mediante la creación de la Jurisdicción Nacional Anticorrupción y la aprobación de la Ley de Financiación, Transparencia y Fiscalización de partidos políticos en Honduras, conocida como la “Ley de Política Limpia”.
Esta jurisdicción especial significa un cambio cualitativo sobre la forma en que se imparte justicia en materia de delitos de corrupción.
Se ha creado un riguroso mecanismo de selección y ya se ha culminado el proceso de concurso de jueces y magistrados, en donde participa la Maccih-OEA y está presente la sociedad civil.
Esta iniciativa será complementada con la creación de una unidad especial de fiscales anticorrupción, quienes en colaboración con la Maccih e investigarán los casos y redes más complejas de corrupción en el país.
La Misión también ha venido trabajando conjuntamente con el Ministerio Público en las investigaciones del escándalo de corrupción relacionado con el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), trabajando en los 47 casos en investigación y 15 judicializados.
La Misión colaboró en la estrategia que empleó el Ministerio Público para sustentar su acusación en el juicio oral que tuvo lugar en diciembre de 2016 y que terminó con la condena contra Mario Zelaya, exdirector del IHSS, por un caso de almacenamiento ilegal de armas.
Anclada en esta cooperación, se logró la primera sentencia condenatoria firme contra un miembro principal de la red criminal que intervino en el más notorio caso de corrupción en la historia de Honduras.
Esta es la primera gran noticia en la lucha contra la corrupción en el país y sienta las bases para continuarla con la misma contundencia.
Asimismo, la Misión está apoyando al Ministerio Público en el primer juicio oral contra Mario Zelaya por un caso de corrupción conocido como el caso del migrante hondureño.
En este caso, quiero resaltar que la colaboración de la Maccih con el Ministerio Público abarca tanto el diseño conjunto de estrategias jurídicas para afrontar los juicios, así como exámenes de oportunidad y de contundencia probatoria de los casos.
La Maccih también ha colaborado activamente con la Procuraduría General de la Nación (PGR), en el fomento de una sólida política anticorrupción consistente en no admitir conciliaciones en casos de corrupción.
Para ello, la Misión ha generado protocolos para fundamentar mecanismos de trabajo conjunto a ser firmados con todas las instituciones del Sistema de Justicia Penal, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros.
El hecho que la PGR hoy no admita conciliaciones en casos de corrupción, supone que hay unanimidad en torno a la gravedad de estos casos, que no pueden admitir concesión alguna.
De igual forma, la Maccih-OEA ha facilitado la instrumentación de reformas jurídicas para optimizar la lucha anticorrupción, con aportes realizados a un nuevo Código Penal.
Se presentaron recomendaciones técnicas al proyecto de Código Penal en actual debate en el Congreso Nacional, con el objeto de tener una mejor persecución penal de los delitos de corrupción que requieren ser ajustados en sus tipos penales, incrementar las penas y eliminar mecanismos que impidan judicializar los casos de corrupción. Todo ello, alineado a los estándares de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Asimismo, la Maccih realizó una serie de recomendaciones para el proceso de selección de las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (TSC) basadas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de implementación, el Mesicic.
Se intenta así fortalecer la autonomía y eficacia del Tribunal Superior de Cuentas, que está a cargo de supervisar que los recursos del Estado de Honduras no sean apropiados indebidamente.
Asimismo, se ha iniciado la creación del sistema descentralizado de observatorios de justicia penal, que serán plataformas de información que producirán indicadores de gestión en materia de justicia, impunidad y corrupción, que serán definidos por las propias organizaciones de la sociedad civil.
Los observatorios generarán espacios de diálogo, reflexión y participación social y de medición de cuentas.
La OEA se ha comprometido a incrementar la participación de la sociedad civil en todas las actividades vinculadas a la Organización.
Este compromiso se sustenta en principios fundamentales, garantizados en la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 6 sostiene que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad”.
La sociedad civil tendrá un papel clave en la construcción de un sistema de observatorios descentralizados que contemple las diversas realidades de las regiones del país, que contribuirá a la construcción de institucionalidad anticorrupción.
La democracia evoluciona en la medida que la ciudadanía participe y juegue un papel protagónico a la hora de tomar las decisiones que afecten su futuro.
Si la clase política no muestra señales de que lucha genuinamente contra la corrupción y la impunidad, la desafección continuará y esa lucha tiene que ser impulsada desde la sociedad civil.
Hoy soy testigo de la promulgación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, conocida como “Ley de Política Limpia”, que fue aprobada el 20 de octubre por mayoría calificada.
Hay que mencionar que los legisladores de todos los partidos políticos votaron a favor de ésta ley como una herramienta de combate a la corrupción. Mi reconocimiento a todos ellos y al presidente del Honorable Congreso Nacional, aquí presente.
En este proceso la Maccih acompañó activamente a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, y fue ese esfuerzo conjunto y decidido el que ha motivado este histórico momento para Honduras.
Esta ley cuenta con herramientas que harán que las campañas electorales y partidos políticos sean más transparentes, exista una correcta rendición de cuentas y se evite que dinero incierto e ilegal ingrese a la política.
Honduras se inscribe así en la lista de países que, a través del blindaje financiero y fiscal de los partidos políticos, realiza labores preventivas, en materia de combate a la corrupción e impunidad.
La Ley de Política Limpia es como una vacuna del sistema político hondureño, ante la grave enfermedad que representan las malas prácticas financieras electorales y el cómplice silencio de quienes miran hacia el costado, aceptando las reglas de juego.
A través de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización todos los pre-candidatos, candidatos, alianzas y partidos políticos están obligados a declarar cada lempira que reciban y gasten tanto en procesos electorales como periodos ordinarios.
Por primera vez en Honduras existirán límites en los gastos de campaña, así como en las aportaciones de personas naturales y jurídicas.
Se establece, además, la suspensión de publicidad estatal durante el periodo electoral hasta la jornada de elecciones. Esto implica favorecer la igualdad de condiciones entre todos los candidatos.
Además, como innovación en las Américas se crean figuras jurídicas que se podrán invocar cuando se compruebe ante autoridad competente la participación de dinero ilícito en campañas electorales, provocando ello la nulidad de la elección.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización cuenta con la facultad de levantar el secreto bancario cuando se descubran operaciones sospechosas.
Con la Ley de Política Limpia, se trabaja junto el Instituto de Acceso a la Información Pública para denotar la transparencia de los partidos políticos.
Esta ley no solo es una herramienta para combatir la corrupción, es también una herramienta que busca que todos los hondureños comiencen a reconstituir lazos de confianza a sus gobernantes y representantes en temas de anticorrupción. Sin duda alguna, fortalecerá la democracia del país.
La globalización impone un imperativo de modernización a todas las democracias del mundo: la trasparencia no es una moda, es un valor referencial que llegó para quedarse.
Este paso que hoy da Honduras, no es para que se quede en el papel.
Es un esfuerzo en el que el pueblo, el Gobierno y la sociedad civil demuestran que se puede caminar juntos, y hacer un frente común a los enemigos de la democracia y de que la ley funcione para beneficio de todos y no de unos pocos corruptos que poco le valen los intereses de la gente.
Desde la Maccih y la OEA velaremos para que esta ley no sólo refleje la voluntad política de hoy, sino el compromiso de que se trata de una política de Estado, de carácter nacional, que sobrepasa el interés político coyuntural y se inscribe en un proceso profundo de cambio hacia más transparencia y rendición de cuentas.
La crítica que se le puede hacer a la Maccih hoy, no es porque no funcione, sino porque lo hace bien; el problema de la Maccih no es que no dé resultados, sino que está dando resultados. Ese es el problema que pueden sentir algunos que pueden estar involucrados a casos de corrupción.
