Junta Interventora para la UNA fue aprobada por unanimidad en el CN
Por unanimidad de votos el Congreso Nacional aprobó anoche una Junta Interventora para solventar la crisis en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) con facultades hasta para separar al Rector.
Entre aplausos los estudiantes de la UNA recibieron la aprobación del decreto que da vida a la Comisión Interventora en ese centro educativo y que tendrá amplias facultades por un periodo de 12 meses prorrogables, en los cuales quedan suspendidos el Rector Marlon Escoto así como la Vicerrectoría y el Consejo Directivo.
El representante de la comunidad estudiantil Rafael Pineda manifestó, ¨doce meses es el tiempo necesario para resolver la crisis académica, de administración y gobernabilidad, vamos a estar garantes, cada tres meses se brindara un informe¨, ¨queremos saber cuáles son las soluciones que va a presentar esta Comisión¨.
Por su parte el diputado Darío Banegas explicó que ¨la Junta tendrá amplios poderes y asume la representación legal de la universidad y sustituye a los rectores, administradores y académicos, quienes están funcionando, de manera que los integrantes de esta Comisión Interventora se convierten en el gobierno de la universidad¨.
La Comisión estará adscrita al Poder Ejecutivo y estará integrada por tres miembros. quienes serán nombrados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Consejo de Educación Superior y un tercero por el Consejo Nacional de Educación.
El diputado Eduardo Casaña integrante de la Comisión de Educación del Congreso Nacional expresó que, ¨esperamos se pueda recuperar toda la vida institucional, la academia que es la que nos importa¨.
Asimismo la diputada Teresa Calix también miembro de la Comisión de Educación apuntó que. ¨la Comisión fue aprobada para revisar cual es la crisis de la universidad en sí, porque tantos intereses y no pensar realmente en los intereses de los muchachos, de los estudiantes que sabemos que con mucha dificultad llegan a la universidad¨.
La Comisión tiene entre sus facultades suspender, separar, reubicar y reintegrar en sus cargos a las autoridades y al personal en todos los niveles y presentar informes trimestrales al Congreso Nacional.
