InSight Crime: Depuración de la policía de Honduras apunta a abogados que limpiaban antecedentes
Las autoridades de Honduras se encuentran investigando a funcionarios jurídicos que presuntamente aceptaron sobornos para limpiar los antecedentes de oficiales expulsados durante una depuración de la policía, lo cual pone de manifiesto un nuevo nivel de corrupción en las instituciones hondureñas.
El 2 de noviembre, los investigadores allanaron las oficinas de la Secretaría de Seguridad de Honduras y decomisaron archivos que según ellos pueden ser la base para acusar de corrupción a siete abogados de las direcciones de Recursos Humanos y Asesoría Legal, informó La Prensa.
Después de los allanamientos se obtuvieron testimonios de informantes que dicen que los funcionarios cobraban entre 5.000 y 50.000 lempiras (entre US$215 y 2.150) para alterar o desaparecer los registros de agentes de la policía, según otro informe de La Prensa.
Los abogados ofrecían este servicio a los agentes que habían perdido sus empleos como parte de una depuración de la policía que se ha venido adelantando y que querían tener su hoja de antecedentes limpia para encontrar otro trabajo fácilmente. Incluso, según los informes, algunos regresaron a la institución después de haber sido despedidos.
Los investigadores también están estudiando denuncias según las cuales los abogados recibieron sobornos para ayudarles a los agentes de policía a reclamar indemnizaciones de parte de la secretaría, así como presuntas irregularidades de contratación y el uso indebido de vehículos del gobierno, informó La Prensa.
Análisis de InSight Crime
En los últimos años, Honduras ha llevado a cabo varios intentos de depurar a la policía de elementos corruptos. En su mayor parte, estos programas han sido criticados por ineficaces y por enfocarse en los niveles inferiores, pues los oficiales de rangos bajos han perdido sus puestos, mientras que los altos mandos han logrado evadir los castigos.
Sin embargo, la más reciente unidad de lucha contra la corrupción, que se encuentra actualmente a medio camino de su mandato de 12 meses, ha mostrado signos positivos de estar expandiendo las investigaciones para superar la superficialidad que caracterizó a los programas anteriores. En sus primeros dos meses, el organismo evaluó a los 272 miembros de más alto rango en la policía, de los cuales 40 por ciento fueron despedidos, suspendidos o presentaron su renuncia voluntariamente.
Sin embargo, la evidente existencia de una red de funcionarios corruptos que han limpiado los antecedentes de los agentes despedidos es una clara muestra de la corrupción en muchos niveles que afecta a las instituciones de seguridad hondureñas. Otros dos ejemplos prominentes son el asesinato del Zar antidroga del país en 2009 y el asesinato de su suplente en 2011, los cuales al parecer fueron cometidos por policías corruptos quienes seguían las órdenes de un narcotraficante. A pesar de la convincente evidencia que implica a altos oficiales en los homicidios, ningún caso ha sido llevado a la corte.
Es un signo alentador que las autoridades hondureñas continúen con sus intentos de desmantelar estas estructuras en múltiples niveles. Pero, al mismo tiempo, los detalles que revelan estas investigaciones indican que la corrupción está tan profundamente arraigada que quizá resultará demasiado difícil erradicarla por completo.
