A dos años de la masacre de Ayotzinapa la verdad sigue oculta en México
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik).— El lunes 26 de septiembre se cumplen dos años de una masacre sin esclarecer, convertida en símbolo de la impunidad en México: los ataques a balazos y persecución de cinco autobuses repletos de estudiantes saldados con seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
«La nueva investigación federal y los resultados tienen que ser respaldados por la procuradora (fiscal) para que lo señalado en términos de responsabilidad de los funcionarios se cumpla y también se realice la investigación penal», dijo a Sputnik Nóvosti el abogado de las víctimas Edgar Cortez, director del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDHyD).
Días antes del aniversario, el cuestionado principal investigador del caso, el súper policía Tomás Zerón de Lucio, jefe federal de investigación criminal, renunció a su cargo, dos semanas antes del aniversario, una dimisión que habían pedido los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero horas después de la dimisión, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo designó al Consejo de Seguridad Nacional, una decisión considerada como una afrenta por el movimiento de derechos humanos y las familias de las víctimas.
La llamada Masacre de Iguala fue perpetrada en la ciudad de Iguala (220 km al sur de la capital), según la investigación federal —llamada ‘verdad histórica’— por agentes de varios municipios confabulados con narcotraficantes en un basurero del pueblo vecino de Cocula, a la vera del Rio San Juan, donde lanzaron en bolsas los restos calcinados de al menos 17 de los 43 jóvenes.
De esos restos solo fueron identificados dos muchachos desaparecidos, por pruebas genéticas de ADN en los restos, cruzados con las muestras de sangre de las familiares, en un laboratorio de Innsbruck, Austria, y nada se sabe de los otros 26 desaparecidos, sin rastro alguno.
A casi dos años de la tragedia, la nueva Fiscalía de México —tras la renuncia de Zerón, acusado de alterar la escena del crimen— reveló unos 40 nuevos sitios con posibles restos humanos, las llamadas fosas clandestinas, que abundan en México por la extensión del crimen organizado.
Prometió que allí emprenderá la búsqueda de estudiantes desaparecidos tras la masacre de hace casi dos años, lo cual ha desatado una nueva controversia sobre la fallida investigación.
«Que el anuncio de los nuevos hallazgos de esta investigación sea casi simultáneo con la salida de Zerón para que el presidente le dé otro cargo, es la evidencia de que su cargo es político y no técnico pericial», dijo a esta agencia el defensor humanitario y exsacerdote jesuita Edgar Cortez.
Zerón de Lucio fue acusado por los expertos de la CIDH de haber «alterado la escena del crimen» donde supuestamente fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los expertos de de la CIDH desataron un escándalo al revelar en el informe final de su mandato una crucial diligencia secreta, sin registro en los expedientes federales, del entonces jefe máximo de la AIC y agentes federales en el Río San Juan, el 28 de octubre del 2014, casi un mes después de la masacre de estudiantes, en la que habrían participado policías confabulados con narcotraficantes del grupo criminal autodenominado Guerrero Unidos.
Aquel día, Zerón encontró la presunta pieza crucial del rompecabezas de la llamada ‘verdad histórica oficial’, cuando subió a un helicóptero federal a un imputado, que la madrugada de ese día había confesado bajo tortura su participación en el asesinato e incineración de decenas cuerpos en el basurero del pueblo de Cocula, en una pira que hasta la fecha no logra acuerdo entre los peritos en fuego.
La nueva investigación de la PGR vinculada con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) «sepulta la verdad histórica y obliga a desarrollar la investigación de las líneas en las que no se ha hecho casi nada», puntualiza Cortez.
La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto «no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México», dijo en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las autoridades mexicanas «han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen», dijo el organismo internacional. Afirmó que «la cínica respuesta del presidente mexicano lustra la insensata actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos», puntualizó Guevara-Rosas.
Tomado de mundo.sputniknews.com
