La Asociación para una Sociedad más Justa propuso una veeduría al Tribunal Superior de Cuentas para la elección de sus nuevos magistrados
Tegucigalpa.-La Asociación para una Sociedad más Justa (APJ), presentó este día una propuesta de veeduría al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), esto en el marco del próximo nombramiento del nuevo pleno de magistrados de ese ente contralor del Estado.
El nuevo nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas se tiene previsto para el próximo mes de octubre, según se dio a conocer el nombramiento será previo a la clausura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional de la República.
Los magistrados iniciarían funciones en diciembre de este año y estarían en el cargo por un periodo de 7 años.
La Asociación para una Sociedad más Justa (APJ), ha diseñado una iniciativa de veeduría ciudadana para los próximos seis meses, esta estará enfocada en brindar respuestas más efectivas en las expectativas y demandas que tiene la población en el control de los recursos públicos, con el objetivo de reducir la corrupción, dijo Carlos Hernández presidente ejecutivo de la APJ.
Expresó Hernández que el nuevo pleno de magistrados, tendrá además de las tarea que le confiere la Ley, atender la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), al igual que dar seguimiento al mecanismo de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Recalcó el funcionario que la APJ, ha identificado una serie de falencias en perjuicio de la lucha contra la corrupción en Honduras, esto con respecto al mandato del TSC en temas como el delito de enriquecimiento ilícito y los resultados obtenidos en los últimos años lo reflejan, indicó.
Cabe mencionar que la veeduría propone que la investigación sea en cinco áreas específicas del mandato legal y gestión institucional del TSC tales como: Metodología, Capacidad instalada, Costos, Tiempos y Resultados en la Investigación del TSC, en acompañamiento y el fortalecimiento al control interno e institucional, seguimiento a los hallazgos y las recomendaciones de las autoridades externas.
Concluye la propuesta que el análisis de los resultados de los pliegos de responsabilidad administrativa civil y penal en las instancias jurisdiccionales competentes, será encaminado a promover las reformas legales a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
