Informe InSight Crime: Claudia Paz y Paz y la revolución que inició en Guatemala

La exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz se ha llevado su bien ganada cuota de elogios y aplausos. Estuvo nominada al premio Nobel de la Paz en 2013, y un alto diplomático estadounidense la nombró en una ocasión como una de las cinco mujeres más poderosas de la política. Incluso fue el tema de un documental lanzado en 2015.

Pese a su renombre, puede decirse que el rol de Paz y Paz como catalizador de la avalancha de escándalos por corrupción que sacudieron los cimientos políticos en su natal Guatemala ha sido totalmente ignorado y poco reconocido.

Los escándalos, el primero de los cuales estalló en abril de 2015, llevaron a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxanna Baldetti acusados de múltiples cargos de corrupción. También pusieron en el centro de la atención internacional a su sucesora, Thelma Aldana, y a su homólogo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Sin embargo, Paz y Paz, se ha mantenido en gran parte fuera de los reflectores. Al escucharla, da la impresión de que así lo prefiere. Pero sería un error confundir su ausencia con insignificancia, o su modestia con equivocación.

Paz y Paz cambió totalmente el estatus quo de la impunidad en Guatemala quizás más que cualquier otro funcionario público en las últimas décadas. Como fiscal general, se centró en los derechos de las víctimas y enjuició a los cabecillas de organizaciones criminales que por largo tiempo se habían valido de la notoria debilidad y corrupción de las instituciones del país. Su caso más notorio se dio en 2013, cuando el gobierno logró condenar al general retirado Efraín Ríos Montt por genocidio, durante la guerra civil que por décadas padeció el país.

El contragolpe al histórico fallo fue rápido y decisivo. La Corte Constitucional de Guatemala revocó la decisión apenas diez días después, y en el término de un año fue obligada a salir de la Fiscalía General. Más adelante se le levantaron cargos por malos manejos de fondos públicos, pero Paz y Paz ya había salido del país.

InSight Crime se reunió hace poco con Paz y Paz para hablar sobre su controvertido mandato como fiscal general, los últimos escándalos de corrupción, la evolución de la CICIG, y lo que le espera a la campaña contra la impunidad en Guatemala.

¿Cuál es su reacción acerca de todo lo que ha ocurrido en Guatemala, en cuanto a la corrupción, en el año y medio que ha pasado? Puedo imaginarme que debe ser algo agridulce.

Yo creo que para mí, para cualquier otra ciudadana de Guatemala es un avance en el sistema de justicia que se [hayan] logrado presentar estos casos de corrupción que involucran a altos exfuncionarios públicos y que develan también la forma de operar de estas estructuras que asaltaban el estado para tener ganancias privadas, y hacerse de los fondos públicos.

¿Está sorprendida por lo que sucedió con Pérez Molina y Baldetti?

Había muchas denuncias, sobre todo investigaciones periodísticas que denunciaban su enriquecimiento inexplicable, pero creo que ninguno nos imaginábamos a cabalidad la forma de operar de estas estructuras ilegales.

¿Y por qué cree que salió a la luz el último año, y no antes? ¿Qué cambió, en su opinión?

Yo creo que la estrategia decisiva de los casos fue bastante más proactiva y tenía una agenda definida de temas a investigar. Es decir, no esperaban que los casos llegaran ahí, sino que se enfocaron en investigar contrabando y financiamiento ilícito, y a partir de ahí trazaron la ruta de la investigación. Yo creo que eso cambió, y eso hizo que las investigaciones pudieran avanzar mucho más.

También cambió que la capacidad de investigar este tipo de casos era sumamente reducida y, en 2013… 2014, se fortaleció la unidad de análisis. Se cambió de unidad de análisis a dirección de análisis en el Ministerio Público, y pasó de tener diez personas a tener ciento cuarenta, entre ellas cuarenta auditores. Esa dirección de análisis se fusionó con los analistas financieros que ya tenía CICIG y trabajan juntos los casos; entonces ese es el cambio importante

E imagino también desde afuera, que una vez iniciaron unos casos a partir de la información encontrada en allanamientos, computadores, escuchas telefónicas, colaboradores eficaces es que estas investigaciones se han podido profundizar.

¿Cómo fue la relación entre la CICIG y el Ministerio público cuando usted era el fiscal, y cómo cree ha cambiado hoy en día la relación entre las dos entidades?

Yo creo que la relación ha sido de fortalecimiento, decisiva en el Ministerio Público, quizá en mi época era más fortalecimiento institucional, por lo que te comento que trabajamos desde la dirección de análisis fue con la asesoría de CICIG. Igual trabajamos en el sistema de protección de testigos, en el departamento de seguridad del Ministerio Público. Creo que ahora está más enfocada en casos.

El escándalo de corrupción ha tocado un nervio de la población guatemalteca y de la comunidad internacional de una manera que no la tocó la condena por genocidio. ¿Por qué piensa que es así?

Creo que ambos casos son muy importantes, de una forma distinta. Creo que el caso por genocidio, su mayor importancia es que, finalmente, se abrieron las puertas de la justicia para ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, para quienes habían estado cerradas durante tres décadas. Creo que una situación de violencia extrema como la que ocurrió en el área rural, pero también en otras partes del país en los años ochenta, debía de conocerse, debía de ser juzgada y los responsables debían ser sancionados para que estos hechos no volvieran a ocurrir en el país.

Y, quizás, una distancia es que la discusión alrededor del caso de genocidio fue más bien de parte de los grupos que simpatizaban con los perpetradores, quienes descalificaron el caso como venganza y no como justicia, como para llevarlo a un terreno ideológico.

Eso no ocurrió en el 2015 con el caso de corrupción, quizá porque era muy cercano a una gran parte de la población.

Los efectos de la corrupción se sentían en cuanto a que se cerraban los hospitales, no había gasolina para que funcionaran las patrullas, la debilidad del estado debido al enriquecimiento ilícito de los gobernantes era muy sentida y también el alargue de riqueza de parte de algunos de los que están ahora procesados era muy, muy evidente, un contraste muy grande, entre personas que tenían yates, aviones, helicópteros, mansiones, y que no había medicina en los hospitales, y por eso es que la ciudadanía salió a las calles a reclamar la continuidad de la CICIG, o a exigir que el presidente, o en ese entonces presidente, pidiera que siguiera CICIG en Guatemala y también que se enfrentara a la corrupción, que se llevara la justicia a los responsables.

Sin embargo, ahora, de nuevo hay campañas de desprestigio alrededor del caso por los grupos que simpatizan con los perpetradores.

Es cierto, y estoy seguro de que sabe que [la actual fiscal general] Thelma Aldana recientemente dijo que tenía miedo, es de creerse que como resultado de estos casos de corrupción. ¿Alguna vez sintió su seguridad personal en juego como Fiscal General? Y en caso tal, ¿de dónde pensaba venían las amenazas, si fueron así?

No, en mi caso lo que hubo fue campaña de desprestigio muy fuerte, y la presentación de demandas penales.
¿Cómo fue la campaña de desprestigio? ¿Qué hicieron?

Pues, cuando se estaba llevando el juicio por genocidio, lo que le decía: que mi familia, o que yo había pertenecido a grupos de izquierda, que si yo era guerrillera, que si mi familia era terrorista, etc. Los argumentos no eran sobre la solidez de las pruebas y las evidencias presentadas en el juicio, que eran muy, muy fuertes, sino alrededor de las personas.

Diez días después de que Ríos Montt fuese condenado, la corte de constitucionalidad anuló la decisión. Y ahora, más de tres años después, él sigue siendo un hombre libre. Los fiscales ni siquiera pueden conseguir un nuevo juicio.

¿A qué cree que se debe esto?

La decisión de la corte de constitucionalidad sin duda no fue una decisión jurídica, fue una decisión política, y no fue una decisión por unanimidad sino fue un voto, dos votos razonados. Creo que un problema de esa decisión es que la corte de la constitucionalidad únicamente interviene cuando todos los otros recursos se han agotado, es decir en este caso era una sentencia a primer instancia; había que esperar el fallo de la sala de apelaciones, podía conocer la corte suprema de la justicia en cada sesión, y después de agotados estos recursos, podía conocer la corte de constitucionalidad. En este caso la corte de constitucionalidad intervino directamente sobre el juicio, y no permitió que los recursos ordinarios para reconocer si es que hubiera fallas al debido proceso operaran. Había prisa por anular el juicio.

Mirando atrás, ¿tiene algún arrepentimiento en cómo manejó el caso? Había rumores durante ese tiempo de que usted estaba haciendo mucha presión por el genocidio, que quizá debió haber buscado cargos menos polémicos.

Yo cumplí con mi deber como fiscal general de permitir que la investigación fuera una investigación seria, una investigación objetiva y que cuando se tuviera la evidencia suficiente pues se solicitaran las órdenes de captura.

Pues en este caso él se presentó voluntariamente, recuerdo, en enero del 2012. […] Lo que nosotros no podríamos haber hecho como fiscales era evitar que un caso, una investigación sólida, se presentara ante los tribunales.

Considerando lo que sucedió con Ríos Montt, ¿prevé usted que el Ministerio Público enfrente resistencias similares esta segunda vez que se busca procesar a Pérez Molina y Baldetti? ¿Hay paralelos en los dos casos?

Yo lo veo de una manera diferente. Yo creo que el juicio por genocidio y otros juicios importantes que se adelantaron durante mi gestión como fiscal general —este caso, pero también por ejemplo el caso en contra de alrededor de cien integrantes de la estructura de los Zetas y ahora el caso de Facundo Cabral— son casos que lo que han hecho es fortalecer tanto el Ministerio Público como el organismo judicial.

Le decía que hay funcionarios probos y valientes, jueces que han sido capaces de llevar adelante procesos tan importantes como el del genocidio, y esas fortalezas permitieron que ahora se presentaran estos otros casos que en su momento fueron impensables.

Y sin embargo, una de las críticas más comunes hechas por activistas anticorrupción es que el Ministerio Público y el CICIG aún no se dirigen a la raíz de los problemas de Guatemala: que las instituciones mismas permanecen corruptas, que los llamados “poderes implícitos” siguen en su lugar.

¿Piensa usted que Guatemala está avanzando hacia una reforma institucional, o se devolverá el sistema a su estado natural de corrupción?

Yo lo que creo es que hay que ser conscientes de qué le toca a cada quién. O sea no le podemos pedir a los fiscales, al ministerio público, a la fiscal general ni a la CICIG ni al comisionado que hagan la reforma del estado. Ellos tienen un papel claro que jugar, que es lo que están haciendo, que es investigar casos donde están involucrados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y llevar estos casos a los tribunales para que sean juzgados.

Pero ellos no pueden ser los responsables de la reforma institucional. Eso les toca a los guatemaltecos y guatemaltecas. Sí se ha abierto la discusión frente a la reforma constitucional en cuanto a la elección de jueces y magistrados, que eso es un tema que está en la agenda de la CICIG, pero hay otros temas que van más allá y hay otros actores en el país que deben abanderarlos.

¿En qué sentido es el deber de los guatemaltecos el reformar las instituciones?

En el sentido de que CICIG y el Ministerio Público solos no pueden transformar el estado. Son una fuerza, pero debe haber otras fuerzas dentro del país que impulsen los cambios.

¿Pensaba usted que Pérez Molina iba a renovar el mandato del CICIG el año pasado? ¿Está sorprendida de lo que hizo, sabiendo lo que sabemos ahora?

Creo que él no tenía la voluntad de hacerlo, y que fueron los hechos los que le llevaron a solicitar la renovación de la CICIG. Él había dicho claramente que no, y luego delegó esta decisión en la distancia para el fortalecimiento de la justicia y fueron los hechos, los acontecimientos que no dependían de su voluntad, los que finalmente, pues, facilitaron esta solicitud de prórroga.

Hasta hace poco, usted era miembro del panel internacional de expertos que investigaba el caso de los estudiantes desaparecidos en México, ¿cómo fue eso? ¿Hay algunos paralelos con lo que experimentó en Guatemala?

Pues creo que la lección es que es necesario un socio interno, fuerte. En este caso, la CICIG lo encontró en el Ministerio Público para poder avanzar en el esclarecimiento. En el caso de México, de un caso tan importante como los 43 desaparecidos, esta voluntad del estado que recibe la asesoría o el acompañamiento internacional, es muy difícil que una situación tan, tan compleja pueda avanzar: tiene que haber una voluntad mínima en el esclarecimiento para que se esclarezcan los casos.

Cuando era fiscal, ¿cree que tenía el apoyo del estado y de la CICIG?

De CICIG, claro, siempre tengo el apoyo de CICIG, y del estado lo que nosotros tuvimos fueron equipos con la policía nacional civil, que trabajaba mano a mano con los fiscales, y que todavía siguen trabajando juntos. Entonces estos equipos, espejos, se llaman entre policías y fiscales, creo que son un ejemplo de una relación que muchas veces está rota en varios países dentro del continente, entre investigadores policiales y fiscales del ministerio público.

¿Bajo qué condiciones se fue de Guatemala?

Al terminar mi periodo, con mi familia decidimos que era mejor estar un tiempo fuera del país.

¿Piensa regresar algún día a Guatemala?

Claro, por supuesto. (risas)