66 años de prisión para asesino del hijo de la Rectora Julieta Castellanos
A 66 años de prisión fueron sentenciados los policías acusados por el asesinato de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos hijo de la rectora Julieta Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó por unanimidad de votos, la existencia de responsabilidad penal para los cuatro policías involucrados en el asesinato de los dos jóvenes universitarios; Rafael Alejandro Castellanos Vargas, y Carlos David Pineda Rodríguez.
Los expolicías sentenciados son: Rubén Pozo López, Santos Arnulfo Padilla, Gabriel Donatilo Marcia Hernández y Wilson Roberto Córdova Rodríguez a quienes el pleno de la Sala de lo Penal, integrada por los magistrados; José Olivio Rodríguez Vázquez quien actuó como coordinador y Rafael Bustillo Romero, al igual que Alma Consuelo Guzmán, pronunciaron la sentencia que confirmó mediante el recurso de casación por quebrantamiento de responsabilidad que ya había sido señalada por el Tribunal de Sentencia, con competencia nacional en materia penal ,que condenó a los expolicias antes mencionados .
Los operadores de justicia analizaron cada caso jurídicamente por lo que la Sala de lo Penal declaró el recurso de casación presentado por la defensa de los acusados contra la sentencia de fecha 09 de diciembre del año 2013.
En dicha sentencia se condenó a Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, como autor responsable de los delitos de asesinato, en perjuicio del joven Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez a la pena de 30 años de prisión por cada uno.
Entre tanto, para los otros tres exmiembros de la Policía Nacional; José Rubén Pozo López, Gabriel Donatilo Marcia Rodríguez y Wilson Roberto Córdova Rodríguez fueron condenados por los mismos cargos a una pena de 26 años de prisión por cada uno de los dos delitos para un total 52 años de cárcel, y por el delito de abusos de autoridad en perjuicio de la administración publica, seis años de prisión para un total de 58 años de cárcel.
La sentencia será ejecutada una vez se pronuncie la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y quien tendrá que remitir las diligencias al Tribunal de origen para que proceda la ejecución de la pena.
