FIDH dice que resulta «urgente» que el Estado «tome medidas integrales efectivas» para la protección de Derechos Humanos
Los defensores de derechos humanos se enfrentan en Honduras a «altos niveles de violencia», como lo puso en evidencia el asesinato en marzo de Berta Cáceres, por eso resulta «urgente» que el Estado «tome medidas integrales efectivas» para su seguridad, alertó hoy la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En la presentación hoy de las conclusiones preliminares de la misión que llevó a cabo del 11 al 15 de abril, la FIDH asociada con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT), alertó también de otros «problemas estructurales».
Se refirió así en un comunicado al «uso indebido del derecho penal» contra los defensores de derechos humanos, a «la impunidad de los ataques en su contra, la ausencia de medidas de protección eficaces y la creciente militarización».
Añadió que todo ello contribuye a que Honduras sea «uno de los países más difíciles a nivel regional para la defensa de los derechos humanos».
El OMCT-FIDH hizo notar que la muerte de Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el 3 de marzo en su domicilio pese a las medidas cautelares para su protección que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha suscitado la atención internacional en las últimas semanas.
Puntualizó que ese crimen «es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia» contra los que defienden los derechos humanos en ese país.
Para ilustrarlo, señaló que el 15 de marzo también fue asesinado otro integrante de la COPINH Nelson García, y que desde julio de 2015 se han contabilizado 40 «incidentes de seguridad» contra integrantes de asociaciones de colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), y eso incluye otros seis asesinatos.
Para la organización, la ley aprobada por el Congreso Nacional de Honduras en abril de 2015 para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia fue «un paso positivo», pero hay carencias por su falta de aplicación y por el retraso en su reglamento.
También consideró que Honduras tiene que hacer «una apuesta efectiva por implementar eficazmente las medidas cautelares de la CIDH y promover un entorno favorable para quienes defienden derechos humanos».
