Miles asisten al sepelio de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras

Miles de personas dieron el último adiós este sábado a la carismática dirigente indígena lenca Berta Cáceres, de 45 años, asesinada el jueves en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital hondureña, demandando justicia cuando aún no hay señales de los autores del crimen.

«Justicia, justicia», Berta vive, la lucha sigue, sigue», gritaban los asistentes al sepelio, procedentes de diferentes zonas del país, mientras trasladaban el féretro en un oficio religioso antes de ser llevado al cementerio de la ciudad natal de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Un hermano de Berta, Gustavo Cáceres, de los primeros en reconocer el cadáver, relató a la AFP que al menos dos encapuchados ingresaron la madrugada del jueves por la parte trasera a la vivienda donde dormía, y que su hermana se levantó al escuchar ruido y se enfrentó a los hombres hasta que la sometieron fracturándole un brazo y una pierna y le dispararon al menos ocho balazos a quemarropa.

Un mexicano que dormía en otra habitación, Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Amigos de la Tierra México y otras agrupaciones, salió a ver qué pasaba y le dispararon hiriéndolo en un brazo. Además, una bala le rozó la mejilla pero fingió estar muerto y no le dispararon más.

En un comunicado, la Cancillería mexicana dijo que esa persona, que se encontraba en el lugar de los hechos, está herida «aunque no de gravedad».

«Continúa atendiendo diligencias correspondientes a la investigación judicial, y se encuentra acompañado en todo momento por personal de protección de la Embajada», indicó la nota. Además, añadió el organismo, se están realizando «las gestiones necesarias para su repatriación a México».

Berta había vivido en la casa de su madre pero dos meses atrás se había mudado a otra vivienda. «Ahora entendemos que (mudarse) fue una forma de proteger a la familia», añadió Gustavo.

Las autoridades detuvieron al mexicano, al guardia de la colonia y a un compañero de Cáceres en el Copinh, que luego fue liberado, informaron familiares.

«Este es un crimen político. Se ha dicho y desmentimos rotundamente que se trate de un crimen pasional», dijo Olivia Zúniga Cáceres, hija de la dirigente ambientalista, en declaraciones a la Radio HRN, que transmite desde Tegucigalpa.

Víctima de amenazas

Según un informe del Equipo de Reflexión, Investigaciones y Comunicación (ERIC) de los jesuitas, la dirigente indígena había sido amenazada por policías, militares y paramilitares, desde que en abril de 2013 encabezó una serie de ocupaciones de carreteras y otras protestas de indígenas lencas contra una empresa hidroeléctrica china.

La compañía desistió del proyecto luego de que el Banco Mundial le retiró el financiamiento a causa de las protestas motivadas por el temor de los indígenas a que la empresa destruyera el río Gualcarque.

Más recientemente apareció otra empresa de hondureños adinerados –Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA)–, con otro proyecto en el mismo río y Cáceres reinició la lucha con las comunidades.

Ante las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dictó medidas cautelares.

«Ella tenía medidas cautelares a las que nunca renunció, eso es completamente falso», enfatizó la hija de la activista.

Culpan al gobierno

«Señalamos como responsable al Estado de Honduras porque no le brindó a Berta la protección que le exigió la CIDH, porque no investigó las amenazas y hostigamientos en su contra por parte de la Policía, militares y paramilitares», acusó ERIC en su informe.

Al contrario, se «profundizó su situación de vulnerabilidad al criminalizarla a través de acciones ilegítimas de jueces y fiscales», subrayó.

Cáceres fue acusada en los tribunales por la fiscalía de «portación ilegal de armas» pero ella sostuvo que policías le colocaron una pistola en el vehículo para incriminarla.

El asesinato de la ambientalista provocó reacciones de repudio en Honduras y a nivel de internacional.

Detenidos

Sobre las investigaciones en este caso, la hija de Cáceres dijo que sabe que «hay varias personas detenidas, pero no hay ninguna respuesta, no hay autores intelectuales ni materiales que nos digan con certeza que son los responsables del crimen».

La Policía de Honduras informó de la detención de dos personas supuestamente involucradas en el asesinato de la dirigente indígena, con lo que suman tres los arrestados por este caso.

Según un informe de la Policía hondureña, los detenidos son Tomás Gómez y una menor de edad, cuyo nombre no fue revelado, quienes supuestamente pertenecían a la misma organización que Cáceres y habrían participado en el asesinato de la defensora de derechos humanos y recursos naturales.

Gómez y la joven no identificada fueron detenidos este viernes, y según el escueto informe policial, son miembros del Copinh, del cual Cáceres, de 44 años, fue cofundadora en 1993.

Las autoridades hondureñas detuvieron el mismo día del crimen como vinculado al caso a José Ismael Lemus, un guardia de seguridad que trabaja en la colonia donde vivía la dirigente indígena.

La hija de Cáceres dijo que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, es «partícipe, cómplice y responsable de este crimen político».

«Presidente Juan Orlando Hernández, le digo: Mataron a Berta Cáceres, pero el Gobierno suyo agoniza», subrayó.

La familia de Cáceres prepara una demanda contra el Estado de Honduras por el asesinato de la ambientalista, advirtió la joven, quien exigió además que investigadores internacionales se sumen a la investigación del asesinato de su madre.

La incorporación de expertos extranjeros «nos va asegurar que no es otro acto más de corrupción, no hay soborno (y) nos va a dar confianza», enfatizó.

«Vamos a celebrar la vida de ella porque vivió luchando y murió luchando. No nos sentimos tristes, no tenemos miedo, vamos a exigir justicia hasta las últimas instancias», enfatizó la hija de la líder indígena y ambientalista.