Icefi: Los dos primeros años de gobierno del presidente Hernández se han concentrado en la estabilidad, pero sacrificando el bienestar social
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), presentó hoy a consideración de la sociedad hondureña y centroamericana el documento “Estabilidad sin desarrollo: un análisis de los primeros dos años del actual gobierno de Honduras”.
El documento muestra la drástica caída del déficit fiscal que de un 7.9% del PIB en 2013 se redujo a 3.5% en 2015. Sin embargo, también señala el fuerte impacto en el ingreso disponible de la mayoría de la población al aumentarse la regresividad del sistema tributario hondureño, como efecto del incremento de los impuestos indirectos, que por el lado de los ingresos, financiaron dicha reducción. El incremento de la carga tributaria de 15.1% del PIB en 2013 a 17.8% en 2015 se hizo sin considerar ningún esfuerzo por aumentar la progresividad. Por otro lado, las exoneraciones fiscales, muchas de ellas injustificadas, ascienden según declaraciones oficiales a L27,000 millones equivalentes a cerca del 6% del PIB.
En cuanto al gasto público se han registrado aumentos significativos en los gastos en defensa y seguridad, mientras que los recursos para salud, educación, e infraestructura económica se han mantenido congelados y en algunos casos, disminuidos. El único gasto social que se ha visto fuertemente incrementado es el de asistencia social, en rubros relacionados con los programas presidenciales, entre los que destacan: Bono diez mil, Techos seguros, Pisos de cemento, Crédito solidario y Bolsas familiares, entre otros. El monto de estos programas representa cerca del 2% del PIB, y buena parte de ellos se manejan de manera poco transparente por medio de fideicomisos.
En este sentido, el Icefi insistió en que el uso de fideicomisos para la ejecución del gasto no contribuye a la trasparencia en el manejo del presupuesto. Asimismo, reiteró la recomendación de que estos recursos sean incorporados al presupuesto no como asignaciones globales, sino como programas específicos que tienen previamente aprobados su rubro de gastos. Lo contrario es asignar “una caja chica” a quienes lo manejan.
Por otro lado, la fuerte limitación del presupuesto público relacionado con el pago del servicio de la deuda y el monto de los salarios que ascienden en los últimos años a cerca del 60% del gasto del gobierno central, hacen imperativo que el resto de recursos a disposición del gobierno se empleen de manera estratégica. Para ello se requiere una planificación para el desarrollo transparente, e implementar medidas para reducir el peso de la deuda sin sacrificar las inversiones sociales y económicas.
El Icefi consideró que la actual política fiscal con opacidades y carencias no apoya el crecimiento económico; en los dos últimos años este crecimiento ha sido menor al 3.6% del PIB, es
decir, que en términos per cápita no llega al 2%. Este moderado crecimiento tiene menos aportes positivos al analizar los sectores que lo impulsan, como es el caso del sistema financiero, telecomunicaciones, energía y algunos sectores del comercio que se caracterizan por una absorción baja de empleo. De hecho, los datos de empleo entre 2013 y 2015 muestran un aumento del desempleo abierto, que junto con el subempleo, ascienden un poco más del 50% de la PEA, panorama dramático para la fuerza laboral hondureña.
El Icefi reitera, al iniciarse el año preelectoral 2016, que en Honduras se debe evitar que la política fiscal caiga nuevamente en el ciclo político de ajustes durante los dos primeros años y gasto excesivo en los dos siguientes años. El perjuicio que se le hace a la economía en su conjunto y a los sectores más desposeídos obliga a una política fiscal responsable, en la que se asignen los recursos donde más se necesitan.
En este sentido, el Icefi continúa apoyando los esfuerzos del Grupo Promotor del Dialogo Fiscal para lograr que diferentes sectores marchen en la consecución de un pacto fiscal que ayude a tener una política tributaria equitativa, un gasto público efectivo para alcanzar el mayor bienestar posible, una mejor transparencia de la gestión pública y una rendición de cuentas que abone a la legitimidad de las instituciones públicas y al fortalecimiento de la democracia.
