Congreso Nacional busca desbloquear elección de jueces de Corte Suprema
Tegucigalpa.- El Congreso de Honduras no logró acordar ayer, por segundo día consecutivo, la votación de los 15 jueces de la Corte Suprema de Justicia para el periodo de 2016-2023.
Al igual que el lunes, los legisladores llegaron al final de la sesión sin alcanzar la mayoría calificada de 86 de los 128 integrantes, requerida para escoger a los jueces del máximo tribunal.
«Esta situación es inédita», dijo el presidente del legislativo unicameral, Mauricio Oliva, y de inmediato designó una comisión de seis miembros para definir el mecanismo a aplicar en el proceso.
La comisión la preside Mario Pérez, del oficialista Partido Nacional, y también la integran otros cinco congresistas opositores, entre ellos Manuel Zelaya, quien fue derrocado de la presidencia en 2009, líder del izquierdista Libertad y Refundación.
Oliva convocó además a otra sesión para la tarde del miércoles.
Los jueces de la Corte Suprema son escogidos por el Congreso de un listado de 198 juristas, depurada previamente por un organismo de 13 instituciones privadas y públicas.
Ninguno de los siete partidos presentes en el Congreso unicameral de Honduras cuenta con una clara mayoría, lo que obliga a hacer alianzas para votar.
Zelaya criticó la lista de candidatos al máximo tribunal y aseguró que «la votación está viciada, esperamos que en otro proceso similar podamos elegir jueces probos y capaces».
Igualmente, el presidente del partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, aseguró que «de los 15 magistrados nominados, solo cinco son honrados».
El analista político y académico Víctor Meza, exministro del Interior de Zelaya, fustigó que «la actual Corte Suprema es una vergüenza» porque supuestamente se ha prestado para el juego político del presidente Juan Orlando Hernández.
Recordó que en 2012, cuando Hernández presidía el Congreso, destituyó a cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte por rechazar al menos ocho de sus iniciativas políticas. En su lugar designó a abogados afines.
Esa determinación provocó fuertes reacciones de la oposición que desde entonces acusa a Hernández de pretender continuar en el poder en un segundo periodo consecutivo en los comicios generales de 2017, pese a que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución de 1982.
Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado en 2009 por impulsar una reforma constitucional que abriría la puerta a la reelección.
