EEUU: la Corte Suprema aceptó revisar el decreto de Barack Obama a favor de los inmigrantes
La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó revisar un plan del presidente Barack Obama para que hasta 5 millones de inmigrantes «salgan de las sombras» y trabajen legalmente en el país.
El Tribunal Supremo decidió que revisará la apelación presentada por el Gobierno para poder poner en marcha las medidas ejecutivas migratorias de Obama, que buscan suspender temporalmente la deportación de más de cinco millones de indocumentados.
Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas hace casi un año a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos y liderados por Texas.
Los magistrados dijeron el martes que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Obama en momentos en que se aviva una campaña presidencial ya cargada por el tema.
El caso probablemente sea analizado en abril y se anuncie una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de nominación presidencial de los partidos Demócrata y Republicano.
Los inmigrantes que se beneficiarían con el plan del gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes con permanencia legal.
La iniciativa de Obama es considerada una «amnistía» para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida de los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente «blinda» a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes.
Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.
Este martes, Paxton señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial «fueron excedidos cuando el presidente unilateralmente buscó garantizar una ‘presencia legal’ de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente».
Tomado de Infobae.com
