Juicio político a Dilma Rousseff le puede costar el cargo
La presidenta Dilma Rousseff quedó contra las cuerdas, una vez que el jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, aceptó promover un juicio con miras a su destitución por graves irregularidades fiscales cometidas desde 2014.
«Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo», declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto tras conocerse la decisión.
El jefe de los Diputados acató un pedido de juicio político presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según organismos de contraloría del Estado.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, el primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria.
Sin embargo, Cunha se enemistó con Rousseff durante ese año y hace meses anunció su decisión «personal» de pasar a engrosar las filas de la oposición. El jefe de los Diputados anunció su decisión precisamente el día en que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso que puede despojarlo de su mandato por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras.
Sin embargo, negó que se tratara de una «venganza» frente a eso y aseguró que decidió sobre las mismas bases jurídicas que le llevaron a rechazar 27 peticiones similares.
No obstante, Rousseff aludió a ello en su declaración al país al citar que en los últimos días hubo conjeturas en la prensa sobre una posible negociación del PT, que negaría apoyo al juicio contra Cunha a cambio de que este no aceptara el proceso contra la mandataria.
«Jamás aceptaría» negociaciones de esa naturaleza y «mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública», declaró la presidenta.
En la oposición, el anuncio de Cunha fue recibido con cautela, pero al mismo tiempo con «toda naturalidad», según dijo el senador Aécio Neves.
«El presidente de la Cámara de Diputados tomó la decisión que le cabía, ajustada a la Constitución», dijo Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El pedido aceptado por Cunha se refiere a unas deudas por 57.000 millones de reales (unos 14.805 millones de dólares) que el Gobierno ha acumulado con la banca pública y que hasta ahora no habían sido contabilizadas en los balances oficiales. Esas deudas son consecuencia de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado, ha considerado que el Gobierno ha incurrido en «irregularidades graves» al dejar acumular esas deudas y valerse de los recursos de la banca pública para garantizar el pago de sus compromisos legales.
Según la oposición y los juristas que exigen la destitución de Rousseff, se trata de un «delito de responsabilidad fiscal» que la Constitución contempla como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Aunque no las había contabilizado en sus resultados de 2014, el Gobierno incluyó esas deudas en una nueva previsión de déficit fiscal para este año que hoy fue aprobada por el Congreso.
El próximo paso tras la decisión de Cunha será la conformación de una comisión especial que analizará la decisión contra la jefa de Estado.
Esa comisión establecerá un plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborará un informe, que en caso de inclinarse por el juicio político obligará a la presidenta a separarse del cargo durante 180 días, que es el tiempo que tendrá el Senado para realizar el propio juicio.
Políticos y empresarios comprometidos en la corrupción
Rousseff dio inicio a su segundo mandato el 1 de enero tras una difícil reelección. Su popularidad se ha desplomado debido a las revelaciones diarias de la Operación Lava Jato, un caso de corrupción que ha implicado a multimillonarios, ejecutivos de Petrobras y a decenas de políticos.
La fiscalía mantiene que los sobornos que empresas de construcción ofrecían a políticos y directores de la estatal a cambio de contratos con costos inflados se destinaban al gobernante Partido de los Trabajadores.
Varias manifestaciones que han llegado a reunir a cientos de miles en el país exigían un juicio político contra la presidenta, aunque Rousseff no ha sido implicada personalmente en el caso de corrupción.
El procedimiento pasaría a una comisión especial que sería integrada con diputados de todos los partidos de manera proporcional. No se ha definido una fecha para ello.
Dos tercios o 342 diputados de la cámara, conformada por 513 congresistas, tendrían que aprobar el procedimiento para que este pase al Senado, donde tendría que ser aprobada por 54 de los 81 senadores.
Tomado de larepublica.pe/
