TSC envía informe donde vincula a la ex primera dama Rosa Lobo en irregularidades

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público (MP) un nuevo informe que evidencia indicios de responsabilidad penal en la compra de zapatos para niños a un monto de 7.7 millones de lempiras, aportados por el Programa de Asignación Familiar (Praf) a solicitud del Despacho de la Primera Dama, del anterior gobierno.

El informe especial No. 004-2013-DASS-PRAF-B se desprende de una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicado al Praf, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012, que constató hallazgos de varias irregularidades.

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“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa Dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos”, cita un oficio del TSC, remitido al fiscal general Oscar Chinchilla.

La auditoría tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, la Ley Orgánica de Presupuesto, y sus reglamentos; y las Disposiciones Generales del Presupuesto, en la asignación de fondos del Praf para apoyar el Programa Calzando los Niños de Honduras, que promovió el Despacho de la Primera Dama con la finalidad de calzar a los niños y niñas de las escuelas focalizadas en situación de pobreza.

Hallazgos De octubre a diciembre de 2010 se concretó un proceso de compra de calzado para niños y niñas pobres del país, realizado por el Despacho de la Primera Dama y pagados con fondos del Praf, a un monto de 7,740,000.00 lempiras, correspondiente a 42,100 pares de zapatos.

Dicho proceso se efectuó omitiendo lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto de ese año y demás normativa legal aplicable, ya que se realizó la compra mediante el proceso de tres cotizaciones cuando para dichas adquisiciones ameritaba un proceso de compra mediante una licitación pública, concluye el TSC.

“El Despacho de la Primera Dama al realizar las adquisiciones de calzado no verificó que los proveedores de los mismos, se encontraran inscritos en las diferentes instituciones que estipula la ley como ser: Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio e Industria, Dirección Ejecutiva de Ingresos y Oficina Normativa de Contratación del Estado”, cita la segunda conclusión del informe penal.

“No se obtuvo por parte de las autoridades del Despacho de la Primera Dama la documentación que evidencia la entrega del calzado a los niños y niñas del país, por lo que se desconoce si las compras realizadas llegaron a los beneficiarios del calzado”, establece la tercera conclusión.

El TSC profundizó la auditoría en escuelas beneficiadas, encontrando las siguientes deficiencias: “algunos centros educativos confirmaron que sí recibieron la donación de calzado por parte del Despacho de la Primera Dama y entregaron solamente el listado de la matrícula; centros educativos que confirmaron haber recibido la donación, pero no presentaron ningún tipo de documentación; y existen centros educativos que confirmaron que no recibieron la donación”.

En el desarrollo de la auditoría dos funcionarios del Despacho de la Primera Dama de la Nación, vinculados al Programa Calzando los Niños de Honduras, presentaron al ente contralor actas de entrega del calzado con fecha comprendida en la auditoría y no con la fecha de entrega de los zapatos.

La auditoría constató la alteración en algunos documentos que soportan el pago realizado en concepto de compra de calzado.

Dentro de las cotizaciones presentadas la gerente de una de las empresas afirmó al TSC que la firma de la persona que cotiza no se encuentra registrada en la base de datos de los empleados que tienen la responsabilidad o función de firmar dichas cotizaciones.

Con lo anterior se trató de justificar los procedimientos de compra que establece las Disposiciones Generales de Presupuesto, concluyó el TSC. Según la auditoría una funcionaria del Despacho de la Primera Dama retiró personalmente los cheques del Praf quien argumentó que los entregaría directamente a los proveedores a quienes se les efectuó la compra, lo que constituye una práctica inusual en la administración pública.

Por lo anterior, no se pudo constatar que los proveedores que proporcionaron el calzado recibieron efectivamente el pago, ya que los cheques no fueron entregados directamente por el Praf a cada proveedor, sino que fue por medio de una funcionaria del Despacho de la Primera Dama.

Otra irregularidad encontrada refiere a que se utilizó una misma factura con diferente fecha, para amparar las compras pagadas con cheques. Por otro lado, el Praf no confirmó los documentos de liquidación de viáticos y gastos de viaje presentados por varios funcionarios del Programa, ya que varios hoteles del país confirmaron que algunas facturas presentadas por empleados no corresponden a las emitidas por ellos.

En el informe se establece que se habrían incurrido los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en los procesos de adquisición, pago, recepción y distribución de algunas compras de calzado realizadas en el Despacho de la Primera Dama con fondos del Praf.

Asimismo, en falsificación de documentos para justificar procedimientos de compra de calzado y liquidación de viáticos y otros gastos de viaje. Finalmente, el TSC recomienda al fiscal general proceder a realizar las acciones legales correspondientes, según el caso presentado y derivado del análisis de la evidencia proporcionada.