TSC confirmó que 51 funcionarios ocasionaron millonario perjuicio económico al Estado de Honduras
Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), confirmó pliegos de responsabilidad a 51 exfuncionarios, quienes con su gestión a la administración pública ocasionaron un millonario perjuicio económico al Estado de Honduras.
El proceso inició con el desarrollo de auditorías e investigaciones especiales practicadas en diferentes instituciones gubernamentales.
Producto de las mismas el TSC emitió los respectivos informes y notificó una serie de pliegos de responsabilidad civil a servidores públicos.
En uso del derecho de defensa, que concede el TSC, los señalados en los informes de auditoría procedieron a impugnar los respectivos pliegos de responsabilidad.
En respuesta, el pleno de magistrados del TSC analizó los argumentos planteados y resolvió confirmar pliegos de responsabilidad civil para 51 exfuncionarios públicos, de distintas entidades gubernamentales, quienes ocasionaron un perjuicio económico al Estado por 21, 775,319.84 lempiras.
El listado lo componen 34 exfuncionarios de Municipalidades, entre regidores, encargados de administración y jefes de obras; 4 de Educación, la mayoría docentes; 3 de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), un planificador y un exgerente administrativo de Gobernación; 2 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), 2 de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, otros 2 del Instituto Hondureño de Turismo y un vicepresidente de la Mancomunidad Mamuncrac, del Aguan.
Si en el término de diez días hábiles los señalados no interponen ante el TSC el recurso de reposición ni acuden al Juzgado Contencioso Administrativo, el pliego de responsabilidad quedará firme y se remitirá el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR) a efecto de incoar las acciones legales correspondientes para recuperar el daño económico ocasionado al tesoro nacional.
La notificación de los pliegos de responsabilidad se hizo pública por desconocerse su paradero.
El TSC reafirma que las auditorías e investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se practican con objetividad y profesionalismo. Asimismo, se garantiza el debido proceso a los exfuncionarios señalados en los informes.
