Desbordado por el escándalo de corrupción de Petrobras, Brasil le pide ayuda al FBI
El procurador general Rodrigo Janot viajó junto a una delegación a EEUU para solicitar la colaboración de la agencia norteamericana en la causa de corrupción en la petrolera estatal brasileña
Janot viajó a Washington junto a los demás procuradores que tienen a su cargo las denuncias sobre los millonarios desvíos de dinero dentro de la empresa hidrocarburífera, que supuestamente fueron llevados a cabo con la complicidad de importantes directivos de la compañía, además de políticos y contratistas.
Si bien las autoridades brasileñas son las que conducen la investigación, tanto el Departamento de Justicia estadounidense como el organismo que regula el mercado de capitales también tienen bajo la lupa el expediente que escandaliza a la sociedad brasileña y que en los últimos meses ha tenido a maltraer a la administración de la presidenta Dilma Rousseff.
El hecho de que Petrobras pueda ser investigada y fiscalizada por las autoridades de Estados Unidos es consecuencia de que las acciones de la firma con sede en Río de Janeiro también cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, además de en los mercados de San Pablo, Buenos Aires y Madrid, según publica el periódico brasileño O’Globo.
Durante su estadía en la capital estadounidense Janot aprovechará para rubricar un acuerdo de cooperación con el Banco Mundial (BM), que estará destinado a reforzar los mecanismos de transparencia y protección de proyectos financiados por el organismo crediticio, con el objetivo de evitar los desvíos de dinero u otro tipo de actividades ilegales.
Estas denuncias sobre la red de corrupción que atravesó la empresa brasileña (la más grande de su país) entre 2004 y 2012 provocaron la renuncia en pleno de su directorio, incluida la de su presidenta María das Graças Foster, quien hasta ese momento era una protegida de Rousseff.
Pero como si todo esto fuera poco, el supuesto desvío de unos 3.900 millones de dólares también amenaza con desatar una crisis política para la mandataria Dilma Rousseff, quien apenas lleva poco más de un mes desde que asumió su segundo mandato.
Esto se debe a dentro del escándalo también estarían implicados decenas de políticos oficialistas, cuyos nombres ya se anunció que serán revelados durante las próximas semanas.
La popularidad de la presidente brasileña Dilma Rousseff cayó del 42% al 23% este mes, un 19%, según una encuesta divulgada el sábado por la firma Datafolha, en medio de la crisis de la petrolera estatal Petrobras y el empeoramiento de las expectativas económicas del país.
El sondeo fue realizado por Datafolha entre el martes y el jueves de la semana pasada, y dentro del mismo también se observa que el 23% de los brasileños evalúa positivamente a la jefa de Estado, un 33% lo considera regular y el 44% malo ó pésimo.
Estos porcentajes contrastan con los captados por la misma firma encuestadora en diciembre pasado, un mes antes de que la Presidenta asumiera su segundo mandato tras ganar las elecciones en octubre en medio de una ajustada segunda vuelta.
En diciembre, el 42% de los entrevistados evaluaba positivamente a la jefa del Estado, el 33% de manera regular y el 20% la desaprobaba.
De acuerdo con el diario Folha de San Pablo, se trata de la peor evaluación del gobierno de Rousseff y la más baja otorgada a un mandatario de Brasil desde Fernando Henrique Cardoso en diciembre de 1999, cuando el 46% de la población consideró su gestión «mala o pésima».
De acuerdo con Datafolha, el 52% de los entrevistados consideró que Rousseff sí sabía lo que ocurría en Petrobras, el 25% cree que la mandataria «sabía, pero no podía hacer nada para evitarlo», mientras que el 14% dijo que la jefa de Estado desconocía la corrupción en el seno de la estatal.
Cuestionados sobre si el descubrimiento de la corrupción perjudica a Petrobras, el 82% afirmó que sí, frente al 8% que dijo que no.
La popularidad de Rousseff también cae en un momento en el que Brasil registra un débil crecimiento económico, una elevada inflación y unas maltrechas cuentas públicas que han llevado al Gobierno a anunciar medidas de ajuste fiscal.
