Castigo vs prevención: qué es más importante para garantizar la seguridad
Por: Darío Mizrahi
El Barómetro de las Américas reveló que el 55,2% de los latinoamericanos priorizan las respuestas punitivas frente al delito
La mayoría de los ciudadanos de América Latina y el Caribe no tiene dudas: para combatir el delito es necesario que haya más y mejores castigos. Eso responde el 55,2% de los consultados en 23 países por el Barómetro de las Américas que realiza la Universidad de Vanderbilt.
El 29,7%, en cambio, dice que habría que priorizar las medidas preventivas.
Los que prefieren las respuestas punitivas priman en todos los países. La mayor paridad se encuentra en Uruguay, donde se imponen por 46,8% frente al 43,1% de las respuestas preventivas.
Muy similar es la ecuación en El Salvador, donde los primeros suman 47,8%, y los segundos, 43 por ciento.
En el extremo opuesto está Belice. El 65,9% se inclina por el castigo, contra un escueto 13,8% que lo hace por la prevención. En la misma línea está Paraguay, donde unos son el 66,8%, y los otros, el 24,3 por ciento.
Por qué la mayoría reclama más castigo
«En los últimos 25 años se duplicó la tasa de homicidios, y eso sin dudas lo siente la población. Y mucho más que los asesinatos, sufre los delitos comunes, como robos y hurtos», dice Fernando Carrión, investigador de estudios urbanos y seguridad ciudadana de FLACSO, Ecuador, consultado por Infobae.
«Los datos de Latinobarómetro muestran que la demanda de seguridad, hasta 2007, estaba en cuarto lugar. A partir de 2009 pasó al segundo, y desde entonces se convirtió en la principal.
Eso tiene que ver con la victimización que siente la población, con la cantidad de delitos que está viviendo, y con la ineficiencia de las políticas públicas que se diseñan para combatirlo», agrega.
«EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS SE DUPLICÓ LA TASA DE HOMICIDIOS. ESO LO SIENTE LA POBLACIÓN»
El dolor y la ira producidos por una pérdida, o el miedo a ser una víctima en el futuro, hacen que las personas reclamen medidas fuertes, de impacto inmediato, para sentirse más protegidas. La prevención se asocia al largo plazo y no parece tener un vínculo tan directo con el enfrentamiento a los criminales. En cambio, las respuestas punitivas, como elevar las penas o fortalecer a la policía, son medidas que se presentan como respuestas directas y frontales.
«El deseo de restitución de lo perdido hace que la población, por el nivel de delitos que esta viviendo, reaccione reclamando la Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente», explica Carrión.
Ese clamor que se escucha en muchos países, donde los niveles de criminalidad van en aumento, repercute directamente sobre las decisiones gubernamentales. Aunque las autoridades no siempre atienden los reclamos populares con responsabilidad.
«Hay una relación bastante compleja entre las demandas de la población y el diseño de las políticas públicas -dice Carrión. La población exige penas más altas, la tipificación de más delitos y la baja de la edad de imputabilidad. Generalmente, los gobiernos recogen estas demandas para satisfacerlas».
«HOY LAS POLÍTICAS SE DISEÑAN EN FUNCIÓN DE LAS ENCUESTAS»
«Hoy -continúa- las políticas se diseñan más en función de las encuestas que del conocimiento del delito. Por eso la prevención no se trabaja tanto. Si se actuara desde el conocimiento del delito, probablemente aparecerían algunas causas sobre las que operar. Pero como no se ve la relación con la violencia que producen, esa no es una demanda de la opinión pública»
En la misma línea se expresa Mauricio López, investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, México. «Como muchos estudios han señalado, el trabajo preventivo no se valora mucho porque no es tan observable. Los recursos humanos y financieros no van a allí, sino a armar a la policía», dice en diálogo con Infobae.
El riesgo de la militarización
En consonancia con el pedido de encarar la lucha contra el delito desde una perspectiva punitiva, el 71,4% de los latinoamericanos reclama la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, según datos del Barómetro de las Américas.
«Son cosas absolutamente relacionadas -dice Carrión. La militarización de la seguridad está impulsada tanto por la demanda de la población como por las políticas antinarcóticos. Lo interesante para mencionar es que, cuando uno hace encuestas de opinión, la gente tiene una respuesta negativa frente a la policía, pero cuando se le pregunta qué hacer frente al delito, responde que tiene que haber más policías».
«EL 71,4% DE LOS LATINOAMERICANOS RECLAMA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS»
El lamentable papel de los militares al involucrarse en la vida política de los países de la región en el pasado, encabezando violentas dictaduras, pesa menos que la demanda de un ataque drástico contra el delito.
En todas las naciones, más de la mitad de la población está de acuerdo con su intervención. La proporción más alta se encuentra en El Salvador, donde lo pide el 83,1% de los encuestados.
En segundo lugar está Honduras, con el 81,6%, y tercero está Ecuador, con el 81,1 por ciento. El otro que está en esos niveles es República Dominicana, con 80,7 por ciento.
El país con menor apoyo a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior es Chile, con 54,9 por ciento. Luego vienen Uruguay (58,1%), Argentina (61,4%), Trinidad y Tobago (61,7%) y Venezuela (61,9%).
Una dicotomía que tiene que ser superada
«La represión del delito requiere de policía, eso es innegable. Pero también son necesarias cuestiones adicionales. Restringir las políticas exclusivamente a la fuerza conduce a lo que se está viviendo en México desde hace ocho años, con masacres entre carteles, y entre grupos regulares e irregulares», dice Carrión.
Toda estrategia de seguridad que prescinda de la prevención está condenada al fracaso. Las fuerzas de seguridad nunca serán suficientes si los factores que favorecen la producción del crimen siguen incólumes. De la misma manera, es obvio que no se puede prescindir del castigo y de las autoridades que lo aplican, ya que por más armoniosa que sea una sociedad, la transgresión siempre va a estar presente.
«No creo que sean completamente dicotómicos -dice López-, ni que no podamos tener acciones de prevención junto con acciones punitivas, sobre todo en un clima de cansancio social, donde delincuentes tienen cooptados barrios y pueblos enteros».
«CONFLICTOS QUE DEGENERAN EN HECHOS DELICTIVOS PODRÍAN SER CANALIZADOS ANTES»
«Con acciones de prevención se puede mejorar la convivencia entre los grupos sociales, y derivar los problemas hacia diversas instituciones que los pueden ayudar. Muchos conflictos que pueden degenerar en hechos delictivos podrían ser canalizados antes», agrega.
La falencia que tienen algunos discursos que reivindican el lugar de la prevención es su peligrosa vaguedad, que los hace inaplicables. Eso es lo que rechaza la opinión pública.
Pero la prevención real no tiene nada de abstracto. «Combina ciertas políticas que intervienen antes de que se cometan los delitos -dice Carrión- y, por otro lado, medidas integrales que incorporan políticas sociales y económicas. Pero siempre hay que ver qué tipo de prevenciones establecer, para qué momento histórico y para qué crímenes. Por ejemplo, es muy distinto prevenir la violencia de género que la violencia en los estadios o el narcotráfico».
«Si antes se tomaban ciertas medidas contra una violencia tradicional, vinculada a estrategias de supervivencia, no se puede hacer lo mismo hoy, cuando el enemigo es el crimen organizado. La prevención significa políticas económicas, inteligencia criminal y armonización legal, entre otras cosas», concluye.
Tomado de Infobae
