La aprobación del Presupuesto de la República fue opaca denuncia Consejo Cívico Fiscal
El Presupuesto General de la República 2025 fue aprobado fuera del plazo establecido en la Constitución, en un proceso marcado por la opacidad y la falta de consensos.
Aunque la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional realizó una socialización del anteproyecto enviado por el Ejecutivo en septiembre de 2024, este proceso no fue suficientemente receptivo para lograr los consensos necesarios. Ante esta situación, el Consejo Cívico Fiscal (CCF) se pronuncia en los siguientes términos:
1. Se continúa con prácticas parlamentarias antidemocráticas. La aprobación se dio en un contexto de opacidad, en la madrugada y con un número mínimo de diputados suficiente para tener quorum y así alcanzar mayoría simple. Se recurrió nuevamente a la dispensa de debates, limitando el análisis y la discusión pública, una práctica que socava la rendición de cuentas.
2. No se aceptaron la mayoría de las observaciones realizadas que hacían énfasis en la necesidad de priorizar los recursos que beneficien a la población más vulnerable, que potencien la inversión productiva y la eliminación de gastos innecesarios.
3. Se incluyen disposiciones presupuestarias adicionales al anteproyecto, que contribuyen al clientelismo político y que favorecen intereses particulares, entre ellas: a. L 950 millones para proyectos de infraestructura menor y obras sociales sin criterios claros de asignación. b. Modificación de los techos para contrataciones públicas, aumentando la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
4. El contenido del presupuesto aprobado para 2025 no constituye una verdadera herramienta de desarrollo; el mismo carece de una visión estratégica. Entre los puntos más críticos destacan:
a. Falta de financiamiento explícito para financiar el proceso electoral 2025
b. Persistencia de fondos globales de uso discrecional (Partida 449).
c. Aumento en publicidad y propaganda en la Secretaría de Planificación Estratégica.
d. Incremento en la inversión para construcción de cárceles en áreas protegidas.
e. Reducción de fondos para tratamientos como la hemodiálisis.
f. Falta de aumento significativo para la compra de medicamentos.
g. Ausencia de recursos prioritarios para la adquisición de textos escolares.
h. Disminución del presupuesto para instituciones de control y transparencia.
i. Incumplimiento de asignaciones constitucionales obligatorias.
j. Reducción en inversión para sectores productivos clave.
5. Sobreestimación del financiamiento. Se proyectan L 45,657 millones en financiamiento en la Administración Central, mediante endeudamiento, de los cuales el 71% no tiene una fuente identificada, lo que representa un alto riesgo para el cumplimiento de metas fiscales y programáticas.
6. No existe una estrategia clara para atender la deuda flotante con contratistas y proveedores del Estado. Tampoco se han definido mecanismos para la devolución de impuestos pagados en exceso en años anteriores, generando incertidumbre en el sector productivo.
7. Es fundamental garantizar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reciba los fondos necesarios de manera oportuna, asegurando así un proceso electoral transparente, confiable y con estándares adecuados de legitimidad.
