MP investiga compra millonaria de avión presidencial adquirido con fondos de la Tasa de Seguridad en la administración anterior
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), efectúa una inspección, decomiso y solicitud de información en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH), en relación a una línea investigativa que tiene que ver con la compra del avión presidencial que se adquirió en la administración anterior.
El objetivo de los fiscales e investigadores es obtener documentos soportes del proceso de adquisición del aeroplano, gestión que se consumó con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, luego de la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del Estado (CNDS) en el año 2014.
Los posibles delitos en los que habrían incurrido altos exfuncionarios que conformaron el CNDS, van desde fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, entre otros.
El trabajo de la UFERCO además es el de tener a la mano distintos contratos que se suscribieron, primero para la compra del avión Embraer 600 Legacy, por el cual, de acuerdo a informes, se erogaron más de 14 millones de dólares, en segunda instancia el contrato que se firmó para la construcción del hangar presidencial y un tercero para el mantenimiento de la nave.
Es por ello que parte de las diligencias que se ejecutarán, también van dirigidas a conocer los procesos de compra que se llevaron a cabo para cerrar el trato de la aeronave mediante la sociedad mercantil ECC Leasing Company Limited.
Toda la información que se pueda recolectar pasará a un proceso de análisis por parte de los equipos de investigación, así como otras diligencias a fin de esclarecer estos hechos, luego que en su momento se mencionara que el avión había sido adquirido vía donación del gobierno de Taiwán.
El Ministerio Público reitera su compromiso de investigar todos aquellos actos irregulares cometidos en contra del Estado de Honduras y por ende en perjuicio del pueblo hondureño por la erogación de fondos públicos que han sido dilapidados.
