En las últimas horas la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC), presentó un requerimiento fiscal en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del departamento de Yoro, por el delito de explotación ilegal de los recursos naturales del Estado de Honduras, en la comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro.

El imputado es Álvaro Hernández Londoño, ciudadano estadounidense a quien se le supone responsable de dicho delito en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas del medio ambiente.

La Fiscalía de las Etnias inició la investigación en este caso a raíz de los hechos relacionados con la extracción ilegal de recursos naturales en esa comunidad, específicamente material pétreo metálico y no metálico sin la debida autorización por las autoridades competentes, ejecutada por la empresa denominada LACHANSA SA. con sede en Honduras desde 2015, y de capital estadounidense-colombiano, propiedad de Hernández Londoño, quien además es acusado por la comunidad de infundir miedo a las y los pobladores que viven alrededor de donde se encuentra la mina.

Es a raíz de estas denuncias que se realizaron varias inspecciones de campo en la comunidad de San Francisco de Locomapa, Yoro; llegando al lugar, el equipo de expertos observó diferentes brechas de carreteras e indicios de extracción de material pétreo metálico y no metálico realizados con maquinaria pesada.

Ante esta realidad de amenazas y hostigamiento que ha enfrentado la comunidad, las autoridades solicitaron los permisos y licencias ambientales para realizar dicha actividad, que son otorgados en este caso por INGEHOMIN y Mi Ambiente, mismos que no fueron presentados ante el Ministerio Público por la empresa LACHANSA ni por su propietario o gerente general el señor Álvaro Hernández Londoño.

El pueblo tolupán, al igual que otros pueblos originarios de Honduras, viven en una batalla constante por la protección de su territorio. Esa defensa está amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, del que Honduras es firmante. Ese es el convenio internacional que protege el derecho de no desplazar a los pueblos indígenas por la fuerza y a no adelantar proyectos en los territorios «sin el consentimiento libre, previo e informados de los pueblos indígenas interesados».

Para realizar estas investigaciones se conformó un equipo de trabajo con personal de la Unidad Medio Ambiental (UMA) Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEHOMIN) Instituto de Conservación Forestal (ICF), Policía Nacional, Agentes de Investigación (DPI) y Militares para dar respuesta a la denuncia antes descrita y verificar la existencia del delito.