El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió a las decisiones tomadas por la Junta Proponente que elegirá a los candidatos para ser las nuevas autoridades del Ministerio Público y que será hasta que sean enviados a la secretaría de este Poder del Estado con base a eso se va a trabajar.

El titular del Congreso del Pueblo, reveló que para el próximo mes de agosto se va a definir a los cinco nombres que serán los nuevos fiscal general y fiscal adjunto de la República. La valoración de la Junta Proponente ha trabajado con sus debidos procesos, Redondo recordó que siempre habrá personas que van a estar a favor y otros en contra. “La ley y lo que está establecido para la Junta Proponente es lo que hay para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, eso debe respetarse, y no me atrevería a hacer una evaluación hasta que ellos entreguen el informe”, explicó.

 En cuanto a los rumores del acuerdo existente entre los tres partidos mayoritarios, Redondo expresó que “La historia de los fiscales se remontan desde que se eligió a Edmundo Orellana, posteriormente se rompió el proceso porque se fue del Ministerio Público el fiscal Ovidio Navarro y llegaron sustitutos para cubrir el tiempo que quedaba pendiente”. Mismo caso con el fiscal Rubí, que salió del Ministerio Público – continuó diciendo -, y Óscar Chinchilla debió llegar a cubrir solo el espacio de tiempo que faltaba, pero no fue así.

 “Esto anterior ya no es opción, recuerde que hay un periodo de cinco años y ese periodo termina en el caso de los fiscales que solo se pueden reelegir una vez y ahorita ya no puede ser reelecto, es una situación especial porque nosotros como partidos políticos debemos llegar a acuerdos para poder elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público”, concluyó. Otro de los temas que abordó el titular de este Poder del Estado, es que esta semana estará en agenda la ley que va a permitir asociar los números de teléfono a los números de dispositivos de conexión en redes de internet para que se puedan asociar los números de DNI o de identidad de ciudadanos. Sobre el artículo 23 de la Ley de Comunicaciones, el presidente Luis Redondo expresó que se trata de una situación política porque se oponen a todo lo que se propone.

 “No hay ningún fundamento jurídico porque por todos es conocido que la intervención o espionaje tiene que ver con la ley que ya se había aprobado antes. Las intervenciones telefónicas ya existen por orden de un juez, la pregunta es cómo le hicieron grabaciones a varios diputados y habrá que ver si lo que hubo fue abuso de autoridad o fue por orden de un juez”, explicó.

Lo que se contempla en esta ley es que si una persona recibe un mensaje o un mensaje de audio a través de un dispositivo telefónico, se registra hora y fecha. “Con esta ley se pide al operador celular o al proveedor de internet que brinde los archivos que establecieron la conexión en ese momento”, expresó. Esto es un tema técnico para establecer de dónde proviene la extorsión, concluyó Redondo.