QUITO.– El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha decidido activar esta mañana la herramienta constitucional conocida como muerte cruzada, por la que se disuelve el Parlamento, sólo horas después de que éste iniciara el juicio político para su destitución.

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política”, aseguró el mandatario conservador, quien también ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la “convocatoria inmediata de elecciones”.

“Es una decisión democrática porque es constitucional y porque devuelve al pueblo el poder de decidir su futuro”, aseguró el presidente, a días de cumplir la mitad de su mandato. Lasso ha culpado al Parlamento de bloquear desde el primer día la acción de su gobierno.

El presidente también ha dado a conocer que ha remitido a la Corte Constitucional el primer decreto de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas. A partir de ahora, el mandatario solo gobernará por decreto.

La Asamblea Nacional se encuentra militarizada desde muy temprano. Nadie puede ingresar en su interior. Desde ayer en la tarde se conoció que las Fuerzas Armadas habían recibido la orden de acuartelarse. Los diputados tenían previsto continuar el juicio político dos horas después de la cadena nacional, ya que una treintena de ellos faltaba por intervenir.

“Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador”, añadió el presidente.

Diputados de la bancada de la revolución ciudadana habían adelantado su intención de atrincherarse en el Parlamento si Lasso decretaba la muerte cruzada. También Leónidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), amenazó con convocar una nueva toma de la capital si Lasso decidió dar este paso.

En cadena nacional desde el Ministerio de Defensa, los militares aseguraron que mantendrán su “absoluto respeto a la Constitución y las leyes”, señaló Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El jefe militar adujo que la decisión presidencial es constitucional y debe ser respetada por los ciudadanos.

“Estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”, concretó el comandante.

“Estamos más unidos que nunca. El vicepresidente Alfredo Borrero, los ministros, todos seguimos trabajando para que el Ecuador recupere su tranquilidad. El país no se detiene. Los servicios públicos atienden con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con su labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo”, tuiteó el presidente Lasso con parte de las palabras dirigidas al país y con una imagen junto a su vicepresidente, quien le hubiera sustituido en el caso de perder la votación del juicio político.

Lasso finalmente ha cedido a las presiones que le indicaban que esta era la salida adecuada a la crisis política que vive Ecuador. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de siete días para convocar a elecciones presidenciales y legislativas en los siguientes meses. El nuevo binomio Presidencia y Asamblea Nacional sería el encargado de terminar el actual periodo en mayo de 2025.

“El gobierno de Lasso, con la firma del decreto, parecería haber comprendido que su nuevo rol es el de transición y por eso recurre a la muerte cruzada. Aunque parezca una medida que traiga caos creo que puede convertirse en una válvula de escape para alivianar tensiones pues los partidos y movimientos sociales, luego de manifestarse en las calles, tendrán que agruparse y volver a modo de campaña electoral y será la tarima los espacios para hacer oposición a los decretos ley que envíe el gobierno”, subrayó el analista Pedro Donoso.

El expresidente Rafael Correa, que lidera desde el exterior la alianza opositora que ha cercado al gobierno conservador de Lasso, reaccionó desde redes sociales para asegurar que la muerte cruzada es ilegal.

“Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria”, destacó Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de corrupción.

Lasso niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.

El martes, en la primera jornada de la fase final del juicio político en su contra, acusó a los asambleístas de “abandonar” su rol de legisladores. “Ustedes no crean leyes sino que las destruyen, ustedes no afianzan normas sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia sino en cómo romperlas”, señaló.

El debate se suspendió ayer después de la intervención de 39 legisladores, en una jornada que se prolongó por poco más de 13 horas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, había convocado para la mañana de este miércoles la continuación del debate en el recinto, donde restaba la intervención de unos 30 asambleístas.

Tomado de La Nación