Tegucigalpa, Honduras.– La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), obtuvo por parte de un juez anticorrupción el auto de apertura a juicio en la causa que se sigue a tres exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y un empresario, acusados por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia del COVID-19.

Se trata del ex secretario de estado en Copeco, Gabriel Alfredo Rubí Paredes y el ex subcomisionado, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, quienes son señalados por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Además, de la ex Directora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, quienes son acusados por el delito de fraude a título de cooperador necesario

Cabe mencionar que, en este caso se encuentra prófugo de la justicia el exadministrador de Copeco, Cristian Elías Santeli, señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Antecedentes

De acuerdo a las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias.

Pese a esto, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

Violación de articulo de la Ley de Contratación del Estado

La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además; se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.

La investigación también establece que Rubí autorizó el pago del 15 por ciento de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral a la empresa qué sería la ejecutora de la obra, también, Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Al final, la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.