Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el informe “Tasa de Seguridad Poblacional: La nueva década perdida”, un análisis integral sobre el origen, desarrollo y consecuencias de un fideicomiso al que señalaron como “lesivo” para la población hondureña.

En ese sentido, el CNA en el informe señaló que dichos fondos fueron usados para compra de álbumes y vistas del Mundial de Rusia 2018, así como para clubes de entretenimiento, y otros “lujos”.

Detalló que con los fondos de la “tasa de seguridad poblacional”, las autoridades anteriores pagaron entradas a conciertos, vehículos de lujo, arreglos florales, cenas de gala y más.

El CNA también encontró que, supuestamente, se compró un avión y se alquilaron helicópteros con el dinero que, en principio, debía ser destinado al combate de las maras y pandillas que operan a nivel nacional.

Hasta vistas para el Mundial de Rusia

“Los vehículos fueron donados a personas sin corresponder a necesidades de seguridad o defensa nacional. También se pagaron cenas de gala, licores, arreglos florales y hasta álbumes y vistas para el Mundial de Rusia”, reveló la directora del CNA, Gabriela Castellanos.

En la lista de compras también figuran esmaltes de uñas, boletos para conciertos y eventos de baile.

“¿Qué tiene que ver la seguridad del pueblo con la bachata de Romeo Santos?”, se preguntó la representante del CNA durante la conferencia de prensa. “¿Qué tiene que ver la tasa de seguridad con noches en clubes de entretenimiento?”, agregó.

Asimismo, Gabriela Castellanos denunció que entre el 2013 y 2021 se desembolsaron más de 16 mil millones de lempiras “que fueron a parar a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Defensa”.

El CNA afirmó que “en términos generales, la tasa gastó más de 25 mil millones de lempiras”, sin embargo, “se registraron 41,875 homicidios, de los cuales, el 80 por ciento fue provocado por maras y pandillas”.

Conclusiones de dicho informe

SOBRE LA LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y SUS REFORMAS

La Tasa de Seguridad Poblacional representó una medida espuria del Estado para un problema tan complejo como la violencia y criminalidad. El proyecto terminó convirtiéndose en una concentración de poder político dirigido por el Partido Nacional que tomó el control del país, mientras asfixiaba el bolsillo de la población hondureña a través de una recaudación monetaria que se administraba de forma desmesurada.

La trama de corrupción política comenzó tan solo 3 meses después de la vigencia de la Ley de Seguridad Poblacional, cuando se trastoca su finalidad, soslayando la necesidad imperativa de contrarrestar la violencia y criminalidad, mientras se establecía un plan perjudicial de utilizar la Tasa de Seguridad como instrumento para la recaudación de fondos con el argumento falaz de fortalecer las finanzas del Estado, a la vez que se disiparon los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

SOBRE LOS MOMENTOS QUE CONTRIBUYERON A CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA CRIMINAL EN LA TASA DE SEGURIDAD

La Ley especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobada después de la Ley de Seguridad Poblacional, representó el zarpazo que entregó el dominio de la nación al control dictatorial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, órgano que había permanecido inactivo por más de 29 años y que era dirigido por Juan Orlando Hernández y su estructura delictiva, quienes fueron provistos de atribuciones superiores que facultaba instruir gastos que nos estaban comprendidos en el Plan Anual de Compras y Adquisiciones elaborado por el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

La senda de corrupción continúo con la aprobación de la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional o Ley de Secretos, en un intento desesperado de blindar la gestión realizada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, guardando en el baúl de la secretividad toda la evidencia sobre la administración de los recursos recaudados.

El impacto vehemente de la reforma al artículo 1 de Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional, causó el declive financiero del Estado al conceder la facultad a la Tasa de Seguridad de adquirir préstamos con la banca privada nacional o internacional, emprendiendo la ruta hacia un endeudamiento insostenible.

Causado por la improvisación y el derroche de los recursos públicos al antojo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el Comité Técnico del Fideicomiso.

INGRESOS Y EGRESOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Alrededor de los recursos recaudados y desembolsados desde el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional se observaron significativas inconsistencias entre lo manejado por la oficina deTasa de Seguridad Poblacional y el Banco Central de Honduras, reflejando una atmósfera de opacidad y desconfianza respecto a la veracidad de los registros de la información financiera.

Los ingresos percibidos por la Tasa de Seguridad Poblacional representan un elevado sacrificio financiero para la población hondureña.

Sin embargo, el destino de dichos fondos se manejó en el marco de la discrecionalidad y excesos provocando ineficiencia, abuso y derroche en el uso de estos recursos.

A pesar de que los ingresos recibidos por Tasa de Seguridad eran significativamente elevados no fue suficiente para quienes dirigían este fideicomiso.

Puesto que recurrieron a la contratación de préstamos con la banca nacional para continuar financiando proyectos que a su criterio estaban orientados al combate de la violencia y el crimen organizado.

Así como para buscar alternativas de financiamiento por la inducida insostenibilidad que le provocaron a dicho fideicomiso.

Pese a los cuantiosos recursos manejados y desembolsados por Tasa de Seguridad en nombre de la seguridad ciudadana, Honduras es uno de los países más violentos y con incidencia criminal de la región latinoamericana, denotando que el excesivo gasto realizado no generó impactos estructurales.

Ante lo cual podemos decir que el periodo de vida de la Tasa de Seguridad no es más que una nueva década perdida en el país.