Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, asistió en representación de la Presidenta Xiomara Castro, al evento “Derechos para los pueblos, normas vinculantes para las empresas” realizada por la Federación Ambientalista Internacional Amigos de la Tierra y organizaciones de la rama.

El evento se desarrolló con el objetivo de presentar al Gobierno de Honduras la propuesta de un instrumento
internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Según la Federación Ambientalista, este acercamiento se realiza con la intención de enfrentar el poder e impunidad de las empresas multinacionales como entes que violentan los derechos de los pueblos indígenas.

La titular de la SEDH manifestó el compromiso que tiene el actual Gobierno con los pueblos originarios y
afrohondureños, respetando su derecho a la consulta previa libre e informada como garantía frente a
empresas o el estado cuando se quiere instalar proyectos en sus territorios.

“Consideramos que dentro de las prioridades de nuestro gobierno es necesario ampliar y continuar los mecanismos de consulta con la participación de todas y todos; con el fin de que avancemos en la promoción y el respeto irrestricto a los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales en este país”, aseguró la funcionaria.

Al finalizar la primera etapa de presentación, la ministra Roque, junto con la Subsecretaria de la Presidencia,
Desireé Flores, recibieron la propuesta del Tratado Vinculante de la mano de activistas y defensores del medio
ambiente de Latinoamérica.

“Estamos trabajando por consolidar los procesos de nuestra región para que la lucha de nuestros pueblos sea
reconocida y también vinculante a nivel de política pública. La Presidenta ha puesto siempre en el centro a los
pueblos y ha fundamentado en los derechos humanos su propuesta de gobierno”, afirmó Roque al cierre del evento.

La participación de la ministra Natalie Roque en este importante evento de las organizaciones ambientalistas,
muestra el compromiso del Gobierno de la República por atender las problemáticas que afectan a las comunidades campesinas e indígenas por el impacto de actividades empresariales que alejan del respeto a los derechos humanos.