Columna de opinión: ¿Realmente es energía gratis?

Kevin Rodriguez Castillo, Economista especialista en Energía

Es importante iniciar aclarando que todos los sectores reconocemos que Honduras ha sido gravemente afectada no solo por la pandemia del COVID-19, sino también por haber sido impactados por no uno, sino dos huracanes devastadores, lo que ha dejado un centenar de familias en situación de calamidad, y que en este momento la ayuda del Estado se vuelve necesaria mientras se reducen los niveles de pobreza del país. Sin embargo, también hay que reconocer que el sistema eléctrico hondureño tiene los peores indicadores de la región con el nivel de pérdidas más alto de la región, déficits en el suministro que nos generan apagones, y un nivel de electrificación del 80%, el mas bajo de Centroamérica, lo que se traduce en 1.8 millones de hondureños sin acceso a electricidad.

La Ley General de la Industria eléctrica no prohíbe medidas como los subsidios a los sectores más vulnerables, el último párrafo del artículo 18 establece que cuando el Estado decida subsidiar a los consumidores de bajo ingreso, deberá hacerlo sin alterar tarifas, sin afectar las finanzas del subsector eléctrico, pero tampoco cargar los costos de una categoría a otra. Este último mecanismo, los subsidios cruzados, fue utilizado bajo la Ley Marco del Subsector Eléctrico de 1994, y sus resultados no fueron los más eficientes, ya que, por simple aritmética, es casi imposible lograr que lo adicional que paga un consumidor “adinerado”, con lo que recibía en descuento un consumidor beneficiado, ni tampoco sus respectivos consumos eran equivalentes. Similar contratiempo aritmético ocurría con la formula del ajuste por combustible, que como algunos aun recordarán, salía en una línea separada en el recibo de electricidad que pagábamos en años anteriores. Según estimaciones de la ENEE, en los últimos años de vigencia de la Ley Marco y de los mecanismos antes mencionados, la ENEE perdía aproximadamente 100 millones mensuales.

Pero más allá de las pérdidas que estos mecanismos le ocasionaron a la ENEE, es el efecto adverso que puede tener en los sectores productivos del país. Previo a iniciar el análisis del impacto de este decreto es importante tener en contexto que tan grande es nuestra “industria”. Según datos estadísticos de la ENEE, de 126,992 usuarios comerciales, apenas 413 son considerados “industria”, o el 3.2%.

Los restantes 126,579 clientes están en Baja Tensión, es decir, salones de belleza, ventas de baleadas, cafetines, talleres de mecánica y carpintería, entre otros. Dudo que realmente creamos que estos negocios son grandes cadenas cuyos dueños son acaudalados terratenientes, mas bien son el corazón y alma del país, familias luchadoras que han arriesgado su patrimonio y sus ahorros, para poder emprender un negocio y emplear de miles de compatriotas.

El decreto publicado por el Congreso Nacional establece que dicha medida tendrá un costo de L. 540.9 millones mensuales, que es equivalente a un consumo de electricidad de alrededor de 70 millones de kWh al mes, y deberá ser asumido por los usuarios no residenciales, en otras palabras, los 126,992 usuarios comerciales e industriales. Sin realizar los análisis adecuados pareciera ser a simple vista que esta medida no tendría un mayor impacto en la población. Sin embargo, si asumimos que esta medida será cobrada de forma equitativa a todos los comercios, implica que cada uno de esos negocios, barberías, mercaditos de lácteos, ventas pupusas, ventas de paletas, deberán aportar al menos 4,260 lempiras al mes, adicionales a lo que ya pagaban por su consumo propio. No obstante, la preocupación no termina aquí, ya que la lógica económica nos indica que un consumidor racional buscará maximizar su beneficio, lo que significa que si esos 1.3 millones de usuarios deciden incrementar su consumo hasta el máximo permitido de 150kWh-mes, es decir, comprar un televisor adicional o un refrigerador más grande, dicho consumo podría incrementarse hasta los 210 millones de kWh-mes, lo que en dinero representaría aproximadamente 1,500 millones mensuales. Por lo tanto, el valor adicional a pagar por los comercios ya no sería de 4,200 al mes, sino de unos 12,200 lempiras mensuales. ¿Podrá un cafetín, un salón de belleza, o un pequeño taller soportar este impacto en sus costos? Difícilmente. También es importante resaltar que no es del todo cierto que cuando a un negocio se le incrementan los costos simplemente los traslada a los consumidores finales aumentándole a los precios de los bienes y servicios. Lo anterior en realidad depende del tamaño de la empresa, nivel de competencia, y de que tan necesario o indispensable es considerado ese producto o servicio por los consumidores, algo que en economía es conocido como la elasticidad de la demanda.

Por ejemplo, en el caso de las gasolinas y la electricidad son productos altamente inelásticos ya que son productos de gran necesidad con pocos o ningún substituto directo, lo que significa que cualquier impuesto que se le imponga, se traslada de forma directa a sus consumidores. En el caso de las gasolinas, si el Gobierno decide aplicar un impuesto de $1.00 por galón de gasolina super, el precio en bomba para nosotros consumidores incrementa en $1.00, al cambio del lempira. y que, de hecho, es algo que ya ha venido ocurriendo desde hace más de dos décadas. En el caso de la electricidad, asumiendo los precios internacionales de los combustibles vigentes, imponer un impuesto de $0.42 a cada galón de bunker utilizado para generar electricidad incrementaría el costo del kWh de dicha tecnología en aproximadamente un 22%.

En contraste, si analizamos un pequeño negocio de venta de paletas de frutas, si se les incrementan sus costos en 12,200 lempiras, no podrá trasladar la totalidad de ese costo al precio de venta de sus paletas ya que nosotros como consumidores, no estamos dispuestos a pagar cualquier precio por una paleta. Primero, porque no lo consideramos un producto indispensable para nuestro diario vivir, y segundo, porque si el costo llega a ser muy elevado decidimos hacernos una paleta de forma casera si queremos saciar nuestro antojo. Para ese negocio implicaría tener que cerrar operaciones, dejando en desempleo a varios trabajadores sin tomar en cuenta la deuda con la que se quedarían los dueños que decidieron invertir en dicho emprendimiento. Por cada empresa que cierra, son menos impuestos que el Estado percibe, y cada persona desempleada se traduce en menos consumo, menos ingresos por ISV.

Adicionalmente, ofrecer “energía gratis” a un usuario con un consumo de 150 kWh-mes, lo que equivale a 950 lempiras aproximadamente, podría generar un incentivo para los que tienen un consumo superior a este valor, de cometer fraude manipulando sus medidores para lograr entrar dentro del rango beneficiado. Esto vendría a empeorar aún más la problemática de perdidas eléctricas del 38% de la ENEE, y que la Presidenta Xiomara Castro resaltó acertadamente en su discurso, ya que es un problema que nos deja una pérdida diaria de alrededor 25 millones de lempiras o USD$1 millón todos los días.

Es por lo antes mencionado que se recomienda a las autoridades focalizar el beneficio a los sectores más vulnerables a través de estudios socioeconómicos que permitan identificar a las familias que realmente se encuentran en situación de pobreza. Es interesante que la Ley General de la Industria Eléctrica menciona “usuarios de bajos ingresos”, ya que, en países como Guatemala o incluso Honduras, estudios previos han arrojado que un hogar de bajos ingresos es aquel con un consumo no mayor a 75kWh-mes, la mitad de lo propuesto en Honduras. Cuando se establece un techo de 150kWh-mes se corre el riesgo de otorgar el beneficio a usuarios que tienen la capacidad de pagar la factura del servicio como, por ejemplo, estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, casas de campo o casas de playa.

Asimismo, es recomendable reenfocar los diferentes programas sociales para contar con los fondos necesarios para este beneficio, como el programa de Vida Mejor para el que se utilizaban alrededor de 4,500 millones anuales, el bono 120 de energía eléctrica, así como la reorientación del subsidio de los primeros 50kWh de consumo. No se pueden obviar las acciones más sostenibles como la reducción de pérdidas a un 15% que implicarían L. 10,000 millones de ingreso en lugar de gasto, mejora de la cobranza y recuperación de la mora que actualmente asciende a los L14,000 millones y, por último, eficientizar y fortalecer la ENEE a través de la escisión de la ENEE y la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica.