Operación Omega VI :MP emprende acciones por corruptela pública
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La sexta fase de la Operación Omega está en marcha por parte del Ministerio Público, con acusaciones, capturas, allanamientos, decomisos e inspecciones para el combate a la criminalidad organizada, delincuencia común y sobre todo al fenómeno de la corrupción.
Es así que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentó requerimiento fiscal en contra de dos exalcaldes del municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, por suponerlos responsables de violación de los deberes de los funcionarios.
Edwin Wilfredo Montalván Mejía y Lester Ramón Meza Murillo, ediles en los periodos 2006-2010 y 2010-2014, respectivamente, se negaron a honrar deudas municipales que finalmente le generaron un perjuicio económico millonario a la alcaldía de San Francisco de La Paz por concepto de altos intereses, moras, demandas y costas de juicios.
Por otra parte, la FETCCOP y la ATIC efectúan inspecciones, secuestro de documentos y toma de declaraciones en las alcaldías como las de Macuelizo en Santa Bárbara, Santiago de Puringla en La Paz, La Ceiba en Atlántida y Tocoa en Colón, adonde se documentan presuntos delitos en contra de la administración pública.
En tanto, en el Hospital Manuel de Jesús Subirana de Yoro, departamento de Yoro, se llevó a cabo una inspección técnica en relación a supuestas ilicitudes en la red sanitaria nacional y en la administración de las regiones departamentales de salud, caso por el que se investiga a más de 60 funcionarios y exfuncionarios que estarían ligados a compras irregulares, medicamentos no entregados o parcialmente entregados y sobrevaloración de fármacos.
Como parte de Omega VI, además la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos presenta requerimiento fiscal contra los propietarios de una empresa que utilizó indebidamente una exoneración de pago de impuesto por el orden de casi 20 millones de lempiras (L.19,849,460.66).
En una minuciosa auditoría del Servicio de Administración de Rentas (SAR) se detectó que esta empresa no enteró impuestos sobre la renta entre los años fiscales del 2015 al 2018, por lo que al ser detectada la irregularidad consiguió acogerse al Régimen de Importación Temporal (RIT), aún cuando este tratamiento especial no le acogía.
Respecto al trabajo de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) y la ATIC, se presenta un caso en contra de un médico, exempleado de Medicina Forense, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, abandono de cargo y sustracción de documentos públicos, en torno al manejo de 373 dictámenes de autopsia asignados de 2014 a 2017.
De su lado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el Equipo Especial Contra el Microtráfico de Drogas del Bajo Aguán, en equipo con la Dirección Policial Antidrogas (DNPA), Dirección de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección de Fuerzas Especiales (DNFE), proceden a la interposición del requerimiento fiscal en contra de siete personas detenidas en las últimas horas con 42 paquetes de supuesta cocaína.
Se trata de un decomiso entre los municipios de Bonito Oriental y Limón, Colón, por el que se acusa de tráfico de drogas a Juan Alberto Paz, Odín Narcizo Ramírez Dubón, Aneth Guillermo Pineda Mejía, Edwin Joel Bueso Euceda, Carlos Cubias y Edwin Diego Navas Cárcamo.
En la Operación Omega VI también la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA) ejecuta allanamientos y adelanta diligencias por el conflicto entre grupos campesinos de la zona que ha desencadenado una serie de crímenes, atentados y otro tipo de actividades delictivas.
En cuanto a operativos por parte de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), se desarrollarán inspecciones en la capital para constatar el manejo adecuado de residuos hospitalarios, tomando en cuenta el nivel de contagio del COVID-19 y en ese sentido evitar que las personas o el medio ambiente sufran consecuencias generados por sustancias peligrosas.
Omega VI igualmente irá de frente contra el delito de extorsión con arrestos de cabecillas de estructuras criminales organizadas dedicadas al cobro del “impuesto de guerra” y tráfico de drogas; habrán búsquedas y aprehensiones por casos de trata de personas, pornografía infantil, violaciones y otras agresiones sexuales; se presentarán 60 acusaciones por violencia de género solo en Tegucigalpa y se seguirán con las labores de investigación para establecer quienes serían los autores inmediatos relacionados con los hechos de la apertura de carreteras hacia La Mosquitia
Kimberly Barahona says:
Aquí solo es la bulla, nunca se hace nada, de estos decomisos no pasa a más y por que será, es obvio tienen compradas a las autoridades o tal ves, tengan miedo.
Katerin Figueroa says:
El MP deja mucho que desear,nunca miramos justicia en sus investigaciones, en las alcaldías en general es obvio que hay corrupción y solo vemos que se confiscan bienes, luego salen limpios, esto es porque el mismo que maneja estas instituciones se encarga de liberarlos.
Iris Padilla says:
Bueno esperamos que se haga cumplir la justicia con estos funcionales corruptos y al mismo tiempo delincuentes y que se les aplique todo el peso de la ley por parte del MP esto es común en nuestro pais que por lo general se queden impune este tipo de delitos porque como son funcionarios públicos de alta categoría que lastimoso.
Jason Flores says:
Quedara a la espera que en verdad sigan con el proceso y cumplan de verdad la justicia y que los culpables paguen con la ley.
Georgeth Pérez says:
Pero si encuentran cosas que van encontrar de la ley, ellos no hacen nada, solo es por un rato, la cosa no es así, de encuentra, se investiga con profundidad y se pone mano en el asunto.
Porque para eso están, para eso de les encomienda este trabajo.
Así que esta gente necesita estar más pilas.
Stephany says:
Esperemos y la ley sea aplicada y los casos no queden en impunidad, no es justo que se sigan tolerando este tipo de actos.
Las y los responsables deben pagar por que han hecho.