Confirman Auto de Formal Procesamiento contra ex viceministro de la SERNA y otros involucrados en el caso «Fraude sobre el Gualcarque”
Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción declaró en las últimas horas «Sin Lugar» los recursos de apelación interpuestos por la defensa privada de tres de los 16 implicados en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, llevado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Se trata del ex viceministro de la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA, ahora denominada MI AMBIENTE), Darío Roberto Cardona Valle y las coimputadas Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez, contra quienes se confirma Auto de Formal Procesamiento y de nuevo se les rechazan las excepciones por falta de acción por no deber proseguir y por incompetencia de tribunal interpuestas el pasado 10 y 12 de febrero con el propósito de evadir la realización del juicio oral y público.
Esta causa tiene que ver con la explotación del río del Gualcarque y se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Cáceres.
La acusación, que data del 4 de marzo de 2019, es por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Los otros 13 acusados son: Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.
La investigación fue conducida por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) y contó con la colaboración activa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el apoyo de las Fiscalías Especiales de Etnias y Protección del Medio Ambiente.
En el juicio de busca demostrar que los 16 acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora del proyecto fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la SERNA, así como el contrato de suministro y potencia de energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena Lenca.
Entre las irregularidades administrativas, se establece que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), Roberto David Castillo (también procesado por la muerte de Berta Cáceres) ejercía un cargo en la empresa desarrolladora y al mismo tiempo en la ENEE, lo que le dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica en calidad de invitado. En las reuniones se discutieron y aprobaron los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses.
