Ministerio Público efectúa inspecciones constantes para evitar especulación de precios de alimentos y medicamentos en perjuicio de los consumidores
Tegucigalpa, Francisco Morazán.- Con el propósito de evitar acaparamiento y especulación de precios de productos de la canasta básica y medicamentos para combatir el Coronavirus, Fiscales de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) efectúan inspecciones constantes para velar por el cumplimiento de los acuerdos fijados por el Gobierno, en el marco de la emergencia nacional sanitaria.
Entre las inspecciones figuran: despensas, mercaditos, pulperías; también farmacias y ferreterías que comercializan mascarillas, dando como resultado que la venta de este producto en una ferretería ubicada a la salida de Danlí, tiene un incremento de L.2.00 al precio estipulado, que es de L.18.00.
Mientras que en una farmacia ubicado en el bulevar La Hacienda, se corroboró el precio de la mascarilla N-95 a un costo de L.137.70, siendo su valor fijado de L.120.00.
Asimismo, en un establecimiento de venta de medicamentos ubicado en la colonia Cerro Grande negaron el ingreso a las autoridades al establecimiento, por lo que se tomarán medidas.
También, fueron objeto de inspecciones tres mercaditos licalizados en la referida colonia Cerro Grande, Residencial Plaza y Plaza Miraflores, donde se encontraron más de 21 productos vencidos, los cuales fueron destruidos en presencia del propietario a fin de salvaguardar la salud del consumidor.
Cabe mencionar, que uno de los establecimientos no cuenta con el permiso de operaciones otorgado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por lo que igualmente se tomarán medidas.
Por otra parte, se supervisó un mercadito en la colonia Manantial y pulperías situadas en Residencial Plaza, encontrando precios de la canasta básica elevados a los establecidos.
En todos los casos, tras proceder a levantar las respectivas actas de infracción; los propietarios de los negocios quedaron citados en legal y debida forma por las autoridades competentes.
En caso de incumplir, se sancionará administrativamente de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor y otras leyes administrativas vigentes.
La Ley de Protección al Consumidor establece en su artículo 95 que “se sancionará a la privación de libertad de uno a cinco años en los casos que “acapare o especule con bienes esenciales para el consumo o la salud, con el propósito de desabastecer o provocar el alza de su precio”.
Dichas actividades se desarrollaron con el apoyo de personal de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a fin de proteger la vida, la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, con particular base en los Acuerdos Ministeriales 018, 023, 027 y 030-2020.
