Elecciones generales 2019, la primera prueba de una campaña atípica en Guatemala
Desde candidatos caminando en las calles para pedir el voto, hasta quienes resultaron “descalificados” a pocos días de la elección, el proceso electoral de este año deja claro que en Guatemala hubo cambios que, para bien o para mal, modificaron la forma de hacer política.
A base de prueba y error, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicó este año las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), aprobadas en el 2016, que exigen reportes de gastos de campaña a las agrupaciones políticas y que impiden utilizar las redes sociales para hacer propaganda.
Para hacer más complejo el proceso electoral, hubo 23 candidatos inscritos en busca de la Presidencia y un caso que no se concluyó, pero la lista se redujo por resoluciones judiciales o capturas.
Además, dos acuerdos fueron aprobados por el pleno del TSE, que después debieron ser derogados debido a que amenazaban la libertad de expresión y de prensa.
Lista depurada
Por primera vez en un proceso electoral guatemalteco, la lista de candidatos a la Presidencia llegó a 23. Binomios autoproclamados como de derecha, izquierda y centro, representantes de la política tradicional o como una solución definitiva a la “vieja política”; sin embargo, la boleta para elegir mandatario contará con 19 nombres, luego de que se revocaran las inscripciones de Edwin Escobar, Mauricio Radford y Zury Ríos.
Además, debido a que se encuentra detenido en EE. UU., tampoco aparecerá como opción Mario Estrada, quien es señalado de narcotráfico.
Hubo un proceso que no finalizó: el de Thelma Aldana, exfiscal general y exjefa del Ministerio Público, quien no recibió su credencial para participar debido a que no se dejó en firme su inscripción. Contra ella hay una orden de captura vigente.
Entre los candidatos presidenciales se encuentran nombres de políticos ya conocidos como Sandra Torres, Alejandro Giammattei, Estuardo Galdámez, Amílcar Rivera y Luis Velásquez, pero también destacan personas que se dedicaban al activismo o la academia, como Manfredo Marroquín, Manuel Villacorta, Pablo Ceto y Thelma Cabrera.
¿Cambios efectivos?
El artículo 196 de la LEPP, en el inciso b, señala que la campaña electoral estará permitida de ahora en adelante, “noventa días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales hasta treinta y seis horas antes de la elección convocada”, lo que significó menos tiempo de campaña para los candidatos.
Uno de los grandes cambios en la Ley fue que los partidos políticos no pueden destinar de sus propios recursos para pautar publicidad en medios de comunicación ni en vallas publicitarias. Tampoco pueden pautar publicidad en redes sociales.
La medida causó que cada partido político terminara con ocho vallas en todo el país y sin publicidad en los medios de comunicación que no se inscribieron en el TSE.
Algunos; sin embargo, lograron burlar la norma disfrazando la publicidad con proselitismo.
¿Tendrá impacto esta norma? Eso, quizá, lo dirá el conteo final de votos. Lo que es una realidad es que varios candidatos se vieron obligados a socializar sus planes de gobierno más que procurar fijar una canción en el imaginario de los electores.
Dichas propuestas también eran diversas, desde el ofrecimiento de generar empleo y poner en marcha programas sociales, regresar al Ejército a las calles y construir el metro riel o un tren, hasta hacer una nueva Constitución y regresar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al país.
Su primera participación
El voto de guatemaltecos en el extranjero es otro de los cambios radicales aprobados en las reformas a la LEPP. En EE. UU. los connacionales votarán en los consulados de Los Ángeles, California, y Houston, Texas, así como en los hoteles W. New York Union Square, de Nueva York, y Double Tree, de Silver Spring, en Maryland.
Esta será la primera vez en que los guatemaltecos que residen en ese país podrán emitir su voto, pero solo lo harán para presidente y vicepresidente.
Se retractaron
Para los magistrados del TSE tampoco fue una tarea fácil y así se evidenció con la aprobación y posterior marcha atrás de dos acuerdos que ponían en riesgo la libertad de prensa y de expresión.
El primero fue el acuerdo 99-2019, aprobado el 5 marzo, con el que se pretendía regular la organización de debates, entrevistas y foros públicos que los medios de comunicación efectuaran con candidatos.
Una semana después este acuerdo fue derogado, luego de reiteradas muestras de rechazo de parte de medios de comunicación, sociedad civil y abogados.
El segundo caso fue la aprobación de la medida 319-2019, que buscaba “prevenir incidentes lamentables” al impedir que los fiscales e integrantes de las mesas electorales utilizaran sus teléfonos celulares durante el conteo de los votos.
Después de reiteradas quejas de los partidos políticos, el pleno de magistrados del TSE decidió dar marcha atrás a la orden.
Los ataques
Pese a la firma de un convenio para evitar ataques entre candidatos, los señalamientos se intensificaron conforme se acercaba el 16 de junio.
También los magistrados del TSE debieron defenderse de reiteradas denuncias del presidente Jimmy Morales, quien señalaba falta de credibilidad y probable fraude electoral, debido a que firmaron un acuerdo con la Cicig.
Las acusaciones comenzaron cuando el TSE denunció al partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por financiamiento electoral no reportado y se incrementaron cuando el TSE denegó la inscripción del hermano del mandatario, Samuel Morales, como candidato a diputado por el partido oficialista.
Estos cambios serían los responsables de que a tres días de emitir el sufragio, la mitad de los electores no tenía definido plenamente su voto, según la última encuesta efectuada por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión.
Tomado de prensalibre.com
