Nicaragua, es otra dictadura sanguinaria en América Latina
Nicaragua finaliza el 2018 inmersa en su peor crisis social, política y económica desde que el sandinista Daniel Ortega, retornó al poder en enero de 2007, como consecuencia de protestas callejeras que dejaron un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos. Así, el país se ha convertido es uno de los regímenes dictatoriales más sanguinarias en América Latina.
MANAGUA.- La crisis, que estalló el 18 de abril por unas impopulares reformas al seguro social, ya derogadas, marcó el acontecer de 2018 en Nicaragua, en medio de exigencias de renuncia del mandatario tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva y 23 incluyendo cuando encabezó el primer régimen sandinista (1979-1990).
La mala hora para Ortega ocurre cuando gobierna junto a su esposa, la influyente vicepresidenta Rosario Murillo, a quien acusan de haber ordenado responder “con todo” a las manifestaciones antigubernamentales.
La fallida reforma al seguro social, sumada a la reacción del Gobierno, fue el detonante que llevó a la población a rebelarse contra la administración y desatar una ira hasta ese momento contenida de los ciudadanos.
La masiva y decidida reacción popular obligó al presidente a derogar, tan solo cuatro días después y con el peso de 30 muertos en las protestas, el decreto que contemplaba las frustradas modificaciones, aunque la decisión llegaba demasiado tarde.
Los jóvenes, en su mayoría universitarios, salieron a las calles a protestar con más fuerza exigiendo justicia y la renuncia del mandatario, mientras el Ejecutivo, a la vez que convocaba a un diálogo nacional para superar la crisis, respondía a punta de plomo a los que lo desafiaban.
El 30 de mayo, fecha en que los nicaragüenses celebran el Día de las Madres, una multitudinaria marcha opositora en Managua terminó bañada de sangre justo después de que Ortega, sentenciara en un discurso ante sus seguidores que “Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”.
Ese fatídico día, 15 nicaragüenses perdieron sus vidas y otros 199 resultados heridos en el más sangriento Día de las Madres en el país.
El gobierno comenzó a implementar la denominada “Operación Limpieza”, una ofensiva de las llamadas “fuerzas combinadas”, integrada por policías, parapoliciales, paramilitares, y empleados del Estado, para retirar las barricadas de los manifestantes.
Los obispos, mediadores y testigos del diálogo nacional, tampoco escaparon a los ataques de las fuerzas gubernamentales.
El 17 de julio, dos días antes de que los sandinistas conmemoraran el 39 aniversario de la revolución popular, las “fuerzas combinadas” tomaron la ciudad de Masaya tras un intenso ataque de más de siete horas sobre la rebelde comunidad indígena de Monimbó, que dejó al menos 3 muertos, según organismos humanitarios.
De esa forma, el gobierno Ortega-Murillo logró desmantelar a sangre y fuego las barricadas, pero abrió otro frente de conflicto con la comunidad internacional que condenaba cada días más la violencia y la represión oficial.
El gobierno Ortega-Murillo termina 2018 en medio de un aislamiento internacional y confrontado internamente con el sector privado, organizaciones civiles, estudiantes, campesinos, de derechos humanos, entre otros, y con una fuerte contracción económica.
DANIEL ORTEGA EXPULSA A CIDH POR DOCUMENTAR VIOLACIONES DE DDHH
El presidente Daniel Ortega, ordenó la expulsión de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha denunciado graves violaciones de parte del régimen contra quienes desde abril se manifiestan para exigir la renuncia del presidente tras 11 años en el poder.
El líder sandinista también decretó la exclusión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también nombrado por la OEA, que tenía previsto presentar un resultado de sus investigaciones de los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.
La CIDH documentó minuciosamente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a través del denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), conformado por un equipo técnico que llegó a Managua en junio y que debería quedarse “mientras la situación lo requiera”, como había advertido el organismo en un comunicado.
Esta organización presentó a mediados de año un amplio informe en el que documentaba minuciosamente las violaciones a los DDHH y en el que alertaba sobre posibles ejecuciones extrajudiciales tras el uso de francotiradores durante la represión de las manifestaciones.
Publicado originalmente por adndigital.com.py
