Corrupción de Odebrecht arrasa con la élite política de Perú

InSight Crime.- La renuncia del presidente de Perú, cuando enfrentaba un proceso de destitución por supuestamente haber mentido respecto a sus vínculos con la empresa Odebrecht, ilustra el alcance de los tentáculos de la corrupción en la región, y particularmente en un país donde la mayoría de sus exmandatarios han enfrentado procesos por ese y otros delitos.

El 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano en ejercicio que abandona su cargo luego de una trama de negociaciones y señalamientos derivados de la más grande investigación de corrupción conocida en América Latina: el caso Odebrecht.

A través de un mensaje grabado, y luego de deliberar durante varias horas con sus ministros, Kuczynski se dirigió a la nación para leer una carta en la que anunciaba su renuncia, y que ya había remitido al presidente del Congreso. El Congreso decidirá si acepta la renuncia.

“El 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la Presidencia de la República, la cual he venido desempeñando dando lo mejor de mí a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno (…) Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país (…) Frente a esta difícil situación (…) pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República”, dijo Kuczynski.

El anuncio ocurrió un día antes de que el Congreso planeara someter a votación la destitución de Kuczynski y 24 horas después de que congresistas del principal partido opositor, Fuerza Popular —liderado por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori—, difundieran videos que mostraban al diputado Kenji Fujimori —también hijo del expresidente— junto a dirigentes afectos al gobierno, sobornando a un parlamentario de oposición a cambio de que votara en contra de la destitución del Presidente.

La Constitución de Perú contempla la figura de “incapacidad moral” (refiriéndose a delitos graves que afecten la dignidad presidencial, como mentir), que puede ser utilizada por el Congreso como un argumento para proceder a aprobar la “vacancia” (destitución) del presidente de la República. El Legislativo fija una sesión en la que el presidente es citado para exponer sus elementos de defensa y luego los parlamentarios votan si están de acuerdo con la destitución.

En el caso de Kuczynski, esta era la segunda vez que una petición de “vacancia” en su contra por supuesta corrupción era evaluada por el parlamento en apenas tres meses.

Según los parlamentarios denunciantes, los videos presentados por Fuerza Popular corresponden a diciembre de 2017, cuando Kuczynski enfrentó su primera amenaza de destitución por “incapacidad moral”. De ese episodio logró salir airoso luego de recibir el apoyo, entre otros, del diputado Kenji Fujimori.

Unos días después, el mandatario otorgó un polémico indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien estaba tras las rejas después de haber sido condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

Pero, al parecer, la jugada política que devolvería la estabilidad y tranquilidad al gobierno peruano no resultó efectiva. Solo tres meses después, hubo un nuevo pedido de destitución contra Kuczynski a manos de diputados del Frente Amplio —otro partido de oposición— a raíz de “supuestos cobros de servicios brindados a Odebrecht, a través de su empresa Westfield Capital, administrada por su socio Gerardo Sepúlveda”, informó Convoca.

Análisis InSight Crime

La renuncia de Kuczynski es el desenlace, tal vez no tan sorprendente, de una trama que mezcla corrupción política y maniobras de poderosas élites del Perú que comenzó en diciembre de 2017. Este hecho, envía un fuerte mensaje sobre la corrupción endémica que ha caracterizado a las grupos de poder que están a la cabeza de los países de la región, y particularmente de Perú.

Las investigaciones por el caso Odebrecht, revelaron que la constructora brasileña había pagado US$4,8 millones de dólares por asesorías a empresas ligadas al presidente de Perú, mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (quien estuvo al mando del ejecutivo entre los años 2001 y 2006), también señalado de beneficiarse de pagos irregulares de Odebrecht. Sin embargo, Kuczynski negó tener vínculos con la constructora.

En su carta de renuncia Kuczynski escribió: “La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta (…) Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas (…) Por lo antes expuesto, mediante la presente formulo la renuncia al cargo de Presidente Constitucional de la República”.

Sin embargo, el contenido de los videos divulgado al parecer fue tan contundente que el presidente no tuvo otra alternativa que la renuncia. Estos videos no solo pusieron al descubierto las posibles mentiras y los posibles casos de soborno que involucrarían al hasta entonces jefe de Estado, sino que además le recordaron a los peruanos el historial de corrupción de las élites políticas del país. En particular, el caso recordó los famosos “vladivideos”, grabaciones que registraron la corrupción — especialmente los sobornos — que marcaron al gobierno de Alberto Fujimori (quien presidió el país entre los años 1990 y 2000).

Estos documentos fílmicos deben su nombre a su autor: Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori y hombre fuerte de su mandato, quien cumple una condena de 22 años de cárcel por casos de desaparición forzada, además de haber sido señalado por corrupción y narcotráfico. Los “vladivideos” acabaron con el gobierno de Fujimori, quien fue destituido por el Congreso por el mismo cargo que hoy enfrenta Kuczynski: “incapacidad moral”.

Por otra parte, cuando se trata del caso Odebrecht, parece difícil confiar en algunos líderes políticos, pues la estructura de sobornos desarrollada por la transnacional brasileña desató uno de los mayores escándalos de corrupción conocidos en América Latina, involucrando a presidentes, expresidentes, dirigentes políticos y empresarios de casi toda la región.

“La revelaciones sobre lo profundo y sistemático de la corrupción en la región surgieron en especial a raíz de la investigación en torno a la firma brasileña Odebrecht y su modelo de negocio, mediante el cual la compañía realizó grandes sobornos con el fin de obtener lucrativos contratos”, dijo InSight Crime en su análisis de finales de 2017.

En la lista de “beneficios” y sobornos de la empresa brasileña figuran los expresidentes de Perú, Ollanta Humala y Alejandro Toledo; además de la excandidata Keiko Fujimori, y el propio Kuczynski.

El escándalo de Odebrecht también salpicó a personajes como el presidente de México, Enrique Peña Nieto; el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el líder político venezolano Diosdado Cabello; varios funcionarios de República Dominicana, e incluso algunos exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los constantes hallazgos hacen suponer que habrá todavía más involucrados.

Aunque los detalles de este gigantesco caso han sido conocidos y divulgados gracias a las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de algunos países, y a los informes publicados por algunos medios de comunicación, la mayoría de estos funcionarios continúan en sus cargos o prófugos de la justicia, y disfrutando de la impunidad que caracteriza a muchos sistemas de justicia de la región.

Sin embargo, Perú ha sido una de las excepciones, donde la labor de investigación del Ministerio Público, ha permitido demostrar la participación de dos expresidentes —uno detenido y otro solicitado en extradición— en la trama de sobornos y lavado de dinero de Odebrecht.

Y ahora Kuczynski, ante la amenaza de ser destituido por el Congreso, se convirtió en el primer presidente en ejercicio que sale de su cargo arrastrado por el tsunami de denuncias de corrupción relacionadas con Odebrecht.

Sin embargo, no ha sido el único en la región en dejar su cargo “voluntariamente”, luego de ser señalado por ilegalidades. En 2015, un escándalo de corrupción, aunque no relacionado con Odebrecht, forzó la salida del entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Actualmente está preso y su caso demostró que había logrado instalar un Estado mafioso en su país.

El caso de Perú reafirma la preocupación por la estrecha relación que mantienen las élites políticas de la región con la corrupción y el crimen organizado, y abre algunas interrogantes acerca de las estrategias que deberán desarrollarse para combatir este flagelo. Es bueno recordar que la lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de Kuczynski.