Honduras avanza en la depuración de la policía nacional, pero todavía tiene como desafío ejercer la persecución penal

Omar Rivera: En la Policía ahora “existe una mística que el que la hace la paga

A casi 16 meses de iniciada la depuración de la Policía de Honduras, y tras la destitución de 3.519 agentes, se comienza a apreciar mayor confianza en la institución, pero persisten retos, como castigar a los implicados en delitos, dijo a Efe uno de los líderes del proceso.

Para el secretario de la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, en el último año el organismo de seguridad ha aumentado «su credibilidad» y la población ha «comenzado a confiar más».

La depuración ha contribuido a que haya «mayor confianza» en los oficiales ratificados, quienes también se ven obligados a «actuar de una manera más agresiva en contra de los delincuentes», señaló Rivera en entrevista con Efe.

Como parte de un proceso de depuración de la Policía hondureña acelerado en abril de 2016 por el presidente del país, Juan Orlando Hernández, han sido evaluados más de 10.000 oficiales, de estos, 3.519 han sido dados de baja y 855 se han retirado voluntariamente, incluidos seis generales, según cifras oficiales.

Los agentes están «conscientes de que ahora existe en la Policía una mística de que el que la hace la paga, es decir ahora en la Policía no existe tolerancia al delito, no existe ningún tipo de impunidad que los cubra, pero sí existe toda una voluntad de sancionar a los que trasgreden la ley», enfatizó.

Es por ello que el proceso de depuración será «permanente», para evaluar «la idoneidad» de los oficiales y «sancionar» a los que cometan algún delito, añadió Rivera.

La corrupción y el crimen han salpicado a la Policía de Honduras desde hace varios años, pero hasta antes de abril de 2016, cuando el presidente Hernández juramentó la comisión especial, los intentos por depurar la institución habían fracasado.

Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía, que inició en 2011 sin los resultados esperados, tras las publicaciones del diario hondureño El Heraldo y el The New York Times, a inicios de abril de 2016, sobre agentes que supuestamente participaron en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián González, en diciembre de 2009.

Pese a los buenos resultados de los últimos meses, Rivera considera que todavía hacen falta «resultados concretos» en términos de «la eficiencia y efectividad» de los policías en el combate al delito y la corrupción para que la población «se pueda sentir complacida».

La comisión especial también afronta el «gran reto» de la persecución penal en contra de oficiales que han sido destituidos de la institución y que presuntamente estarían involucrados en delitos como sicariato, extorsión o secuestro, resaltó Rivera.

El proceso de depuración policial «no puede ser integral sino se le da persecución penal a los policías que cometieron delitos», desafío en el que el Ministerio Público juega un papel importante para castigar a los acusados, según el secretario de la comisión, que integra también la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales y el pastor evangélico Alberto Solórzano.

Dijo además que no pierde la esperanza de que el Ministerio Público investigue unas 120 denuncias presentadas contra unos 500 oficiales y personal auxiliar que estarían involucrados en actos ilícitos.

La depuración policial ha sido «difícil», incluso ha implicado un riesgo para la vida de los que dirigen el proceso, pero ha permitido que la Policía hondureña, integrada por unos 15.000 efectivos, goce de «mayor confianza» entre la ciudadanía, enfatizó.

Para el futuro se prevé lograr «la reconstrucción» de la Policía hondureña y formar a los oficiales en un modelo educativo con enfoque comunitario que les concientice sobre el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente los grupos vulnerables, apuntó.

Aseguró que para que la depuración policial sea sostenible se requiere «la vigilancia ciudadana, la auditoría social y la veeduría de la población».

«La ciudadanía debe comprender que tenemos el derecho de estarle contando las costillas a los policías», apuntó Rivera.